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JUAN CHÁVEZ. México es una República gobernada por 3 poderes. El gobierno no es solo el Ejecutivo. El gobierno son los 3 poderes de la Unión: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
Debe quedar claro que el presidente no es la República Mexicana. Que él es la persona que por mandato de la Carta Magna representa al Poder Ejecutivo… pero no para destruir al país o para atropellar e insultar a los otros dos poderes, y menos para someterlos a sumisión, como pretende López Obrador hacer con el Poder Judicial.
Domina a las cámaras del Congreso de la Unión porque el partido que creó, Morena, tiene mayoría simple, con la cual puede modificar a su antojo las leyes secundarias, pero no la Constitución.
Constitucionalistas sostienen que la nulidad de “Plan B” acordada por 9 de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación manda mensaje de respeto a los procesos legislativos.
“La invalidez de la primera parte (del plan) envía un mensaje a Morena: «Respeten los procesos», sostienen expertos y advierten el mismo futuro para la segunda parte y el llamado viernes negro de Xicoténcatl.
Con el voto de nueve ministros, la Corte invalidó la primera parte del «Plan B» de la reforma electoral con lo que dejó sin efecto las modificaciones a Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La Corte ha demostrado que ejerce plenamente su independencia del Poder Ejecutivo, que defendió el proceso legislativo, salvaguardó principios constitucionales que deben regir los procesos electorales y “adelantó” que la segunda parte del plan y lo aprobado en el llamado viernes negro en la vieja casona de Xicoténcatl, también pueden ser invalidados, coincidieron analistas.
Los constitucionalistas sostienen que los ministros actuaron en defensa de la Constitución y que la soberanía, que pertenece exclusivamente al pueblo, quedó a salvo.
El artículo 39 de la Constitución, en este último renglón, fija rotundamente que “La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
Bajo esta circunstancia, actuaron los 9 ministros de la Corte y en ejercicio de las facultades que expresamente le son propias.
Quizá López Obrador esté consciente de ello y por eso su amenaza del “Plan C” que apuesta se dará en las urnas en 2024, adelantando así, irresponsablemente, resultados que solo corresponden a la soberanía del pueblo en el ejercicio de su voto.
Desde su púlpito mañanero, hace campaña para que los morenistas y partidos aliados obtengan la mayoría calificada (constitucional), para darle otro zapotazo a la Carta Magna y lograr el entuerto de que los ministros de la Corte sean electos por votación popular.
Se trata, como lo ha venido haciendo con la autonomía de instituciones de gobierno, de que la SCJN quede bajo la férula de su poder autoritario, como jefe del maximato que pretende crearse antes de dejar de ser presidente el 31 de septiembre de 2024. ¡Toda una tiranía!
No es cosa de ignorar el ruin propósito de su maximato, aunque no sea lo mismo estar con la faja presidencial que ya sin ella.
Confiemos pues, en que esta pesadilla se irá como lo que ha sido: la peor etapa en la vida pública y social de la nación en nuestro tiempo.
México es superior a sus problemas, por más que su mayor problema sea ahora ese presidente autoritario, absolutista, omnímodo, que tanto ha destruido y que tan poco y tan mal ha construido.
