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>> Estamos viviendo en Nicaragua una dictadura pura y dura
>> Ortega practica una retórica completamente mentirosa
>> La pareja gobernante de Ortega y Murillo ha cometido crímenes de lesa humanidad
Genaro Rodríguez Navarrete
Ciudad de México, 23 de octubre (entresemana.mx). Para Mónica Baltodano, exguerrillera y activista social, “la de Nicaragua es una sociedad mínimamente democrática. Una situación que se ha prolongado por cinco años, desde el estallido social de 2018, que tuvo su origen en protestas por la reforma de la seguridad social”.
“A partir de entonces”, explicó en entrevista, “lejos de transitar a una solución pacífica, mediante los mecanismos disponibles en una sociedad democrática, se ha castigado claramente por el simple hecho de tener una opinión diferente al gobierno”.
Denunció, además, que se han reprimido las libertades de asociación y de prensa. “Por ejemplo, ya hay 3,400 organizaciones que han sido clausuradas, ilegalizadas y muchas de ellas, sus bienes confiscados. El principal medio de oposición desde la dictadura de Somoza, La Prensa, un diario conservador, ha sido cerrado y sus instalaciones confiscadas, de forma totalmente arbitraria. Igualmente, el periódico El Confidencial y la televisora 100% noticias. Realmente, los únicos medios que existen en Nicaragua están controlados por el gobierno o la familia de Ortega, dueña directa de la mayoría de los canales de televisión abierta”.
“Hay 27 universidades que han sido cerradas incluyendo la Universidad Centroamericana (UCA), una institución de más de 60 años, propiedad de los jesuitas”, añadió.
“Han cerrado la Cruz Roja y asociaciones de caridad que brindaban atención a ancianos, ya no digamos a mujeres violadas. Todas están cerradas”.
“Literalmente vivimos bajo un régimen claramente dictatorial, más cerrado que la propia dictadura de Somoza, la cual derrotamos en 1979”, señaló.
“No puedo dejar de mencionar que hay una virtual persecución religiosa, con más de cien sacerdotes presos y desnacionalizados, además de monjas expulsadas. De los clérigos en prisión, hay un obispo condenado a 26 años de cárcel.
“También hay una persecución contra los indígenas, particularmente de las etnias mayagna y misquita, sometidas a procesos de despojo, con más de 70 de sus miembros asesinados y más recientemente, su organización política, resultado de un régimen de autonomía establecido en la Revolución, que le dio derecho a tener sus propias organizaciones políticas para elegir sus autoridades regionales, fue clausurada, ilegalizada y sus principales líderes guardan prisión”.
“El panorama se puede profundizar al considerar que en las protestas del 2018 hubo más de 350 asesinados, más de 800 presos y más de 2000 heridos.
“Literalmente estamos viviendo en Nicaragua una dictadura pura y dura”, sentenció Baltodano.
“Ha dado lugar a más de 600,000 personas que han salido del país. Eso es como el 11% de la población nicaragüense. Más de 200,000 refugiados políticos en el exilio, como 314 personas privadas de la libertad, confiscados nuestro bienes y que nos quitaron pensiones de jubilación”.
—Usted conoce bien a Daniel Ortega Saavedra, ¿qué pasó con él? ¿En qué momento se transformó?
—Sí lo conozco. Fui ministra en el gobierno en los años 80. Trabajé de cerca con él. Después, en los 90 también lo acompañé en las luchas de resistencia contra las políticas neoliberales. Pero creo que era portador de lo que yo le llamo el virus del poder. Una vez que sale del poder por la vía democrática en el 90, cuando el Frente Sandinista dio una lección democrática al entregar el poder, sin discusión alguna frente a la votación mayoritaria de la gente, se propuso el retorno al poder y en ese momento se produce una mutación determinada por intereses materiales, por el nacimiento de un nuevo grupo económico capitalista encabezado por Ortega.
