EL OTRO DATO/ De la renta congelada a la gentrificación

JUAN CHÁVEZ

Viví en vieja vecindad del barrio de Peralvillo y en 1949, cuando mi padre nos había abandonado, el dueño don Rubén no las subió de 25 a 29 pesos mensuales.

Fue la condición que tuve que aceptar, cuando en mi corta edad, –había apenas terminado la secundaria en ese año–, negocié la subida de la renta con el propietario de la vecindad, que amenazó con echarnos a la calle en diciembre de ese año.

Mi mamá, que se aprestaba a fabricar cachuchas en una vieja máquina Singer de pedales para mantenernos (éramos seis hermanos), se alegró cuando le informe del alza de cuatro pesos en la renta de tres piezas que ocupábamos en el antiguo vecindario de Peralvillo 82.

Actualmente, vivir en la Ciudad de México cuesta más y las rentas suben, mientras la oferta se estanca.

Durante la primera mitad del 2025, los precios de renta de vivienda en la CDMX mantuvieron un crecimiento de 10%, impulsado por la alta demanda, la escasez de nueva oferta y la concentración de viviendas en zonas de alta plusvalía

El incremento está asociado a la renovación de contratos, en donde los ajustes suelen alinearse con la inflación. Sin embargo, cuando hay un cambio de arrendatario, el aumento puede ir de 15% hasta 30 por ciento.

La gentrificación en la Ciudad de México (CDMX) se ha convertido en uno de los temas más controversiales del debate público. En respuesta, el gobierno capitalino presentó el Bando 1, una estrategia que contempla 14 acciones para frenar el aumento de los precios de renta y la gentrificación.

Hoy, la gentrificación es, de alguna forma, manifestación por el control de las rentas en las casas del gobierno y privadas, cuyo precio ha facilitado su adquisición a los extranjeros, gringos, principalmente.

Plan anti-gentrificación revive debate sobre renta congelada en la capital, de alguna manera.

La gentrificación en la CDMX se ha convertido en uno de los temas más controversiales del debate público. En respuesta, el gobierno capitalino presentó el Bando 1, una estrategia que contempla 14 acciones para frenar el aumento de los precios de renta y la gentrificación.

Mientras los decretos de la posguerra buscaban frenar aumentos de precios de forma rígida durante una crisis, el Bando 1 plantea una estrategia preventiva, participativa y con ajustes dinámicos.

La estrategia anti-gentrificación incluye regulaciones a la renta, lo que despertó preocupaciones por su comparación con las rentas congeladas de la década de los setenta.

Ante el anuncio del Bando 1 en la Ciudad de México, han resurgido en el debate público las comparaciones con las políticas de congelamiento de rentas aplicadas durante el siglo XX. Si bien ambas estrategias buscan intervenir en el mercado del alquiler, los objetivos, mecanismos y contextos que las rodean muestran diferencias.

En esencia, mientras las rentas congeladas impedían cualquier aumento en los contratos, incluso al cambiar de inquilino, el Bando 1 permite ajustes periódicos con base en inflación y regula de forma integral otros factores del mercado, como la renta de corta estancia.

Durante las décadas de los cuarenta a los setenta, el gobierno federal implementó una serie de decretos para congelar los precios de las rentas en la capital del país.

Estas medidas surgieron en un contexto de emergencia: el estado de guerra en que se encontraba México durante la Segunda Guerra Mundial, la inflación generalizada y el encarecimiento de bienes básicos.

El primer decreto, promulgado el 24 de julio de 1942 durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, establecía que “las rentas no podrán ser aumentadas en ningún caso ni por ningún motivo” dentro del entonces Distrito Federal.

El objetivo principal era evitar que la población trabajadora quedara excluida del acceso a una vivienda digna ante el alza constante de precios.

Las medidas se extendieron y profundizaron con nuevos decretos publicados en 1943, 1945, 1947 y 1948, que no solo mantuvieron los congelamientos, sino que añadieron prórrogas automáticas de los contratos de arrendamiento, incluso sin consentimiento de los propietarios.

Según el análisis jurídico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), este modelo terminó por desincentivar la inversión en vivienda de alquiler y provocó un deterioro generalizado del parque habitacional cubierto por la medida.

En este origen y la justificación detrás, radica la principal diferencia con la nueva estrategia del gobierno de la Ciudad de México.

En contraste, el Bando 1 surge en 2025 como una respuesta del gobierno de la Ciudad de México ante los efectos de la gentrificación y el desplazamiento residencial.

La iniciativa parte del reconocimiento de que la ciudad experimenta presiones externas e internas que elevan los precios de manera acelerada en ciertas zonas.

El objetivo, en este caso, no es la contención de la inflación, sino la preservación de la diversidad sociocultural urbana.

La diferencia más grande es que el Bando 1 no es una medida de crisis, sino una política de justicia habitacional proactiva.

A diferencia de las políticas de los años 70, el nuevo instrumento no impone límites rígidos e invariables, sino que propone un “sistema dinámico donde las rentas pueden aumentar según la inflación anual, de acuerdo con el índice de precios de alquiler razonable”.

El marco institucional también cambió. En el caso de las rentas congeladas, las decisiones eran tomadas de forma vertical, desde el Ejecutivo federal y con intervención limitada de los actores locales.

El Bando 1, en cambio, contempla una “revolución participativa”, al institucionalizar la consulta y participación obligatoria de habitantes originarios en las zonas afectadas por la norma.

Mientras los decretos del siglo XX se centraban exclusivamente en el control de precios, el Bando 1 se articula como un ecosistema de nueve componentes.

Además del límite de rentas, integra medidas de preservación territorial, defensoría inquilinaria, estímulos a la vivienda pública y regulaciones a las plataformas de hospedaje temporal.

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