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RODULFO REYES
VILLAHERMOSA, Tabasco. Más de 14 meses después, el caso ya no es Hernán Bermúdez Requena, sino el sistema que lo protegió. A saber, desde que Javier May Rodríguez acusó que era líder de La Barredora y pidió explicaciones a sus antecesores Adán Augusto López Hernández y Carlos Merino Campos, el poder ha hecho exactamente lo que mejor sabe hacer cuando se mira al espejo: cerrar filas, administrar el silencio y esperar que el tiempo borre las preguntas.
El señalamiento del 13 de noviembre de 2024 no fue menor: provenía del propio gobernador de Tabasco, quien tenía mes y medio de haber iniciado su gestión, y apuntaba al exsecretario de Seguridad que sirvió a dos administraciones estatales. No era una filtración ni un rumor, sino, más bien, una acusación directa contra uno de los hombres que durante años salvaguardó la seguridad de los tabasqueños.
Pero este expediente tiene un antecedente que puede explicar todo. El 17 de octubre de 2022, cuando el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador era presidente, salió a defender desde Palacio Nacional a su paisano Adán López, entonces secretario de Gobernación, ante cuestionamientos que vinculaban a Bermúdez con La Barredora.
En su mañanera, lo calificó de “hombre honesto” (sic) y desacreditó los señalamientos como ataques políticos. Así, desde entonces quedó claro que el caso no caminaría como un asunto ordinario de justicia, sino como un problema de lealtades.
Con el paso del tiempo, la ruta ha sido precisa. Bermúdez Requena fue detenido, llevado a proceso y exhibido como jefe criminal. La justicia avanzó sin titubeos contra el subordinado, mas cuando tocó mirar hacia arriba el proceso se congeló. Los gobernadores que lo nombraron y lo sostuvieron quedaron fuera de cualquier radar judicial.
Por los días en que detonó el escándalo, el senador López incluso lanzó un desafío público: afirmó estar a disposición de cualquier autoridad que quisiera llamarlo. Retador, lo dijo varias veces. Pero la escena decisiva no fue su declaración, sino el silencio posterior, ya que ninguna Fiscalía lo ha inmiscuido y ninguna investigación lo ha requerido, ¡ni siquiera con un citatorio como mero trámite administrativo!
Hoy el contraste es revelador. Hay detenidos, procesos penales y cuentas congeladas. Lo único que no hay son explicaciones del poder. Nadie ha dicho cómo un supuesto capo llegó, permaneció y ascendió dentro de la estructura de seguridad del estado sin que sus jefes se enteraran de sus actividades delictivas.
Más de 14 meses después, el expediente ya no habla solo de delincuencia organizada. Habla de algo más profundo: un sistema político que supo protegerse, blindar a los suyos y dejar que el tiempo absolviera lo que las instituciones se negaron a investigar.
Esto, mientras el reloj institucional sigue corriendo. El próximo 24 de marzo, la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) debe cerrar la investigación complementaria, tras la ampliación que le concedió un juez federal el 23 de diciembre de 2025, y decidir si este expediente se limita a castigar al ejecutor o si, por primera vez, se atreve a preguntar quién lo puso ahí, quién lo sostuvo y quién se hizo de la vista gorda. No es un trámite menor: es el momento procesal en el que se define si habrá nuevas líneas de investigación o si el caso quedará definitivamente encapsulado, toda vez que después de esa fecha lo que no se haya indagado oficialmente difícilmente se investigará jamás.
Y entonces el mensaje quedará claro: en Tabasco la justicia puede escalar hasta los criminales visibles, pero se detiene exactamente donde empiezan los nombres incómodos.
Las apuestas en el edén de AMLO son que ni siquiera se llegará al ex mandatario interino Merino Campos, en cuya gestión estalló el caso, si bien las investigaciones oficiales involucran a Bermúdez con La Barredora desde 2019, cuando arrancó el sexenio del ahora presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta.
Pensar que va ser indiciado el actual senador al que López Obrador llamaba “hermano”, es, simplemente, una broma de mal gusto.
En Tabasco solo quedan esperanzas y son que la presión del presidente estadunidense Donald Trump al gobierno mexicano por la narcopolítica le haga justicia a las cientos de víctimas tabasqueñas que cayeron ante La Barredora y se castigue a los responsables de arriba y no solo al Comandante H.
