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En el México feminicida, la libertad de ponerse precio
CLAUDIA ALMAGUER (SemMéxico, San Luis Potosí). El pasado martes 15 de febrero, mujeres de diversas organizaciones representantes del movimiento feminista en México protestaron en el Congreso de la Ciudad de México, la razón es muy precisa: han sido presentadas dos iniciativas, una de Jorge Gaviño Ambriz, Diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y otra de Esperanza Villalobos Pérez Diputada del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) con el fin de “legalizar” el alquiler de vientres.
En diversas columnas y espacios de discusión feminista a nivel nacional e internacional, este es un tema de máxima preocupación, aquí lo hemos abordado desde enero de 2021, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación a propósito de un asunto en la legislación de Tabasco se posicionó a favor del supuesto derecho a la no discriminación de empresas intermediarias y extranjeros interesados en adquirir un bebé; instando a las entidades a legislar esta práctica.
Es decir, desde la máxima instancia del poder judicial se invitó a regular una forma de explotación reproductiva contra las mujeres y un acto de entrega respecto a niños y niñas que de facto cumple más con los elementos de una forma de trata de personas que con una “técnica de reproducción asistida”.
“No hay argumento posible, que sea compatible con los derechos humanos que acepte esta práctica en donde las personas dejan de ser sujetos de derecho para ser objetos de contrato” – señaló la Maestra Núria González López el pasado el 18 de noviembre de 2021 durante la presentación de su libro “Vientres de Alquiler. La Mala Gente”, que tuvo lugar en la Cámara de Diputados y añadió: Aquí no se está ante una técnica de reproducción asistida en tanto los vientres de alquiler no curan la infertilidad de nadie, es un contrato en donde la mujer se obliga a entregar un hijo con determinadas características y sano, de lo contrario se puede devolver. Y cuando se abre la puerta a un mercado blanco, a una industria legal de los vientres de alquiler, así mismo se hace a un mercado negro”.
Y es que tanto en la discusión de la Suprema sobre el proyecto de la ministra Piña Hernández como en las iniciativas presentadas en México desde entonces, en Jalisco y ahora en Ciudad de México, los argumentos para legalizar esta práctica ni siquiera mencionan a las mujeres, amén de decir que son muy buenas y tienen un deseo de ayudar a otras familias, es decir a emplear los estereotipos de género de toda la vida para apropiarse de su capacidad reproductiva.
Esa omisión es intencional, conviene allí que no exista un mínimo intento de ponderación de derechos y que se acuda enteramente a una retórica sentimentalista, de lo contrario, apenas tomando en cuenta que el artículo primero de la Constitución reconoce a todas las mujeres los derechos humanos de ese ordenamiento y de las convenciones internacionales entre las que se encuentran aquellas que de manera específica garantizan su derecho a no ser sometidas a esclavitud, ni a explotación, no habría más cabida que prohibir y castigar a quien se aproveche de la vulnerabilidad económica de las víctimas de los vientres de alquiler, porque su mera existencia reduce gravemente la dignidad humana.
Sin embargo, todas las propuestas se centran en reconocerle derechos sólo a quien puede pagar, porque siempre, invariablemente, hay dinero de por medio y una necesidad económica del otro lado, no vamos a encontrar en este fenómeno que haya familias pobres queriendo tener bebés ni mujeres ricas prestándose a ello.
Para el caso de Ciudad de México es grave y vergonzoso que estas propuestas provengan de partidos autoidentificados con la izquierda, en cuyos Estatutos y Declaración de Principios se indica el reconocimiento de la dignidad de las mujeres y la búsqueda de agendas políticas por la maternidad libre y voluntaria y el pleno ejercicio de sus derechos.
Y no fue ninguna equivocación, si el síntoma es, en el caso de Morena, que su diputada Ana Francis López defienda la iniciativa diciendo que las mujeres “tendrán derecho en alquilar su cuerpo para lo que les guste alquilarlo”, al tiempo en que preside la Comisión de Igualdad de ese Congreso, o las personas que eligen para las diputaciones no saben en qué partido se han metido, como tampoco conocen ni el marco jurídico del país en donde viven, o como está pasando en otras partes del mundo, en este momento, los partidos y las instituciones están traicionando a las mujeres socavando su integridad a cambio de dinero y de conciliación política.
En palabras de la propia Núria González: “Pretenden que sea válido vender nuestros hijos, igual que con la prostitución vender nuestros cuerpos, bajo un bulo de libertad, porque las mujeres sólo somos libres siempre para lo mismo, para vender nuestro cuerpo y para vender lo que sale de él, entonces: usted es libre para lo que diga el mercado”.
A más ver.
