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Hiroshi Takahashi
Ciudad de México, 08 de mayo (SemMéxico, entresemana.mx). Hasta la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que preside Nashieli Ramírez Hernández, llegó una queja contra la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX, Xóchitl Almendra Hernández Torres, quien es señalada por utilizar sus influencias en el Poder Judicial capitalino, y con el propio gobierno de Claudia Sheinbaum, para sacar ventaja en un proceso penal en el que se encuentra involucrada.
El caso se refiere al presunto abuso de una menor en el Colegio Williams, mismo que fue investigado y desechado por la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil de la SEP. En específico, con base en los peritajes realizados por la conocida UAMASI (Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil), se concluyó que no existían situaciones de riesgo en la institución educativa que pudieran propiciar un evento como el que se denunció.
De hecho, según la misiva a la que tuvo acceso este reportero, en un oficio fechado el 13 de febrero de 2020, la SEP y la UAMASI emitieron un informe en el que, tras analizar y valorar todos los medios de convicción a su alcance, resolvieron que no había elementos con los que se demostrara la participación o responsabilidad del profesor del colegio, Abraham Delgado Juárez, en los hechos que se le imputaron.
Hernández Torres es madre de la menor. Interpuso la denuncia en 2017, pero también los jueces adscritos al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinaron la inocencia del acusado. Y así siguieron las cosas hasta que Sheinbaum asumió el gobierno en la capital del país e impulsó, en el año 2020, a Xóchitl Almendra como magistrada del órgano jurisdiccional, un nombramiento avalado también por el Congreso local.
La magistrada es conocida por su excelente relación con el actual Consejero Jurídico de la CDMX, Néstor Vargas, quien fue el encargado de conformar un Tribunal de Justicia Administrativa capitalino afín a los designios de la cuatroté, preparado para recibir y resolver a favor del gobierno diversos juicios de lesividad contra el sector empresarial, principalmente contra los participantes de la industria de construcción y de la publicidad exterior.
Se denuncia en la carta, enviada por la madre de Abraham Delgado, que con los mencionados contactos y el citado poder la magistrada han logrado mantener en prisión al profesor denunciado, a pesar de que el expediente y cada uno de los pasos que ha seguido este proceso penal están plagados de irregularidades y violaciones a los derechos fundamentales, fácilmente visibles por cualquier visitador de la Comisión.
No es la primera queja que la magistrada Hernández Torres recibe ante la Comisión de su también amiga Nashieli Ramírez, se han recibido otros escritos que señalan denuncias falsas de la susodicha en el Tribunal de Justicia Administrativa, pues decidió también acusar a sus compañeros de trabajo por supuesto acoso laboral.
El dolor de las madres, el daño a la menor y la reputación del colegio Williams en lo suelos son un hecho inquietante y desagradable.
¿La inocencia del supuesto abusador de menores se puede demostrar?
¿La magistrada es culpable por hacer cumplir la ley con los elementos que tiene a su alcance?
¿Esto sólo le importa a la familia y a los del negocio educativo?
