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JUAN CHÁVEZ
Diputados eliminaron transitorio en reforma a Ley de Amparo y reafirmaron respeto a la retroactividad que brilla como concepto inatacable y concluyente en el artículo 14 de la Carta Maga.
A pocas horas de recibir la minuta enviada por el Senado, diputados eliminaron de inmediato el controvertido transitorio de la reforma a la Ley de Amparo, al considerar que contravenía la Constitución y distorsionaba la iniciativa original de la presidenta Sheinbaum.
El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, confirmó que las Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda y Crédito Público elaboraron el proyecto de dictamen que restablece el respeto al principio de retroactividad de la ley, en los términos planteados por el Ejecutivo federal.
En entrevista con medios de comunicación, Moreno explicó que el documento que se analizó en San Lázaro “rezarse prácticamente la propuesta inicial de la presidenta de la República, donde estamos retomando que se respete la Constitución y, sobre todo, la retroactividad en el que se había tergiversado en un transitorio”.
El legislador subrayó que la Cámara de Diputados, en su calidad de cámara revisora, decidió eliminar por completo el transitorio agregado en el Senado.
Se elimina, y en concreto se eliminó lo que mandó el Senado en el tema de ese transitorio y se propone originalmente en términos como lo propuso la presidenta de la República. O sea, ya no lleva ese transitorio y la iniciativa, corregida, va de retache al Senado.
El legislador morenista explicó que con esta corrección se restituye el planteamiento original de la iniciativa presidencial, que busca una “aplicación ordenada y constitucional” de la nueva Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
De acuerdo con el dictamen preliminar de las comisiones unidas, la modificación reafirma que los juicios de amparo en curso continuarán su trámite conforme a las disposiciones vigentes al momento de su inicio, con lo que se evita cualquier interpretación que afecte derechos adquiridos o procesos en marcha.
De todos modos, cuando el amparo se debilita, no se empodera al gobierno: se desnuda al ciudadano.
Dice la presidenta que la reforma a la Ley de Amparo solo busca “hacer la impartición de justicia más rápida, más expedita” y “evitar que el amparo se vuelva el resguardo de por vida de los potentados”.
La verdad es muy distinta. Los cambios no pretenden otra cosa que debilitar el amparo para favorecer al Gobierno y desamparar a los gobernados.
El propósito fundamental de la reforma es prohibir las suspensiones en asuntos fiscales o de congelamiento de cuentas bancarias; pero, sin las suspensiones, el amparo se vuelve un simple adorno.
La iniciativa también restringe quién puede solicitar un amparo. El artículo quinto debilita los criterios que permiten a una persona reclamar el “interés legítimo” para promover un juicio de amparo. Se limita, en particular, la posibilidad de que un colectivo o una persona afectada indirectamente pueda utilizar este recurso. Así, los juicios de colectivos que exigían que el gobierno proporcionara medicamentos oncológicos pediátricos a los niños con cáncer no serán ya posibles. Solo un padre con un hijo enfermo podrá promoverlos ahora.
José Mario de la Garza, abogado presidente de Perteneces A.C., ha escrito: “Cuando el amparo se debilita, no se empodera al gobierno: se desnuda al ciudadano. Sin suspensión, sin acceso, sin eficacia, la ley se vuelve un muro y ya no un puente. Defender el amparo no es defender un procedimiento, es defender la idea misma de que nadie -ni siquiera el Estado-está por encima de la justicia”.
No se puede estar de acuerdo con la presidenta Sheinbaum, cuando con su iniciativa de reformas a la Ley de Amparo, la población se queda sin justicia y, virtualmente, “es encuerada”.
Con la reforma los mexicanos perdemos derechos y se asfixian nuestras libertades.