Además se construyó un núcleo que surge dentro de las estructuras artífices de la Revolución. Un grupo económico capitalista con todas sus formas que muta los intereses de aquélla organización transformadora.
Ortega no dudó en tejer alianzas con la jerarquía católica que había sido parte de la contrarrevolución y hace arreglos con una de las organizaciones más derechistas en el año 1999, ya estaba en el poder Arnoldo Alemán, uno de los presidentes más corruptos en la historia de Nicaragua. En esos pactos, se reparten las instituciones del Estado, por lo que Ortega empieza a tener poder incluso antes de regresar al gobierno.
Para mí, la base de las mutaciones de Ortega está en los intereses materiales y económicos que ya no giran alrededor de un proyecto transformador, sino de un plan personalista, familiar, de un grupo económico que se enriquece y empieza a pensar como capitalista. Cuando Daniel regresa al poder ya es otro. De revolucionario ya no le quedaba nada. Toda su política económica desde el 2007 fueron políticas netamente capitalistas neoliberales. Por tales intereses, no dudó cuando consideró necesario reprimir y después escalar a un régimen totalmente autoritario, incluso sultánico, diría yo, porque es un control total de todos los poderes del Estado.
—Algunos comentaristas indican que Ortega se parece cada vez más a Anastasio Somoza Debayle.
—Yo diría que Somoza fue un dictador y en la parte final, por los 60 y 70, utilizó el argumento del anticomunismo para encubrir lo que era un modelo además de entreguista a los intereses norteamericanos, un proyecto personal de enriquecimiento, de él y su núcleo más cercano. A diferencia de Somoza, Ortega lo hace con el argumento de llevar adelante una lucha antiimperialista y ahí es, tal vez, uno de los elementos más duros y dramáticos que nos toca vivir a quienes nos reivindicamos de izquierda y luchadores sociales, porque hace todo eso con un discurso y una retórica completamente mentirosa y contraria a lo que realmente implementa. Pero eso le permite no solamente confundir a parte de la base histórica sandinista, sino a una parte del mundo que apuesta a una transformación revolucionaria.
—¿Cómo ocurrió ese viraje?
—Ortega juega en el plano internacional de una manera totalmente oportunista. Si uno revisa toda su propuesta cuando llega al poder en el 2007, era un proyecto que giraba alrededor de la reconciliación, del perdón, de que no volvería a pasar lo ocurrido en los 80. Pero de inmediato establece un acuerdo profundo, casi de cogobierno, con los grandes empresarios de Nicaragua. Y, a la vez, mantuvo una excelente relación con los Estados Unidos porque a los norteamericanos les importaba llevar a cabo el tratado de libre comercio, sus políticas neoliberales, con políticas macroeconómicas que le dieran estabilidad al país. Todo eso lo hizo bien durante sus primeros diez años de gobierno. Incluso fue un gran apoyo para los Estados Unidos en su política de contención migratoria. Ortega estableció en nuestra frontera sur, literalmente, un muro que impedía el tránsito de los migrantes.
También fue muy colaborador en la política de seguridad de los Estados Unidos a través del eufemismo de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Oficiales del ejército tenían excelentes relaciones con el Comando Sur.
Eso se quiebra en el 2018, cuando frente a las violaciones brutales a los derechos humanos, los Estados Unidos empiezan a presionar.
Y entran en crisis además las relaciones con el gran capital.
No obstante, Ortega ha mantenido como su principal socio comercial a los Estados Unidos. El 60% del comercio de Nicaragua se realiza con la Unión Americana.
Igualmente, mantuvo relaciones intactas hasta 2022 con Taiwán y entró en relaciones con China. De manera oportunista se ha movido buscando colocar su proyecto en un marco geopolítico que le favorezca a su discurso, su relato mentiroso, de que él está impulsando un proyecto cristiano, socialista y solidario.
