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>> La propuesta busca establecer en la ley general los tipos penales y las sanciones para quien cometa extorsión y otros delitos vinculados cometidos a través de tecnologías de la información y la comunicación.
Ciudad de México, 30 de septiembre (entresemana.mx). El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, integrante del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dio a conocer que la próxima semana se someterá a discusión una propuesta que busca darle al Congreso las facultades para emitir una ley general para poner fin a la extorsión y las modalidades que han surgido con el uso de las tecnologías.
La iniciativa que pretende reformar el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extorsión y delitos cometidos a través de tecnologías de la información, fue presentada por la legisladora Juanita Guerra Mena, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana y ha sido suscrita por diputadas y diputados de las distintas fracciones parlamentarias, entre ellos, destaca el coordinador de la bancada guinda Ignacio Mier Velazco.
Con la evolución de las tecnologías y la infraestructura digital, se explica en la iniciativa con proyecto de decreto, la delincuencia ha adaptado su modus operandi para para ampliar y diversificar sus actividades ilícitas, entre ellas, la extorsión: las bandas delincuenciales utilizan aparatos de comunicación para contactar a sus potenciales víctimas a través de llamadas o mensajes.
Entre las modalidades de extorsión de las que se valen los criminales se encuentran la obtención de supuestos premios, campañas publicitarias, otorgamiento de significativas líneas de crédito bancarias, donación a fundaciones altruistas, así como beneficios sociales y créditos a la palabra.
“Ese delito y cosas parecidas, hipótesis de conducta delictiva parecidas, es lo que más ha proliferado en los últimos años, es verdaderamente una preocupación”, alertó Robledo Ruiz al tiempo de informar que la actividad delictiva tiene una gran cifra negra, lo que significa que no puede ser cuantificable debido a que no se denuncia.
Por lo anteriormente expuesto, la iniciativa de reforma al artículo 73 de la Carta Magna plantea expedir la ley general en donde se establezcan los tipos penales y las sanciones para quien cometa extorsión y otros delitos vinculados cometidos a través de tecnologías de la información y la comunicación.
