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GUILLERMO PIMENTEL BALDERAS. En julio de 2020, el presidente López Obrador refunfuñó contra un desplegado emitido por periodista e intelectuales, denominado: “Contra la deriva autoritaria y la defensa de la democracia” y, advirtió que si hacen alusiones a su persona siempre ejercerá su Derecho de Réplica y que difícilmente se quedará callado.
En esa fecha –hace más de dos años- se publicó: “Si me involucran voy a ejercer mi derecho de réplica, ¿o no creen que deba hacerlo? Para mi va a estar difícil (quedarse callado) porque siempre digo lo que pienso. Si la gente me recomienda que no responda, no lo haría”, dijo.
Y, en febrero de 2022, López Obrador respondió, tras varias manifestaciones desde el extranjero para proteger a los periodistas: “No hay represión y vamos a garantizar siempre el derecho a disentir, pero queremos también tener el Derecho de Réplica, o ¿la libertad de expresión aplica para unos y para otros no?, ¿se tiene que silenciar el presidente?, ¿no ejercer la libertad?”, cuestionó.
López Obrador, nunca la ha otorgado un derecho de Réplica, al contrario, acusa y recrimina sin pruebas a los periodistas, principalmente. La Jornada –hasta el momento de la publicación de esta columna-, no ha cumplido con un mandato constitucional del Derecho de Réplica de un ciudadano mexicano.
Cruz Alberto Uc Hernández, nos hace llegar un escrito en el cual señala que, hasta el cierre de esta columna, no hay evidencia del cumplimiento a su petición de Derecho de Réplica a La Jornada.
Recuerda que este periódico el día 3 de febrero en su portal de noticias, luego, el 4 de febrero, publicó en la versión impresa y en su página oficial de facebook, lo que considera, sin duda, un “profundo agravio”, ya que su publicación fue retomado por otros medios informativos, impresos y digitales, con una extensa difusión nacional e internacional “con una noticia que falta a la verdad”.
En su solicitud de Derecho de Réplica pide, con base al art. 8 Constitucional, ejercer su Derecho de Réplica consagrado en el art. 6 Constitucional. Asegura que en la lectura de la nota periodística (de Gustavo Castillo) se concluye inequívocamente que fue delegado de Sagarpa en el Estado de Chiapas durante el período del año 2015 hasta el 2018. Refuta: “esa información es falsa, ya que un servidor fue delegado en esta entidad federativa a partir del 1 de enero de 2017 hasta el 8 de marzo de 2018”.
La nota, afirma, le causa un agravio social y moral al dar la impresión que los hechos que se le atribuyen es de no haber integrado los expedientes de los apoyos otorgados a los productores beneficiados por el Programa PIMAF 2016 y que, fue parte de su responsabilidad. Sin embargo, refuta: “En el año 2016 fueron funcionarios diferentes a un servidor quienes tuvieron la obligación y responsabilidad legal de integrar, dictaminar y resguardar los expedientes y, registrar en el expediente electrónico SURI todas las solicitudes de los productores beneficiados”.
Uc Hernández, menciona que hasta esta fecha, “al no atender la solicitud a mi Derecho de Réplica y, aclarar este punto central de argumentación en su nota, me impide argumentar con los demás medios impresos, digitales y redes sociales, que erróneamente le han dado crédito a las afirmaciones falsas de La Jornada”.
Por lo tanto, la señora Carmen Lira tiene la decisión de que se publique este Derecho de Réplica en los mismos términos y medios, sean físicos o digitales, con la finalidad de hacer valer los derechos humanos del afectado y, así, demostrar la ética periodística del medio, cumpliendo con los preceptos constitucionales a los que están obligados: imparcialidad y objetividad.
Ya lo dijo el presidente: “…queremos también tener el Derecho de Réplica, o ¿la libertad de expresión aplica para unos y para otros no?”. ¡Órale!
