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ADRIANA DELGADO RUIZ (El Heraldo de México). El grave problema del agua en Monterrey es un espejo y una muy clara advertencia de lo que no falta mucho para ver en otras regiones del país. Económicamente, un cálculo de la empresa estadounidense ProducePay dice que la sequía en el norte mexicano puede representar pérdidas por hasta 12 mil 500 millones de pesos en el año, en baja de rendimiento de cosechas y afectaciones a las cadenas de suministro de frutas y hortalizas para exportación y mercado doméstico. Esas pérdidas son solo una parte del gran problema.
En Nuevo León, la cámara de la industria restaurantera sostiene que de los 20 mil negocios que registra en esa entidad, 14 mil tienen problemas para mantenerse abiertos dado que no cuentan con cisternas o tinacos para almacenar suficiente agua durante las cuatro o seis horas diarias en que hay algo de abasto. Otros dos mil, de plano, tuvieron que cerrar definitivamente. La situación ha impactado a 52 mil empleos en el sector, por lo menos, entre despidos y menos horas de trabajo e ingreso.
Los costos de la industria de alimentos preparados, al igual que los de otras varias en que participan empresas pequeñas y medianas que no gozan de concesiones de agua, se han incrementado sustancialmente. En las circunstancias actuales, el costo de una pipa ha subido de 800 hasta los mil 600 pesos, los garrafones se han encarecido exorbitantemente por la alta demanda y a todo eso se agrega que los negocios pasaban desde antes por un complicado y doloroso proceso de recuperación tras la crisis que ocasionó la pandemia.
Aquí mismo he puesto El Dedo en la Llaga sobre la indignación de los neoleoneses al saber que el 57 por ciento del agua disponible no es para la población, sino para las grandes empresas que gozan de concesiones. La Comisión Nacional del Agua inició ahora 23 procedimientos en busca de recuperar derechos que esas industrias no están pagando y que representan 6.7 millones de metros cúbicos para incorporarlos a la red de distribución de la zona metropolitana de Monterrey.
Queda claro que no se trata de cancelar concesiones arbitrariamente y que la industria también necesita agua, pero es muy importante eliminar la corrupción en su otorgamiento, considerar la capacidad de cada región para el abasto y observar la disposición legal de que el suministro a la población es lo primero en el orden de prelación para el acceso al líquido vital.
Todo ese reordenamiento cobra especial urgencia porque la situación de sequía y falta de agua no está cerca de terminar. Si bien ya estamos en temporada de lluvias, en el mes de julio y la primera parte de agosto se presenta el fenómeno meteorológico conocido como canícula, los 40 días más calurosos del año, en que también baja considerablemente el nivel de precipitaciones, en tanto que las presas La Boca y Cerro Prieto estuvieron este fin de semana en sus niveles históricos más bajos.
Decíamos que esta situación es un espejo en que debe verse todo el país. El impacto económico ya es evidente en el precio del agua embotellada. En los estados del centro, tanto una botella como el contenido de un garrafón han subido 27 por ciento en promedio, en el último año. En las tiendas de autoservicio, los anaqueles de esos productos ya no están llenos y en los clubes de precios limitan la venta por comprador para permitir que más personas puedan adquirir botellas.
Las industrias cervecera y refresquera también aumentaron ya sus precios dada la escasez de agua para fabricar sus productos, circunstancia que se suma al ya de por sí grave problema que es el aumento generalizado de la inflación.
El agua en México es un tema urgente.
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