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CLAUDIA ESPINOSA ALMAGUER (SemMéxico, San Luis Potosí). Comienzo afirmando que por frases como la que titula esta columna, jóvenes desaparecidas en México siguen sin ser encontradas, en tanto muchas de las que sí, fueron cruelmente asesinadas o están siendo sometidas a la trata justo en este momento.
Cuando en 1993 se dio la noticia pública del asesinato violento de mujeres al norte del país, se produjo el fenómeno conjunto de las desapariciones y el involucramiento de autoridades y medios de comunicación en la humillación a las familias que buscaban una respuesta coherente por parte del Estado.
Una década después en análisis como los de Julia Monárrez Fragoso para el caso de Campo Algodonero se recogían los testimonios de víctimas como la señora Irma Monreal quien acudió ante la Procuraduría con la esperanza de que salieran a buscar a su hija Esmeralda Herrera a lo cual le respondieron: “Búsquela, ha de estar con el novio” y “que no la podían buscar ni dar como desaparecida hasta las 42 horas”.
Entonces no existían los términos de “revictimización” o de “violencia institucional”, precisamente fueron concebidos a raíz del cúmulo de negligencia y prejuicios determinantes en la ineficacia y la impunidad.
Hoy sin embargo tenemos claro, gracias a la evolución de la propia victimología con enfoque feminista, que la primera afectación de una mujer o niña víctima o desaparecida lo genera el acto causado por el delincuente pero que también puede haber una segunda lesión provocada por la autoridad e inclusive una tercera que genera la sociedad y sus opinadores/as.
Debido a ello, a que las estrategias de actuación para atender este tipo de casos le han costado a México literalmente la vida de miles de mujeres desde hace décadas, se debe interpelar la perpetuación de estereotipos, si hace veinte o treinta años era común que funcionarios/as o periodistas buscaran controlar la discusión pública minimizando el agravamiento de la violencia y adjetivando de disfuncionales a las familias de las mujeres, seguir tolerándolo en la actualidad, nos vuelve cómplices.
Y es que a pesar del tiempo transcurrido ni siquiera Chihuahua, como la entidad que contiene toda la trayectoria de la violencia feminicida ha conseguido librarse del comportamiento misógino que dirige el discurso dominante, ya en el Informe del Grupo de Trabajo conformado para estudiar la solicitud de Alerta de Violencia de Género emitido en 2021 se hizo énfasis en que:
“Tanto en el ámbito privado como en el público se ejerce sistemáticamente violencia contra niñas y mujeres, que va desde el abuso verbal hasta la privación de la vida, en entornos de creciente impunidad por parte de las autoridades que deberían vigilar y castigar este tipo de violencias, pero además frente a la indiferencia de una gran parte de la población, a la que contribuyen en buena medida los medios de comunicación masiva y las redes sociales, minimizando y pervirtiendo la información”.
Por eso es indispensable recordar las obligaciones que tiene México a nivel nacional que fungen como medidores objetivos de la voluntad de proteger a las mujeres cuando están en condiciones de desaparecidas o cuando son víctimas, por ejemplo el compromiso que adquirieron todos los Estados en 2018 de integrar la Alerta Alba como Protocolo de búsqueda y también la aplicación del Convenio por la Igualdad de Género y Combate a la Violencia contra las Mujeres en los Medios de Comunicación, suscrito en 2016 que conforme a observaciones internacionales debe imponer sanciones y contar con facultades coactivas para luchar contra los estereotipos.
¿Se sabe algo de esto allí donde usted vive?
A más ver.
