Entresemana Información entresemana que forma opinión
RODULFO REYES
VILLAHERMOSA, Tabasco. A dos años de que surgiera la primera evidencia pública de que Hernán Bermúdez Requena encabezaba La Barredora, según acusaciones del propio gobierno de Tabasco, el ex secretario de Seguridad se encuentra recluido en el penal del Altiplano. Sin embargo, no enfrenta cargos por delincuencia organizada ni por haber construido una estructura criminal desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), sino por asociación delictuosa, secuestro y extorsión.
La tipificación resulta menor frente a los señalamientos que pesan en su contra. Antiguos colaboradores, tanto dentro de la corporación como en la organización criminal, lo han acusado de autorizar ejecuciones de policías y de permitir el uso de patrullas y armamento oficial en operaciones del cártel local vinculado al CJNG. Aun así, el proceso judicial avanza sin reflejar la dimensión del control territorial ni del clima de terror que se instauró durante su gestión.
El 22 de diciembre de 2023 hubo una balacera en el domicilio particular del entonces jefe policiaco. Bermúdez negó que se tratara de un enfrentamiento y sostuvo que solo fueron disparos al aire realizados por sujetos que ingresaron a su fraccionamiento.
Esa versión no resistió el paso del tiempo.
Carlos Tomás “N”, El Licenciado Tomasín, identificado como su secretario particular y detenido meses después en Puebla, declaró que el enfrentamiento ocurrió porque Bermúdez tendió una trampa a uno de sus propios socios apodado El Prada. En represalia, este secuestró a dos agentes de la SSyPC que formaban parte de la escolta del secretario.
Convertido en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), Tomasín afirmó que, para distender el problema entre ambos, Bermúdez acordó con El Prada el asesinato de esos policías, con la condición de que fueran ejecutados en Chiapas, para evitar que las muertes se contabilizaran en las estadísticas de homicidios dolosos de Tabasco.
Los cuerpos, decapitados, aparecieron poco después en los límites entre ambos estados.
Ese episodio marcó un parteaguas: por primera vez, dentro de una investigación oficial quedó asentada no solo la vinculación directa de un jefe policiaco sino el liderato mismo de este en una organización criminal fundada dentro del gobierno.
En los hechos, el llamado Comandante H fue el primer secretario de Seguridad de la 4T involucrado directamente con el crimen organizado.
En la carpeta de investigación consta que el entonces gobernador interino, Carlos Merino Campos, le pidió a Bermúdez “que calmara a su gente”, debido a que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador pasaría las fiestas decembrinas en Tabasco.
Para ese momento, Hernán ya había perdido el control de La Barredora. Su círculo cercano operaba con autonomía y se sentía con margen suficiente para mantener la violencia sin atender directrices institucionales.
El 5 de enero de 2024 presentó su renuncia. En el acto oficial donde se anunció su salida, el entonces secretario de Gobierno, José Antonio de la Vega Asmitia, le agradeció su desempeño y le deseó éxito en lo que viniera.
Tras su salida, la violencia escaló. La Barredora recurrió a prácticas extremas, incluidas ejecuciones difundidas en redes sociales, y presionó al nuevo gobierno de Javier May Rodríguez, al que desde el inicio impuso condiciones políticas como la destitución de mandos de seguridad y del fiscal estatal.
El 13 de noviembre del año pasado, a dos meses y medio de haber asumido el cargo, el propio gobernador reconoció en rueda de prensa que en Tabasco era un secreto a voces que el “comandante” de La Barredora era Hernán Bermúdez.
Por esas fechas, la Fiscalía General del Estado (FGET) abrió una carpeta de investigación contra el exfuncionario; el 14 de febrero siguiente, un juez local libró orden de aprehensión por asociación delictuosa, secuestro y extorsión.
Un día después de que se emitiera la orden en su contra, Bermúdez huyó del país por vía aérea desde Mérida, Yucatán, su tierra natal.
Fue detenido en Paraguay el 12 de septiembre de este año y expulsado cinco días después. Su repatriación a México resultó, cuando menos, irregular: el vuelo se retrasó 19 horas —13 varado en Bogotá y seis en Tapachula— y hasta hoy no se ha informado quiénes lo entrevistaron de manera extraoficial durante ese lapso.
Más llamativo aún es que su defensa haya obtenido un amparo definitivo para evitar que sea procesado por delincuencia organizada, el delito que daría coherencia jurídica al cúmulo de hechos que se le atribuyen.
Especialistas advierten que el caso avanza hacia un desenlace previsible: la eventual libertad del ex secretario. La señal más clara es que, hasta ahora, no ha sido imputado por autorizar el uso de recursos públicos —patrullas, armamento y personal de la SSyPC— en beneficio de La Barredora.
