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¡Se lee terrorífico…! Pero es verdad…
GUILLERMO PIMENTEL BALDERAS
Podría haber enfrentamientos entre pobladores de la sociedad rural pues, se perciben “focos rojos” en 2025 por conflictos agrarios. Esto, ante un ínfimo presupuesto y sin políticas públicas que podrían afectar gobernabilidad y estabilidad social en territorios agraristas.
La Central Campesina Independiente (CCI) alertó que indígenas que habitan en ejidos y comunidades en el país enfrentan en pleno siglo XXI, rezagos en el ejercicio de sus derechos humanos. Asimismo, difíciles condiciones de vida y acceso a la justicia agraria, situación que se agudizaría en los próximos seis años y podría afectar la gobernabilidad y la paz social.
Urge una Nueva Política Agraria y que el Estado retome su conducción, rectoría y dé solución a los conflictos agrarios, ya que al no ser atendidos pueden terminar en enfrentamientos entre los mismos pobladores. Es decir, la paz social esta en vilo.
Expone que el Gobierno olvidó asignar presupuesto en 2025 para solucionar más de 500 conflictos agrarios que afectan a 352 núcleos agrarios, siendo 80 de gran relevancia por su impacto social y medio ambiental por lo que se corre el riesgo de que se conviertan en “focos rojos”, mientras se privilegió la construcción de vivienda y convirtió a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en ¡“promotora inmobiliaria”!
Cuestiona:”De nada sirve que la Sedatu se encuentre entre las dependencias con mayor incremento presupuestal de 183% para 2025 y el Programa de Vivienda Social tendrá 32,000 millones de pesos, lo que representa 84.1% del presupuesto total si deja en el olvido a los núcleos agrarios”.
La estrategia a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda del Gobierno Federal, en donde Sedatu tendrá amplia participación, se enfoca en facilitar el acceso a la vivienda para personas de bajos ingresos… pero: “no evaluó la importancia de la paz social en el ejido y la comunidad por límites o linderos”.
No se puede soslayar el compromiso que se tiene con el campesinado y los indígenas, sobre todo cuando la mayor parte de los recursos naturales del país se encuentran en ejidos y comunidades, señala y precisa: “el 70% de bosques y su biodiversidad, así como las dos terceras partes de los recursos hídricos del país se encuentran en los 99.7 millones de hectáreas de propiedad social. Del porcentaje antes citado, 62 millones de hectáreas son cubierta forestal y están en manos de 15 mil 481 núcleos agrarios, pero además son tierras de uso común”.
Para el 2012 México ya había perdido el 34% de su cobertura en bosques y selvas mientras que el 45% del territorio padecía algún tipo de degradación. “La cubierta forestal se reduce en casi 90 mil hectáreas al año, principalmente por el crecimiento urbano y aumento de la superficie agropecuaria (según Semarnat en 2020)”.
De entre las demandas de los pueblos originarios en materia de conflictos está el de la tribu Yaqui de Sonora que reclama 491 mil 649 hectáreas que le fueron dotadas durante el Gobierno Federal del General Lázaro Cárdenas.
De igual manera, las comunidades indígenas de la Selva Lacandona (lacandones, tzeltales y choles) solicitan la delimitación y seguridad jurídica de sus tierras, así como de la reserva natural más importante del país.
Se requiere atención prioritaria a comunidades agrarias indígenas de los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Estado de México y Michoacán pues… carecen de reconocimiento y titulación de sus bienes comunales; y hay otras que no cuentan con un censo actualizado o con órganos de representación reconocidos y registrados. CCI advierte: “Estos rezagos son fuente de conflictos que se convertirán en focos rojos afectando la gobernabilidad y la paz social”.
