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CLAUDIA ESPINOSA ALMAGUER (SemMéxico, San Luis Potosí). En la primera semana de enero tuvo lugar el conversatorio “Mujeres en espacios de poder. Reflexiones sobre el nombramiento de la ministra Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte” a través del twitter Space de la periódica feminista La Costilla Rota. Allí participamos junto con su coordinadora Mar Grecia Oliva, con Arussi Unda vocera de Brujas del Mar y Josefina Meza de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la paridad en todo. En esa discusión he querido exponer algunos puntos sobre por qué, una designación abona a la paridad, pero no necesariamente a las mujeres como población ni al feminismo como agenda política concreta.
Paridad
Es necesario recordar desde cuando la mujer en México es “elegible” y puede a su vez decidir respecto de los asuntos públicos. La ciudadanía de las mujeres se dio mediante la reforma constitucional del 17 de octubre de 1953, no obstante investigadoras como Enriqueta Tuñón Pablos, ubican el inicio de acciones políticas por parte de las mujeres mexicanas desde 1917. Este primer acceso se complementó con la reforma del artículo 4° en 1974 que enmarca la igualdad jurídica de hombres y mujeres ante la ley.
Sin embargo, este ser ciudadanas y ser “iguales”, son logros formales que han aterrizado con una lentitud insuperable y para conseguir su avance se ha tenido que recurrir a las acciones afirmativas para garantizar la participación de las mujeres, de este modo, mediante cuotas que obliguen a la paridad. Debido a ello y no al ánimo de partidos o instituciones es que México ha conseguido ciertos equilibrios de representación. Vamos a usar a la propia Corte para demostrarlo.
La primera ministra de la Suprema Corte fue María Cristina Salmorán nacida en Oaxaca en 1918 y designada en 1961. En su propio material de difusión la Corte indica:
“A pesar de que la designación de Salmorán marcó un paradigma en materia de género en México, en 200 años, tan solo 14 mujeres han accedido al cargo de ministras del Máximo Tribunal del país”.
El 3 de noviembre pasado, se tomó protesta a 87 juezas de distrito, en palabras de Arturo Zaldívar fue un día histórico para la paridad de género y cito:
“Nunca había sucedido que en un mismo concurso se nombrara un número tan alto de juezas federales. Con las juezas que han rendido protesta el día de hoy, en esta administración se han nombrado 226 juezas federales, lo que constituye el 51 por ciento de las mujeres designadas como juezas de Distrito de 1995 a la fecha”.
Si algo quedó marcado en la dirigencia anterior es que se pueden usar los temas de las mujeres para la autopromoción como lo hizo Zaldívar. Y pregunto: ¿Tendría que aplaudirse hasta las lágrimas que la Corte se tarde más de 60 años entre haber elegido a la primera ministra y poner una mujer en la presidencia? ¿Es un orgullo que las instituciones sean obligadas a integrar mujeres a la fuerza cuando por ley eso debió suceder mucho antes?
Debe tomarse en cuenta que las mujeres constituimos el 52 por ciento de la población, de 127.8 millones somos 66.2 millones. Es decir, no somos minoría, por el contrario, nuestra participación es un elemento clave para medir la calidad de la democracia en el país. Avalar de manera exacerbada la paridad puede confundir un derecho con un favor.
Feminismo
El otro punto es si en este caso la designación de Norma Piña Hernández es un beneficio para ese 52 por ciento de mexicanas o no, pero sobre todo si abona a la agenda feminista, por aquello de que en su discurso de aceptación hizo también cierto uso de la jerga empleada en el movimiento, en cuanto a sentirse “acuerpada” por otras.
En ese sentido la agenda feminista consiste en lograr los siguientes objetivos:
Abolir la explotación sexual y reproductiva que encuentra asidero en la prostitución, la pornografía, la trata y los vientres de alquiler use, el eufemismo que use.
Abolir el género, como el peso de roles, estereotipos y prejuicios contra las mujeres que afectan el acceso de derechos y libertades.
Trabajar por los derechos de las mujeres basados en el sexo y erradicar toda forma de violencia, la pobreza y la desigualdad laboral y salarial.
