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JUAN CHÁVEZ
El gobierno de Claudia Sheinbaum logró un acuerdo con los pequeños productores de maíz y el bloqueo carretero que llevaba más de 30 horas, fue levantado.
Los bloqueos afectaron a la población de siete estados y a los transportes que concurrían a las carreteras y autopistas de esas entidades y que quedaron parados por más de un día y una noche.
La presidenta, en el anuncio del acuerdo, subrayó que el objetivo de su gobierno es fortalecer a los pequeños productores y avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria, particularmente en el caso del maíz, que es considerado un cultivo estratégico para el país.
A los productores pequeños de la gramínea se les otorgó un aumento de 950 pesos por toneladas.
Los maiceros exigían 7 mil 200 pesos por tonelada y el gobierno, inicialmente, les ofreció 6 mil pesos.
Finalmente, el precio del maíz por tonelada quedó fijado en 6 mil 50 pesos por tonelada en Guanajuato, Jalisco y Michoacán, lo que representa un aumento del 25% sobre el precio internacional. Este acuerdo fue alcanzado tras negociaciones con los gobiernos estatales y productores locales, y se espera que brinde estabilidad a los productores y estabilice el mercado nacional.
Se ignora si el incremento al precio del maíz impactará al de la tortilla que entraña el alimento principal de millones de mexicanos, sobre todo a aquellos de los sectores marginados.
«En la medida de lo posible, siempre se va a apoyar a los pequeños productores y a lo que representa la soberanía y autosuficiencia alimentaria “, sostuvo la presidenta.
El conflicto fue superado tras largas negociaciones y el precio del maíz blanco puso a salvo su producción.
El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, detalló que el acuerdo alcanzado beneficiará a productores de hasta 20 hectáreas, que representan entre el 96 y 98% de los agricultores del Bajío.
En total, se respaldará la producción de 1 millón 400 mil toneladas de maíz, con un límite de 200 toneladas por productor.
Anualmente se requieren más de 5 millones de toneladas para garantizar el consumo nacional de tortillas.
Falta pues el acuerdo con los grandes productores de Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas y otras regiones de riego.
Además, se anunció la ampliación del programa “Cosechando Soberanía”, que otorga créditos con tasas de interés preferenciales del 8.5% anual —la mitad de lo que cobra el sistema financiero tradicional—, así como seguros agropecuarios que protegen a los productores en caso de sequías, inundaciones o plagas.
Berdegué destacó que uno de los puntos más relevantes del acuerdo es la instrucción presidencial para crear el Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz, una política estructural que busca terminar con la incertidumbre que enfrentan los agricultores al no conocer los precios de venta al momento de la cosecha.
La Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo Mexicano Sin Maíz no hay país, nació en junio del 2007, impulsada por más de 300 organizaciones campesinas, indígenas, urbanas, de consumidores, grupos ambientalistas, de mujeres, de derechos humanos, representantes de la cooperación internacional, intelectuales, artistas, científicos, estudiantes y ciudadanos de a pie, de casi veinte estados de la República mexicana.
Desde entonces el objetivo ha sido luchar por la soberanía alimentaria fortaleciendo la producción campesina mediante políticas públicas favorables y un proyecto alternativo para el campo y el país, incluyente, justo, sustentable y solidario.
La Campaña “Sin Maíz no hay País” se extendió a varias regiones, municipios y comunidades del país y logró acercar y coordinar acciones de diversos sectores rurales y urbanos, de productores y consumidores. Hemos construido una gran convergencia, un espacio compartido por diferentes actores y organizaciones, donde se respeta la agenda y la autonomía de cada una y se trabaja en propósito común.
¿Qué pretende esta Campaña? En la Campaña Sin Maíz no hay País, queremos un país con soberanía alimentaria por lo que defendemos que:
La producción nacional provea al pueblo mexicano de los alimentos básicos en vez de depender de las importaciones de comida. Por eso exigimos la Renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN.
Políticas públicas de desarrollo rural sustentable y con un Estado responsable.
Apoyo y fomento a la agricultura campesina y reconocimiento a sus aportaciones productivas, económicas, sociales, ambientales y culturales.
Se prohíba la liberación de maíz transgénico en México y se impida el control de la producción y comercialización del maíz por empresas transnacionales.
Se prohíba el uso de alimentos para producir agro combustibles.
Se eliminen los monopolios alimentarios y se prohíba la publicidad engañosa en alimentos y bebidas chatarra. Los consumidores debemos ejercer nuestro derecho a decidir qué queremos comer. ¡No a las grandes corporaciones transnacionales y su publicidad engañosa que fomenta hábitos de consumo perniciosos para la salud!
Se respete el Derecho constitucional la alimentación y se vigile su cumplimiento para todas y todos. El hambre no espera.
Se respete el patrimonio territorial de las comunidades y los pueblos rurales de campesinos y comunidades indígenas ante el acoso de los megaproyectos de inversión que no toma en cuenta de forma real a las y los afectados.
Exigimos se respete la vocación social de la tierra –ejidos, tierras comunales y pequeña propiedad-, y se detenga la actual reforma agraria, ya que atenta directamente contra la producción de alimentos campesinos.
Luego de bloqueos carreteros protagonizados por productores de maíz en distintas entidades del país, la presidenta anunció un acuerdo entre la Federación y los gobiernos estatales para apoyar a más de 90 mil campesinos del Bajío con un incentivo de 950 pesos por tonelada de grano, además de la creación de un nuevo Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz, con el que se busca dar certidumbre al precio y venta del cultivo más importante del país.
En conferencia matutina, la mandataria aseguró que el apoyo se entregará de manera directa y sin intermediarios, recordando que en administraciones pasadas los recursos al campo quedaban concentrados en las cúpulas de organizaciones campesinas.
