El Estado Mexicano debe cumplir sentencia de la CoIDH y no violentar derechos humanos: López Rabadán

>> Inaplazable, derogar arraigo y prisión preventiva oficiosa, puntualiza la senadora albiazul

>> Históricamente, López Obrador ha mandado al diablo a las instituciones nacionales e internacionales refiere

Ciudad de México, 03 de febrero (entresemana.mx). Al ignorar la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en materia de Arraigo y Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), el presidente López Obrador y sus legisladores pondrían en grave riesgo los derechos humanos de los ciudadanos, afirmó la senadora Kenia López Rabadán, al informar que presentó iniciativas que derogan ambas figuras violatorias de derechos humanos.

Cabe señalar que la Corte Interamericana ordenó a México dejar sin efecto las disposiciones relativas al arraigo y adecuar el ordenamiento jurídico sobre la PPO, así como brindar a las víctimas tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial por los daños que pudieron haber causado este tipo de prácticas.

“Preocupantemente, que el Presidente haya impulsado ampliar la figura de prisión preventiva oficiosa, que básicamente es que te metan a la cárcel y luego investiguen. Evidentemente es una figura que no debería usarse, pero este gobierno abusa de ella además de fortalecerla”, señaló.

En el documento registrado en la Gaceta Parlamentaria, la legisladora consideró que ambas figuras entran en lo que se denomina comúnmente como “populismo punitivo”. En México, primero se priva de la libertad y después se investiga, lo cual debe cambiar de manera inmediata ya que estas medidas no garantizan una investigación exitosa.

“Se violan los principios de presunción de inocencia, debido proceso y seguridad jurídica. Hay personas que llevan más de 17 años sin sentencia”, subrayó la vicecoordinadora del PAN en el Senado.

López Rabadán agregó que con esta medida cautelar se ha encarcelado a las personas sin demostrar su culpabilidad.

Consideró que no debe existir ni un caso más en que las personas sean privadas de su libertad injustificadamente.

“El Estado mexicano tiene un año para sacar el arraigo y la prisión preventiva oficiosa de su marco normativo, sin embargo, históricamente López Obrador y sus legisladores han mandado al diablo a las instituciones y no solamente a las nacionales, también a las internacionales, por lo que los legisladores de oposición hemos presentado ya iniciativas para acatar esta resolución”, señaló.

Igualmente, precisó que presentó una excitativa para que se lleve a cabo la aprobación del dictamen que deroga la figura del arraigo, el cual ya cuenta con aprobación en comisiones y se mantiene en espera de su aprobación en el Pleno del Senado.

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