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>> No cita al antecedente inmediato de la iniciativa propuesta por la activista Samara Martínez el pasado mes de octubre en el Senado y en la Cámara de Diputados
>> Justo lo propuesto por la activista –establecer en la Constitución Política el derecho a la vida y muerte digna, y permitir la eutanasia– lo cita la diputada Irma Juan Carlos
>> Plantea adicionar un párrafo al artículo 4º constitucional
Ciudad de México, 22 de noviembre (entresemana.mx). La diputada federal de Morena, Irma Juan Carlos presentó como propia la iniciativa para legalizar la eutanasia en el país, sin dar crédito a quien realmente impulsa este objetivo, es decir, la activista Samara Martínez, con la llamada Ley Trasciende, para una muerte digna.
El 28 de octubre en el Senado y, al día siguiente en la Cámara de Diputados, Samara Martínez presentó esa iniciativa, incluso, en esta segunda fecha, la diputada por MC, Patricia Mercado expuso, ante el pleno cameral, la iniciativa; a su lado estuvo Samara, quien poco antes ofreció conferencia de prensa, en la que, en primera fila apareció Irma Juan Carlos
Pero, en la sesión del pleno de la Cámara Baja, de hace dos días, Irma Juan Carlos presentó como propia –de acuerdo con la información oficial– la iniciativa “para establecer en la Constitución Política que el derecho a la vida y muerte digna se reconocen en México y que, por lo tanto, estará permitida la eutanasia en los términos que establezca la ley”,
Para el efecto, la legisladora impulsa la adición de un párrafo al artículo 4º constitucional.
El documento, enviado a la Comisión de Puntos Constitucionales, señala en los considerandos que la finalidad es reconocer el derecho en la Carta Magna a una muerte digna y, en consecuencia, se garantice la posibilidad de que se practique la eutanasia en los pacientes que así lo deseen.
Precisa que, en México, el derecho a la muerte digna se encuentra reconocido en el marco de los cuidados paliativos y la voluntad anticipada, pero no en la eutanasia activa, cuando el Estado mexicano ha avanzado en garantizar el respeto а la autonomía y dignidad de los pacientes terminales, aunque persiste un vacío normativo respecto al derecho a decidir el momento y forma de morir.
Refiere que eutanasia significa, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, “la intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura” o “muerte sin sufrimiento físico”, y para el diccionario Oxford Languages es el “acto de provocar intencionadamente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que sufra”.
Además, países como Bélgica, Luxemburgo o España han reconocido el derecho a una muerte digna a través de la vía de la eutanasia. México lo prohíbe, toda vez que la Ley General de Salud es muy clara cuando dispone en su artículo 166 Bis 21 que: “Queda prohibida la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido conforme lo señala el Código Penal Federal, bajo el amparo de esta ley. En tal caso se estará a lo que señalan las disposiciones penales aplicables”.
La diputada Irma Juan Carlos lamenta que México aún no haya reconocido el derecho a la muerte digna a pesar de que existen poderosas razones para incorporar dicho derecho al sistema jurídico mexicano. Además, legalizar la eutanasia permitiría fortalecer una sociedad plural y laica, donde las decisiones morales personales no sean impuestas por creencias religiosas.
Menciona que, aunque todas las enfermedades producen dolor y angustia, hay algunas que multiplican dichas situaciones. Se trata de las terminales y que generan síntomas intensos, múltiples, y son plataforma para otras enfermedades oportunistas.
“Hoy las y los diputados tenemos la oportunidad histórica de armonizar el principio constitucional de dignidad humana con la libertad individual de morir en paz, en un marco de respeto, compasión y derechos humanos”, puntualiza.
Bien, pero el crédito lo tiene la activista Samara Martínez, quien durante su visita a ambas Cámaras no manifestó simpatía alguna por un partido político en especial, representado en el Congreso de la Unión.
