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IRMA PILAR ORTIZ
En el desamparo o en el abandono.
Así estamos en México, más allá del discurso triunfalista que afirma que hay gobierno, hay dinero, que hay organización, la realidad nos muestra todo lo contrario.
Ahora, con las modificaciones a la Ley de Amparo, que protege al gobierno en lugar de al ciudadano y reduce la posibilidad de un amparo colectivo, los habitantes de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, tendrán que enfrentar, sin la protección de la Ley, todas sus pérdidas.
En años anteriores, hemos visto como la sociedad civil se organiza y sale en defensa de comunidades que se han visto afectadas por las acciones del gobierno. Y así, con un amparo colectivo, han detenido obras públicas que dañan su hábitat o bien han exigido la construcción de aquellos que les benefician.
Dirán lo que quieran, pero es un hecho que los gobiernos dejaron solo al “pueblo bueno y sabio”. Su ineptitud es tal que ni siquiera pudieron utilizar la radio y televisión para emitir la alerta de peligro, ante la crecida de los ríos y evitar, sobre todo, la pérdida de vidas que ya suman los 72 en los 5 estados afectados.
Ni hablar de la carencia de infraestructura, como el caso de Poza Rica en donde dejaron para otro momento la construcción del dique que contendría el desbordamiento del río Cazones.
En ese municipio, hasta el 2020 los gobiernos eran de militancia priista, y al llegar Morena se creyó que las cosas cambiarían, pero no fue así. La improvisación, la ineficiencia e ineficacia son los distintivos de quienes llegaron al poder gracias a su popularidad, no por su capacidad.
Después de una semana de las fuertes lluvias por la tormenta Raymond, todavía hay, de acuerdo a cifras oficiales, 111 municipios incomunicados en los 5 estados afectados, con todo lo que eso implica: aislamiento, desabasto de medicamentos y alimentos, sin comunicaciones para pedir auxilio.
Ahora, esas familias que perdieron todo tendrán que rascarse con sus propias uñas, hacerse cargo ellos solos de sus pérdidas, porque no podrán acudir ante la Ley, en busca de un cambio sustantivo y real en la infraestructura que minimice los riesgos ante los huracanes, tormentas tropicales y otros desastres naturales.
Al explicar los alcances nefastos de la reforma a la Ley de Amparo, el magistrado en retiro, Juan Pablo Gómez Fierro lo dejo muy claro: “no fue una reforma en pro de la justicia o de las personas, de los ciudadanos, sino que finalmente sí terminó debilitando el juicio de amparo, este mecanismo que hemos encontrado para proteger los Derechos Humanos en México”.
También la diputada de Morena Olga Sánchez Cordero, quien fue ministra de la SCJN, explicó que ahora el “interés legítimo, individual o colectivo” está condicionado a demostrar un beneficio cierto de la aplicación de ese amparo, con lo que se limita el acceso a la justicia constitucional.
Lo peor de todo es que no hay alternativa. Así como vemos el desastre en Veracruz, veremos lo que viene en la aplicación de la justicia. Hasta antes de junio pasado, la esperanza estaría puesta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero eso ya no va a pasar, toda vez que todos los integrantes de la nueva Corte son simpatizantes e incluso militantes de Morena y por lo tanto no van a contradecir las decisiones, aunque autoritarias y equivocadas, del poder.
Y como dijo el diputado priista Rubén Moreira: “usted cree que una Corte o un Poder Judicial, que no sabe conceptualizar, que no sabe hacer abstracciones, va a poder aplicar el interés Legítimo, cuando incluso ordenan la prisión para las víctimas”.
Así estamos en México. Desamparados y abandonados.