Ortega se coloca en esta aparente confrontación de nueva Guerra fría del lado de Rusia y China; aunque con ellos las relaciones comerciales son de casi cero.
—En este contexto, ¿cuál ha sido la reacción de Estados Unidos?
—Para mí, los Estados Unidos replican la retórica de Ortega. Ortega aplica un discurso antiimperialista cuando le conviene y en la práctica sigue con su política de buenas relaciones favoreciendo las inversiones y las explotaciones mineras a cielo abierto. Es un esquema capitalista en su forma más neoliberal con una retórica antiimperialista. Los Estados Unidos de alguna manera hacen lo mismo: una retórica que condena la violación de los derechos humanos; pero manteniendo en la práctica, las mismas relaciones materiales.
—En los hechos, es evidente que prevalece cierta tensión entre Managua y la comunidad internacional.
—En la práctica, Ortega rompió con todos los mecanismos de derechos humanos, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y no ha dejado entrar al grupo de expertos de Naciones Unidas, quienes han establecido que la pareja gobernante ha cometido crímenes de lesa humanidad. Nicaragua está aislada completamente. Ortega apuesta al control particularmente de la policía, que la ha convertido en una especie de ejército pretoriano. Y a partir del control de la fuerza, él se mantendrá en el gobierno sin elecciones, sin libertades, sin respeto a los derechos humanos. Esa es la apuesta de Daniel Ortega. Por ello ha decido romper con la comunidad internacional.
En general, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), recientemente organismos como el Grupo de Puebla, los gobiernos de Chile, Colombia y Brasil han condenado las violaciones a los derechos fundamentales en Nicaragua. Salvo excepciones como Rusia, China e Irán, regímenes con los que Ortega mantiene una relación muy fluida y le ayudan en el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero realmente muy pocos países quedan ya que le den su aval a las brutalidades cometidas contra nuestra gente.
—La OEA, en particular, ha emitido varias recomendaciones.
—En estos cinco años, la OEA ha emitido una serie de resoluciones condenatorias a la violación de derechos humanos. La más reciente nos parece importante porque fue aprobada por unanimidad cuando en otras ocasiones hubo rupturas del consenso. Pero esta fue una declaración que condena el cierre de la UCA y el Instituto Centroamericano de Administración Pública, la persecución a los sacerdotes. Logró un gran consenso. Y en este mes de noviembre, Nicaragua quedará excluida de la OEA, aunque no excluida de todos los tratados que ha firmado y que no ha protestado.
—¿Qué opina del papel de México ante lo que ocurre en Nicaragua?
—Recordamos que en la lucha contra la dictadura de Somoza, México jugó un rol importante al recibir a centenares de compatriotas que huían de la represión, combatientes que se fueron allá a reorganizar, su papel en la OEA como parte de las naciones que rompieron relaciones con el régimen de Somoza y contribuyeron a encontrar una salida final que permitió acabar con esa dictadura.
Nosotros esperamos que todos los pueblos sigan empujando esa línea de ruptura con un gobierno que cada día violenta los derechos más elementales de los nicaragüenses.
Apelo a que los pueblos tenemos que ser solidarios entre nosotros. Hoy Nicaragua está viviendo una situación particularmente difícil. Sus ciudadanos se sienten afectados en las cosas más elementales como la libertad. Esperamos que como ayer, pueda abrirse nuevas páginas de solidaridad entre el pueblo mexicano y el pueblo de Nicaragua.
—¿Qué soluciones concretas propone para remontar la crisis de Nicaragua?
—Nosotros enfatizamos que el fin de la dictadura de Ortega deber ser una tarea principalmente de los nicaragüenses. Apostamos a reorganizar bajo modalidades no armadas, porque no podemos olvidar que en los años 70, lo que se nos impuso, por las condiciones concretas e históricas, fue la lucha armada. Pero en pleno siglo XXI, son tiempos en donde lo que impera es la búsqueda de la salida de la dictadura por la vía democrática, por la vía pacífica. Ese es el camino que ha escogido el pueblo nicaragüense, la mayoría de la juventud. Son pocas las voces que se alzan hablando de volver a la lucha armada.
