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Ciudad de México, 16 de junio (SemMéxico/entresemana.mx). La encargada de velar por los derechos humanos en el mundo, Michelle Bachelet indicó que la situación de “crisis sociopolítica, económica y de derechos humanos” que vive Nicaragua está expulsando a miles de personas, por ello, solicitó a las autoridades su petición de que se libere a todas las personas detenidas arbitrariamente.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos denunció que continúa deteriorándose la situación de las personas en el país centroamericano e indicó que el número de nicaragüenses que abandonan el país aumentó a un nivel mayor que en la década de 1980.
Durante una actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos, Michelle Bachelet destacó que durante los últimos tres meses continuó la degradación de las garantías fundamentales en la nación centroamericana.
Continúan las detenciones arbitrarias
“Mi oficina sigue denunciando detenciones arbitrarias en las que los detenidos se enfrentan a condiciones espantosas, que cientos de organizaciones de la sociedad civil están siendo despojadas de su estatus legal y que, huyendo de la crisis, los nicaragüenses siguen abandonando el país en un número sin precedentes”, alertó.
Citando a fuentes de la sociedad civil, indicó que hay 173 personas que están privadas de libertad en relación con la crisis política y de derechos humanos que estalló en 2018.
Las 50 que fueron detenidas en el contexto de las elecciones de 2021, 11 mujeres y 39 hombres, afrontan “condiciones de detención contrarias a las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos” y fueron condenadas a penas de hasta 13 años de prisión e inhabilitadas para ocupar cargos públicos, comentó la alta comisionada del organismo internacional.
“Cuarenta y cuatro fueron condenas por ‘propagar noticias falsas’, ‘menoscabar la integridad nacional’ y otros delitos. Las otras seis personas fueron condenadas por lavado de dinero y delitos conexos. Sin embargo, estas condenas se habrían basado en alegaciones no comprobadas durante los procesos judiciales”, especificó.
La mayoría de ellas permanecen privadas de libertad en un centro de detención policial donde este año solo se les permitió cuatro visitas de sus familiares adultos, pero no a sus hijos, y se encuentran “en condiciones inhumanas, con especial preocupación por quienes necesitan atención médica urgente, permanente o especializada, que las autoridades se rehusarían a brindar”.
Muchele Bachelete reiteró su petición a las autoridades que garanticen la rápida liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente y a preservar su integridad física y mental.
ONU/Jean Marc Ferré
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante la 50ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.
Se duplican los refugiados y solicitantes de asilo en Costa Rica
En este sentido, destacó que la situación de “crisis sociopolítica, económica y de derechos humanos” que vive el país está expulsando a miles de personas “de la seguridad de sus hogares”, y que el número de nicaragüenses que abandonan el país crece “a cifras sin precedentes, incluso mayores que las registradas en la década de 1980”.
“En los últimos ocho meses, la cantidad refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses en Costa Rica se ha duplicado, alcanzando el número de 150.000. Esto representa tres por ciento de la población de Costa Rica.
El número de personas nicaragüenses interceptadas en las fronteras de los Estados Unidos de América está viviendo un incremento inédito, aumentando de tres mil 164 en septiembre de 2020 a 92 mil 37 en abril de 2022.
En marzo de 2022, la cifra alcanzó 16.088, la más alta registrada hasta la fecha para un solo mes, y ocho veces más alta que la registrada en marzo de 2021”, detalló.
La oficina de Bachelet logró documentar “varios casos de hostigamiento e intimidación” cometidos por las autoridades nicaragüenses “que colocan al derecho a la libertad de circulación bajo grave amenaza”, la negación de renovación de pasaportes en un consulado de Nicaragua y casos de retención injustificada de este tipo de documento a nacionales que pretendían salir del país.
Por último, dijo que el análisis final de las dos comisiones de la Asamblea Nacional sobre la legislación penal empleada para perseguir a quienes el Gobierno percibe como opositores, en la que se propone endurecer las penas y otras medidas represivas como la confiscación de bienes, “genera serias preocupaciones que invitan a pensar que el Gobierno busca profundizar aún más la represión de voces críticas”.
“Exhorto enfáticamente al Gobierno de Nicaragua a cumplir sus obligaciones internacionales de derechos humanos, y no alejarse aún más de ellas. También insto a las autoridades a cesar inmediatamente las políticas que actualmente solo sirven para aislar al país y su gente de la comunidad regional e internacional”, concluyó.
