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JUAN CHÁVEZ. Tras su argumentación, el ministro presidente de la Suprema Corte de justicia de la Nación(SCJN) se pronunció por avalar la constitucionalidad de la Ley de Industria Eléctrica tras la reforma de 2021 en la que se establece modificar el orden de despacho de energía a favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tal como lo propuso el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf.
De esta forma, el Pleno de la Corte se dividió con cuatro posturas a favor del proyecto mientras que siete ministros se pronunciaron por la inconstitucionalidad, sin embargo, se requerían de ocho votos para ese efecto. Siete ministros votaron contra la constitucionalidad, pero se requerían ocho votos.
Al proyecto de Loretta Ortiz se sumaron Yasmín Esquivel, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y el propio Arturo Zaldívar, con lo que las reformas de 2021 se mantendrán vigentes.
El primer apartado del proyecto fue sobre la participación de la CFE en el orden de despacho al Sistema Eléctrico Mexicano, por lo que ahora tendrá un lugar prioritario por encima de empresas privadas, considerando que a partir de los cambios al marco legal ya no es obligatorio poner en primer orden a las energías limpias.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo fue el primero en intervenir, quien manifestó que a su consideración esta reforma priva a consumidores de acceder a energía más barata y limpia. Abundó que el cambio al marco legal para el Sistema Eléctrico no garantiza que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) produzca energía de manera más eficiente.
Para Pardo Rebolledo, “esta reforma sí genera alteración a la libre competencia” y apuntó que esta situación propicia que se desincentive que los costos de la luz no sean los más económicos para los usuarios finales.
La ministra Norma Lucía Piña Hernández no compartió la metodología del proyecto de la ministra ponente, Loretta Ortiz Ahlf y en su posicionamiento estableció que de acuerdo con su criterio la modificación en la orden de despacho es violatoria del principio de libre competencia.
Piña Hernández, aludió al Acuerdo de París y se pronunció por declarar que la reforma en la que se dio preponderancia a la CFE vulnera tratados internacionales en materia de protección ambiental y calentamiento global.
Por su parte, Luis María Aguilar también mostró un criterio contrario al de Loretta Ortiz y adelantó que votará por declarar la invalidez de algunos de los artículos de la Ley de la Industria Eléctrica.
Sostuvo que el usuario final se puede ver afectado con estas reformas y consideró que no es papel de la Corte determinar cuáles son las mejores líneas de política o estrategia económica del sistema Eléctrico Nacional, pese a que la ministra Ortiz Ahlf sostiene en su proyecto que es necesario garantizar que el Estado mantenga el control de la industria energética.
La ministra Margarita Ríos Farjat inició su intervención diciendo que no coincidía con la declaratoria de validez del proyecto, y aunque adelantó que dará su voto de manera parcial, se inclinó por declarar la invalidez a la reforma que permite a la CFE tener la preferencia en la orden de despacho.
En lo que respecta al ministro Alberto Pérez Dayán sostuvo que la esencia de la Reforma Energética de 2013 era dar prioridad al uso de energías limpias y propiciar las condiciones de competencia para ofrecer mejores precios a los usuarios finales y no para una empresa productiva del Estado.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena consideró que deben considerarse constitucionales los cambios que favorecen a la CFE debido a que no impiden la participación de privados en el mercado eléctrico. Por esta razón, se manifestó a favor del sentido del proyecto de Loretta Ortiz.
También se declaró que la ley no viola los Tratados Internacionales en los que México está inscrito, especialmente los que responde a materia económica con la asociación de transpacífico y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Además de declarar es que sí es constitucional que el gobierno revoque permisos o contratos en la industria eléctrica, al considerar que no se viola el principio de no retroactividad y seguridad jurídica.
Quedan todavía amparos por resolver, por lo que la reforma de López cuelga todavía de la brocha ¿Cuál será la postura de Estados Unidos y de los inversionistas? Esa es la gran cuestión.