En ese camino, pacífico y cívico, el protagonista debe ser el pueblo organizado de Nicaragua. Y que la comunidad internacional tiene un rol muy importante, pero complementario. No podemos pedir que la comunidad internacional resuelva nuestros problemas. Somos nosotros los que debemos buscar soluciones. Hay mucha discusión y duda sobre la eficacia de los bloqueos, caminos que siguen de manera vertical algunas naciones. Para muchos nicaragüenses no es la vía. Creemos que el camino debe ser aislar, denunciar y no respaldar al régimen. Eso sí nos parece importante.
—¿Lo que usted sugiere es una nueva revolución, ya no por la vía de las armas, sino con los instrumentos que dispone la democracia
—Así es. Y con todas las lecciones aprendidas. Obviamente, el hecho de haber transitado de una revolución, a tres gobiernos neoliberales y terminar en un régimen que utilizando las palabras, los símbolos, el discurso, los muertos que dio aquella lucha heroica, ha instalado una dictadura. Ahí hay un montón de reflexiones y lecciones que tenemos que desentrañar para que podamos plantearnos el retorno de una democracia no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista social, económico o de la inclusividad de todos los sectores que históricamente han sido excluidos. Hay que hacer una reflexión de cómo fue posible pasar de una revolución tan hermosa, que concitó tanto respaldo internacional; a un régimen que en su nombre, manipulando la historia, terminó siendo una dictadura terrible, excluyente y hasta criminal, como la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
—En el 2023, ¿el ideario de Augusto César Sandino sigue vigente?
—Para nosotros la figura de Sandino sigue vigente. Reivindicó la soberanía nacional, la independencia con respecto al imperialismo que de manera sucesiva invadía y hacía presencia directa, en complicidad con las élites. Debemos de tener claro que los proyectos imperiales siempre tienen cómplices y élites que se coluden. Sandino demandaba la existencia de una nación que fuese capaz de dirimir su propio destino.
Y hay que decirlo, en México, Sandino vivió y compartió experiencias con los obreros, el anarcosindicalismo y los Flores Magón. De ahí levantó banderas de transformación social, reivindicando el cooperativismo y el acceso a la tierra de una manera socializada. Todo eso para nosotros tiene una gran vigencia.
Ya no digamos las banderas que Carlos Fonseca y otros fundadores del primer Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), quienes se proponían profundas transformaciones de la realidad y que siguen siendo necesarias porque Nicaragua es un país donde las mayorías están excluidas de la riqueza.
Pero la lógica de Daniel Ortega es la antítesis de esas banderas. Lo que hace es manipular el sandinismo y la invocación a la revolución para su proyecto personal de poder, centrado en intereses oligárquicos.
—¿Qué papel ha jugado el ejército en esta fase?
—En Nicaragua, las instituciones armadas, tanto la policía como el ejército, nacieron totalmente de la Revolución. Lamentablemente, después de un periodo de gran legitimidad entre la sociedad, como instituciones apolíticas y apartidistas, con la llegada de Ortega al gobierno en 2007, inició un proceso de subordinación, por la vía de las reformas jurídicas como de la corrupción. De manera que en 2018, la alta oficialidad del ejército no reaccionó frente al uso de la policía para reprimir y el uso de un tercer cuerpo que fueron los paramilitares. Ortega no sólo reprimió usando a la policía, sino armando cuerpos paramilitares que no debieron ser permitidos por el ejército. Desde entonces, hemos vivido un proceso de corrupción en el cual uno de los mecanismos de Ortega ha sido mantener congelada la jefatura, aun en contra de lo acordado legalmente de que el jefe del ejército tenía que durar cinco años. La policía ha sido convertida en un ejército al servicio de Ortega. Incluso, el mismo ejército nacional ha pasado a un segundo plano porque Ortega se siente mucho más seguro con la subordinación de la policía, a la que le ha dado recursos, armas, tecnología, labores de inteligencia. Ambos cuerpos, particularmente la policía, están involucrados en los crímenes que se han denunciado en estos cinco años.
