ÁNGEL SORIANO. Los campechanos y campechanas Alejandro Moreno Cárdenas, ex gobernador y Layda Sansores Pérez, gobernadora en funciones, afirman que han recurrido ya a la Fiscalía General de la República para certificar la certeza de las acusaciones mutuas que se hacen en relación a su función como servidores públicos y determinar quien ha violado la Ley.
En plena época electoral por la renovación de seis gubernaturas y la efervescencia presidencial, las acusaciones entre dirigentes, funcionarios y funcionarias es cotidiana y en esta guerra sucia -normal en temporada electoral-, indudablemente que las reputaciones salen manchadas y el descarrilamiento de los actores políticos es frecuente.
En Puebla la acusación por extorsión que hizo el actual diputado local Jorge Estefan Chidiac esperó siete años para que se cumplimentara la orden de aprehensión en contra del empresario Arturo Rueda, director del Diario Cambio, ampliamente relacionado con grupos de poder económico y político, y cuyo negocio, en dichos del ahora reo, es administración la fama pública de los dirigentes sociales.
La pugna campechana PRI-Morena que implica el arranque de la candidatura presidencial, la supervivencia de la alianza electoral PAN.PRI-PRD y la supremacía de Morena, está por verse, así como el uso político de las instituciones de justicia y de su presupuesto. El Fiscal Renato Sales deberá explicar si tiene equipo de escucha y al servicio de quien está.
TURBULENCIAS
Tiempo y presupuesto
El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que son dos sus principales preocupaciones: tener tiempo para terminar las obras en marcha y presupuesto para cumplir con las mismas. Y esto lo saben bien sus adversarios que le colocan todo tipo de obstáculos en el camino para echarlas abajo o no se concluyan. Del presupuesto, señala el propio AMLO, hay ingresos suficientes, control del gasto y de la inflación, inversión público y no deuda pública, lo que permite el manejo responsable de los recursos públicos que se reflejan en la fortaleza del peso y del control de la inflación…Y resulta que el jefe policiaco capitalino Omar García Harfuch, hijo del desaparecido político tapatío Javier García Paniagua y nieto del General Marcelino García Barragán, es el preferido para la jefatura de Gobierno de la Cdmx. Sin duda que mantiene amplio control sobre la seguridad de la ciudad de México, pero también pesan sobre él amenazas de los cárteles locales y nacionales y es un personaje controvertido; está en juego su habilidad política y estrategia militar heredada de su padre y de su abuelo…Sin más mayor imaginación, los candidatos punteros al gobierno de Oaxaca recurren a estrategias exitosas de dirigentes nacionales y extranjeros y posan al lado de cuestionados personajes de la política local con tal de simular imaginación y apoyo político, pero en realidad lo único que exhiben es falta de talento y capacidad para asumir la responsabilidad de un estado como Oaxaca con amplio futuro en el desarrollo nacional e internacional y que requiere verdadero talento de estadista. No están a la altura del momento actual…Es tal el apoyo político que tiene la directora de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, que le permite desdeñar al Senado de la República, dejarlos plantados y dirigirles un oficio indicando el tema a tratar y las preguntas que le harán los legisladores. La misma actitud de la directora de Notimex que ignora por complejo las demandas de los trabajadores. A ese extremo llegan los soberbios funcionarios que ignoran lo establecido por la Ley y la obligación que tienen de cumplir con sus responsabilidades. Ricardo Monreal afirma que no permitirán el desdén de Álvarez-Buylla hacia el cumplimiento de una norma constitucional que obliga a los funcionarios a acudir al Senado cuando sean citados…
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