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GUILLERMO PIMENTEL BALDERAS
Hoy en día cada vez, niños, niñas y adolescentes pasan más tiempo conectados a Internet, un medio que les brinda grandes oportunidades para encontrar información, continuar con sus actividades educativas y estar en contacto con sus seres queridos.
Hay empresas que se valen de la Política de Uso Justo en sus contratos de servicio de Internet para aplicarla a las redes sociales “ilimitadas” de todas las ofertas en México.
En la actualidad, el Internet no es un lujo, es una necesidad, y limitarlo es ir en sentido contrario al derecho a la conectividad y al bienestar social. La mayoría de los operadores en México ofrecen redes sociales ilimitadas en sus paquetes prepago y planes tarifarlos, y todos se basan en la Política de Uso Justo, por ello, siempre es recomendable leer los términos y condiciones del paquete para saber cuál es la cantidad de datos que se pueden usar en esas aplicaciones ilimitadas antes de que la velocidad se vea reducida por tiempo limitado.
Es decir, detrás de toda la oferta de planes y paquetes de datos ilimitados hay que poner mucha atención a la Política de Uso Justo que normalmente está en las famosas “letras chiquitas”.
Existen millones de familias que han visto vulnerado su derecho a un consumo libre, justo y transparente de este servicio por parte de algunas empresas al respecto.
En este sentido, la diputada Elizabeth Mateos hizo una solicitud en el Congreso capitalino a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco): investigar la violación a derechos de consumo por parte de Totalplay, cuyo dueño es Ricardo Salinas Pliego.
La realidad es que, en nuestro país son millones de familias que han visto vulnerado su derecho a un consumo libre, justo y transparente del servicio de Internet y Totalplay, una de las principales empresas de telecomunicaciones en México, decidió en forma unilateral establecer topes de consumo en planes comercializados como “ilimitados”.
En base a este contexto, la legisladora Mateos Hernández (Morena) en el Congreso de la Ciudad de México, exhortó a la Profeco poner en claro las demandas y, en su caso, sancionar las prácticas de modificación unilateral en las condiciones del servicio de Internet por parte de esta empresa, y también, en particular, a aquellas que implican establecer topes de consumo en servicios comercializados como “ilimitados”, para garantizar el respeto a los derechos de las y los consumidores.
La legisladora subió a tribuna la molestia e inquietud de los consumidores de este servicio por medio de una iniciativa para reprender a la empresa Totalplay que, de manera unilateral y sin el consentimiento de sus personas usuarias, modificó las condiciones de sus contratos para establecer topes de consumo en planes que originalmente se comercializaron como “ilimitados”, lo cual es una clara afectación a sus derechos, apunta.
Indica que la compañía impone límites de datos mensuales y, al rebasarlos, aplica cobros adicionales de hasta 110 pesos por cada 100 gigas extra. “¿Y saben cuál fue la “solución” que propusieron?”, pues, “si no estás de acuerdo, llama y pide que te regresen al plan anterior”, describe.
Sin embargo, relata que diversas personas usuarias han reportado tiempos de espera de más de 40 minutos para que las atiendan, y que, una vez lograda la comunicación, les es difícil conservar su plan anterior, ya que las operadoras intentan disuadirlas o les ponen trabas.
Confía que, Profeco continué en la ruta de la investigación y de hacer respetar lo establecido en los contratos del caso, porque: “El que paga, manda. Y quien contrata un servicio tiene derecho a que se le respete lo pactado”. Así de simple y claro.
Dice mi abuelita: ¡Que pena me da ver una sociedad descompuesta y agachona!