Así, el feminismo no tiene una agenda de activismo “abierto” o dispuesto a maternar o acuerpar toda causa o en su defecto proceder a una euforia irreflexiva respecto de cada mínimo gesto de civilización o cumplimiento de ley, y si así se pensó o se hizo, en este momento es un error porque es insuficiente para el país más misógino del mundo. En palabras de Alicia Miyares:
“El feminismo no puede ser emocional, vivencial y acrítico. Ser feminista no es una vivencia íntima. Es identificarse con una agenda y no dinamitarla para que se adapte a las expectativas de cada una o uno”.
Y entonces ¿La presidenta de la Corte es feminista?
No. En enero de 2021 la Red de Colectivas Feministas Tabasqueñas publicaron un pronunciamiento contra el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo sobre el amparo en revisión 129/2019 que establecía como acto discriminatorio impedir a extranjeros y a empresas como la que interpuso el recurso para acceder a los vientres de alquiler debido a la prohibición del código civil de esa entidad. Al día siguiente en la sesión remota de la Primera Sala se dio cuenta del retiro de la exposición del proyecto de la agenda.
Luego para el día 1 de junio se dio inicio con otra presentación, ahora un proyecto de la entonces ministra Norma Piña sobre la Acción de inconstitucionalidad 16/2016 promovida por la PGR demandando la invalidez de las mismas disposiciones, ella coincidió, inclusive en el resolutivo Sexto exhortaba a los demás poderes de la Unión a regular de manera urgente y prioritaria la materia tratada en la sentencia.
Dirigida siempre por Arturo Zaldívar acerca de las partes sobre las cuales tenía que hablar, la ministra inició la exposición haciendo referencia a un supuesto marco teórico sobre “gestación por sustitución” para posteriormente reconocer la recepción de dos “amicus curiae” una organización denominada “ Colegio de Bioética” y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), definiendo el asunto como una “técnica de reproducción asistida” para la cual se ameritaba una política nacional que permitiera su práctica.
De tal manera la afirmación de Norma Piña fue señalar que una adecuada regulación era protectora de los derechos de “todas las personas involucradas” principalmente los de las mujeres gestantes en tanto que su prohibición generaba clandestinidad y riesgos mayores, así como incertidumbre sobre los menores y sobre las condiciones de los contratos, preocupación especial de las organizaciones participantes. Durante esa sesión la opinión sobre el proyecto por parte del ministro Gutiérrez Ortiz Mena fue la siguiente:
“Felicito sinceramente a la ministra Piña por asumir un debate complicado desde una posición que opta por la agencia de las mujeres y por su posibilidad e inteligencia para decidir sobre su bienestar con las opciones que tengan disponibles, muchas o pocas, según se ubiquen en el espectro social. Nadie puede negar la opresión de las mujeres en este sistema, pero tampoco debemos negar que, aun en medio de esta opresión, entienden muy bien lo que es bueno para ellas y su entorno”.
A lo cual la ministra Norma Piña respondió:
“En primer lugar, quiero agradecer sinceramente al ministro Gutiérrez sus amables palabras, más sabiendo que es una persona que es muy conocedora del tema que estamos abordando, y que siempre ha tenido un interés particular en abordar estos temas sobre las mujeres, sobre la reproducción”.
Este fue el inicio de una deplorable decisión sobre la norma tabasqueña con la que podemos responder y demostrar que no, no se comparte la agenda feminista si se crea todo un proyecto para legalizar los vientres de alquiler en México porque el feminismo no concibe la existencia de mujeres objeto destinadas para la esclavitud moderna ni un Estado garante de derechos que le llame trabajo a la explotación. A más ver.
*Abogada Feminista, Maestra en Política Criminal por la UASLP y en Derecho Procesal Penal Acusatorio por el CEAD Querétaro, Consejera Suplente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. Experta en atención a delitos de violencia contra las contra las mujeres y grupos en situación de discriminación en México. Formadora en Derechos Humanos, Igualdad y no discriminación. Columnista.