Además, mediante fraudes, Ortega controla el poder judicial, el poder electoral, el poder legislativo, las alcaldías, eliminó la autonomía universitaria y a partir del fraude de 2011, cuenta con el 70% del parlamento, que le permite reformar la constitución. Entonces hizo modificaciones para garantizar la subordinación directa de la policía y el ejército.
—¿Cuál ha sido el papel del poder judicial?
—Completamente nefasto. No existe independencia de poderes. El poder judicial hace lo que Ortega le manda y si algún magistrado no hace caso, lo elimina porque tiene control de la asamblea. Ha llegado al extremo de quitar 30 o 40 diputados de un partido. Los saca del parlamento. Eso ocurrió en el 2016. Lo hizo en el 2017. No hay autonomía de ninguno de los poderes del Estado. Todos están subordinados a Daniel Ortega y a su esposa. Ya no hay partidos. El mismo Frente Sandinista no es un partido. Es un aparato. Ortega ha convertido todo en aparatos a su servicio.
—Otro factor es el narcotráfico. ¿Cuál ha sido su rol?
—Casualmente, en estos días se publicó un estudio en el que se ha establecido que en Nicaragua está operando una relación estrecha entre la narcoactividad, el tránsito de las drogas, con la complicidad del gobierno. Esto es así porque la misma crisis política que se abrió en el 2018, ha limitado los recursos de que disponía el gobierno, por lo que se está recurriendo a la narcoactividad.
—¿Qué opina del éxodo migratorio que se ha registrado en años recientes?
—Es el reflejo de la situación económico social que están viviendo nuestros países, también del factor del autoritarismo y de la inseguridad derivada de actuaciones del crimen organizado, muchas veces muy cercano a las élites económicas y políticas.
Nicaragua no era un gran expulsor de migrantes, pero desde el 2018, a la fecha, ya suman más de 700 mil. Esto es el resultado de la crisis política, social y la inseguridad debido a la persecución política. Todo esto se está multiplicando en nuestras naciones. Y esto provoca el fenómeno de las migraciones. Por eso la solución no está en medidas represivas, sino en las transformaciones que hay que hacer en cada una de nuestros países para darles oportunidades a las grandes mayorías. Oportunidades de trabajo, una vida digna y de condiciones materiales de existencia que lamentablemente se ve, no lo estamos logrando, porque cada día hay más migración a Estados Unidos, en busca de soluciones mágicas.
Perfil
Mónica Baltodano Marcenaro (León, Nicaragua, 1954) es licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y maestra en Derecho municipal por la Universidad de Barcelona.
Ha participado en las luchas estudiantiles y sociales de finales de los años 60. En 1972, se incorporó a las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). En 1979 pasó a la vida clandestina. Nombrada comandante guerrillera sandinista en 1979. Fue prisionera de la dictadura de Somoza. En los años 80 ocupó los cargos de viceministra de la Presidencia y ministra de Asuntos Regionales en el gobierno revolucionario.
Fue integrante de la dirección del FSLN en 1994 y diputada en los periodos de 1997-2002 y 2007-2012.
Preside la organización no gubernamental Popol Na cuya personería jurídica fue cancelada y sus bienes ocupados en 2018. Vive exiliada en Costa Rica con su esposo Julio López, director de relaciones internacionales del FSLN en los años 80. Ambos fueron desnacionalizados y todos sus bienes confiscados.
Entre otras obras, ha publicado cuatro volúmenes de Memorias de la lucha sandinista (disponibles en www.memoriasdelaluchasandinista.org).
