El Estado debe garantizar, equitativa e incluyente, derechos económicos, sociales y culturales a todas las personas: Bonilla Gutiérrez

>> Los países de todo el mundo deben atender las necesidades de las personas, sobre todo de aquellos grupos históricamente discriminados, aseguró el Comisionado Ciudadano del INFO CDMX

>> Participó en la mesa denominada “La influencia del comité de la ONU en la adjudicación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)”

Ciudad de México, 11 de junio (entresemana.mx). Los Estados deben garantizar a todas las personas, de manera equitativa e incluyente, los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), afirmó Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX).

“La articulación de los DESCA en el derecho internacional se produjo tras años de demandas de estos derechos básicos en todo el mundo y de su oficial reconocimiento normativo”, detalló.

En el marco de las actividades del X Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional “La Protección de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México y en la experiencia comparada”, organizado por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (Ibero), enfatizó que los países de todo el orbe deben atender las necesidades de las personas y brindar las posibilidades de desarrollo decidido en libertad; sobre todo de aquellos grupos históricamente discriminados.

“Estos derechos, su paulatina inclusión en textos constitucionales de todo el mundo y el desarrollo de sus razones, argumentos, justificaciones y jurisprudencia, revela la preocupación que como Estados tenemos y debemos tener por atender las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad”, señaló frente a estudiantes y especialista que se dieron cita en el auditorio Ángel Palerm Vich, de esa institución educativa.

Durante su participación en la mesa 12, denominada “La influencia del Comité de la ONU en la adjudicación de los DESCA”, Bonilla Gutiérrez invitó a llevar a cabo un diálogo abierto donde confluyan todos los actores para realizar profundos análisis y propuestas hacia las autoridades respecto a esta materia en beneficio de las personas, especialmente por encontrarnos “en una era permeada por la impersonalidad de lo digital, con su rampante globalización económica y sus desigualdades”.

Para finalizar, subrayó que “cualquier violación a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales no son meras circunstancias desafortunadas y fuera del control humano”.

Las y los especialistas que participaron en la mesa de análisis coincidieron en que las observaciones internacionales del Comité de los DESCA, como órgano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), integrado por 18 expertos independientes, han sido una referencia destacada en la jurisprudencia internacional; y explicaron que el Comité supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entre sus Estados parte.

De igual forma, subrayaron que las observaciones en la actualidad tienen un lenguaje sencillo que permite a todas las personas acceder a la información y voltear a ver las acciones de la ONU, haciéndolas más cercanas a la población.

En la mesa 12 de este tercer día de trabajos del X Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional  también participaron Edgar Caballero González, profesor de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México; María Amparo Hernández Chong Cuy, magistrada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación; Silvia Serrano Guzmán, directora asociada de la Iniciativa de Salud y Derechos Humanos del Instituto O’Neill y profesora adjunta de derecho en la Universidad de Georgetown.

Así como Alan García Campos, oficial de Derechos Humanos de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos; y moderó la mesa, Rocío Alejandra Flores, directora de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit.

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