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JUAN CHÁVEZ
La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, presentó una propuesta alternativa de reforma del Poder Judicial que incluye mejoras a la FGR, a fiscalías locales, ministerios públicos y las policías.
Se trata de una contrapropuesta que propone una reforma judicial integral.
En la propuesta de reforma judicial de la Corte se plantea estandarizar las reglas de la carrera judicial, así como acciones para mejorar el acceso a la justicia de las personas.
En medio de la dictaminación de reforma judicial en el Senado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó este domingo su propuesta alterna con un proyecto integral.
Pero el Senado morenista la “bateo” e inició la discusión de la minuta aprobatoria de la Cámara de Diputados.
El documento, dado a conocer por la ministra presidenta Norma Piña y que contiene 66 puntos, plantea cambios en las fiscalías de justicia federal y de los estados, en ministerios públicos y en policías locales, temas que se han solicitado incluir desde la academia, activistas y la oposición, a lo largo de las discusiones y foros sobre el contenido de la propuesta de López Obrador.
La propuesta contenida en el documento «Reforma Integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas» establece “estrictos sistemas” de selección del personal de ministerios públicos y fiscalías, por lo que formula que haya una institución similar a la del Consejo de la Judicatura Federal que sea independiente de la Fiscalía y con integración mixta entre autoridades ministeriales, sociedad civil y judicatura para evaluar el actuar y desempeño de personal de investigación.
Al presentar la propuesta, Norma Piña pidió a los legisladores no caer en la “narrativa fácil” de que «todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces».
Tras ignorar la contrapropuesta de reforma judicial de la presidenta de la Corte, Morena y aliados, siguieron adelante con el dictamen avalado el pasado domingo en comisiones.
La discusión, este martes, se centró en la polémica mayoría calificada que con 85 senadores dieron por buena Fernández Noreña, presidente de la Cámara alta y Adán Augusto, coordinador de Morena en el Senado.
La mayoría calificada en el Senado es de 86 escaños, de acuerdo con la Constitución que fija el 66% de los asistentes a la sesión. Y si todos asistieran, los 128 senadores, sería de 86. Por eso los morenistas andan desatados ofreciendo cantidades millonarias en la compra del voto (senador opositor) que les hace falta.
¿Morena activará su “Plan D” ante la dificultad de conseguir el “Judas” que le falta?
De cualquier forma, y aunque la no aprobación de la reforma del Poder Judicial favorecería directamente a Claudia Sheinbaum, no habrá mañana para la democracia mexicana.
De la aprobación o el rechazo de esta reforma dependen infinidad de temas políticos, de Estado de derecho, de libertades y garantías, de solidez democrática.
Si Morena triunfa en sus esfuerzos de avanzar con esta reforma y entregarle “un regalo al presidente” saliente, México sufrirá un retroceso jurídico de proporciones históricas.
No sólo por el desmantelamiento irracional del Poder Judicial de la Federación, sino porque esto tendrá múltiples efectos económicos, financieros, de inversión, y control absoluto del país por un solo grupo político y, prácticamente, por un solo personaje (el cacique López Obrador).
