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ADRIANA DELGADO RUIZ (El Heraldo de México). ¿De verdad no hay otra alternativa más viable que extender la presencia del Ejército Mexicano en las calles hasta 2028? ¿Tiene que estar la Guardia Nacional necesariamente bajo el control operativo y administrativo de las Fuerzas Armadas para cumplir su tarea con eficacia? ¿Es una disyuntiva real o un falso dilema tener que elegir entre mejor seguridad pública u observar fielmente la Constitución y el estado de derecho?
Mantener al Ejército en las calles y a la Guardia Nacional bajo su control, abre todavía más interrogantes y huecos jurídicos que sería indispensable resolver rápida y eficazmente. ¿Cómo tendría que modificarse el Código Penal Federal y homologarse los de los estados para que el actuar de las Fuerzas Armadas no sea legalmente irregular? ¿Qué sucederá con las policías estatales y municipales que necesitan mucha capacitación para operar adecuadamente? ¿Por qué unas corporaciones policiacas, como la de la Ciudad de México, funcionan eficazmente con áreas de investigación e inteligencia mientras otras carecen de lo mínimo necesario frente a los problemas de seguridad que enfrentan?
¿Cómo tendría que ser la coadyuvancia en cuanto delitos del fuero común con este esquema? ¿Cómo tendrían que integrarse las carpetas de investigación en los ministerios públicos para evitar recovecos legales que abran la puerta a la impunidad? ¿Qué cambios tendrían que implementarse en los procedimientos de juzgados y tribunales?
Esta discusión ya se ha tenido antes en el Poder Judicial. Si no revisamos la experiencia y la historia, estamos condenados a repetirla.
En 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional toda la Ley de Seguridad Interior, promulgada un año antes, durante el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, que había sido diseñada para que el Ejército Mexicano no solo estuviera a cargo de proteger al país de alguna amenaza exterior sino integrarlo formalmente a las tareas policiales, luego de 22 años de permanencia en las calles.
El argumento de la Corte en ese momento fue que “normalizar la utilización de las Fuerzas Armadas es contrario al orden constitucional y convencional”.
Hoy, a la complejidad del tema se agrega un fuerte problema adicional: la incongruencia política. ¿Por qué el PAN está en contra de extender la permanencia del Ejercito en las calles cuando fue el gobierno panista de Felipe
Calderón el que lo puso ahí? ¿Por qué el PAN y el PRD tienen una alianza electoral cuando sus posiciones en temas tan fundamentales como este han sido históricamente contrarias? ¿Por qué el PRI pasó de haber hecho una legislación como la Ley de Seguridad Interior, cuando el hoy senador Miguel Ángel Osorio Chong era el secretario de Gobernación, a estar en una alianza que no aprueba que el Ejército coadyuve en la seguridad pública y después vuelve a cambiar de opinión?
La respuesta a esta última pregunta se explica en la percepción general por el hecho de que las acusaciones penales y develaciones de audios contra el presidente del PRI, Alejandro Moreno, se detuvieron coincidentemente.
Con la iniciativa de regreso en comisiones del Senado, en el Ejecutivo el anuncio es que se hará una consulta para saber la opinión de la ciudadanía sobre el papel de las Fuerzas Armadas, pero sin pedirla al INE. El fondo es que el Artículo 35 de la Constitución es claro en que los temas de seguridad no pueden ser motivo de consulta popular. La propuesta opositora es que el INEGI realice una encuesta.
Este es uno de esos momentos en que el Ejecutivo y el Congreso deben discutir realmente, sin dogmas ni intereses políticos, en busca de la mejor solución para el país.
