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SOFÍA CARVAJAL
Nos convoca una encrucijada histórica, pero también una pregunta esencial: ¿Por qué, pese al conocimiento disponible, a los recursos naturales y al talento humano, tantas naciones siguen atrapadas en el subdesarrollo y la desigualdad?
James Robinson y Daron Acemoglu, en Why Nations Fail, nos ofrecen una respuesta contundente: las naciones no fracasan por su geografía, ni por su cultura, ni siquiera por su nivel educativo. Fracasan porque están atrapadas en instituciones extractivas, diseñadas para concentrar poder y riqueza en pocas manos, y para excluir sistemáticamente a las mayorías del acceso real a oportunidades, derechos y decisiones.
Hoy, cuando el Índice de Desarrollo Humano retrocede por tercer año consecutivo hasta niveles no vistos en 35 años (UNDP), esta tesis resuena con fuerza. Más de mil 100 millones de personas viven en pobreza multidimensional, la mitad de ellas niños y niñas. Este retroceso no es un accidente: es el resultado directo de estructuras institucionales que bloquean el desarrollo inclusivo.
América Latina y África: continentes ricos, instituciones débiles
América Latina y el Caribe, así como África, comparten una historia de colonialismo y de subordinación en la arquitectura financiera global. Pero más importante aún, comparten una herencia persistente de instituciones débiles o capturadas, que no promueven el crecimiento inclusivo, sino que lo limitan para proteger intereses de élite.
En nuestra región, uno de cada cuatro latinoamericanos sufre privaciones múltiples en ingreso, salud, educación o vivienda (CEPAL). Sin sistemas fiscales progresivos, sin protecciones sociales universales y con una desigualdad desbordada, la región ha caído en lo que Acemoglu y Robinson llamarían un círculo extractivo: concentración del poder → desigualdad → frustración social → respuestas autoritarias → más concentración del poder.
México: el Estado de Derecho en jaque
México representa con claridad esta paradoja. Cuarenta y seis millones de mexicanas y mexicanos viven en pobreza, y el país ha descendido a la categoría de “régimen híbrido” según el Índice de Democracia (V-Dem, Freedom House). Pero el problema de fondo va más allá de los indicadores: está en el debilitamiento progresivo del Estado de Derecho.
Las reformas impulsadas por el Ejecutivo federal —como la elección popular de jueces o la desaparición de organismos autónomos— no fortalecen la justicia ni combaten la corrupción; por el contrario, debilitan los contrapesos constitucionales que limitan el abuso de poder y protegen a la ciudadanía. Según Acemoglu y Robinson, cuando se destruyen las instituciones que impiden la concentración absoluta del poder, se abre el camino a un régimen extractivo que bloquea el desarrollo y erosiona la democracia desde dentro.
El Estado de Derecho no es una formalidad jurídica: es la garantía de que el poder no está por encima de la ley. Su preservación es la condición fundamental para la existencia de derechos, la protección de libertades y la estabilidad económica a largo plazo. Cuando los poderes públicos se subordinan a intereses políticos coyunturales, y cuando los ciudadanos pierden confianza en la imparcialidad de las instituciones, el desarrollo deja de ser posible.
África: deuda, dependencia y juventud marginada
En África, la lógica extractiva se expresa en nuevas formas: una arquitectura financiera internacional injusta, deudas impagables y un sistema económico global que penaliza al Sur. Aunque el continente aporta menos del 4 por ciento de las emisiones globales, paga los costos más altos del cambio climático. Y mientras tanto, una juventud vibrante y creativa queda excluida por estructuras que no canalizan su potencial hacia el desarrollo.
Según Why Nations Fail, el crecimiento no depende del talento individual, sino del tipo de instituciones que lo permiten florecer. Y hoy, el continente africano está siendo privado de las herramientas institucionales que permitirían a su gente construir un futuro digno.
Propuestas desde el paradigma de instituciones inclusivas
Ante esta realidad, no basta con denunciar. Debemos transformar las reglas del juego, y eso exige construir instituciones inclusivas: aquellas que redistribuyen el poder, protegen la pluralidad, garantizan el acceso equitativo a los recursos y fomentan la participación activa de todos los sectores sociales. ¿Qué necesitamos?
- Un Nuevo Pacto Financiero Global Inclusivo:
Renegociar los términos de la deuda africana y latinoamericana, e implementar un impuesto mínimo a la riqueza transnacional para financiar salud, educación y transición ecológica. No hay Estado de Derecho posible cuando los Estados viven ahogados por obligaciones externas que los dejan sin capacidad de acción.
- Preservar el Estado de Derecho y blindar las instituciones democráticas:
Proteger la independencia judicial, fortalecer los órganos autónomos y garantizar una prensa libre son acciones esenciales para limitar el poder, impedir su captura y construir legitimidad democrática. Sin Estado de Derecho, las instituciones inclusivas no existen; y sin ellas, el desarrollo se convierte en privilegio, no en derecho.
- Industrialización verde y soberanía digital Sur-Sur:
Impulsar cadenas regionales de valor en energías limpias, infraestructura tecnológica y conocimiento abierto, con base en patentes públicas y financiamiento solidario. La inclusión institucional también requiere soberanía tecnológica.
- Una economía del cuidado como motor de transformación:
Reconocer y remunerar el trabajo de cuidado es reconocer el tejido que sostiene nuestras sociedades. Esta dimensión es clave para garantizar bienestar, cohesión social y empleo digno con enfoque de género.
La historia no está escrita, pero sí está en disputa. Mientras las instituciones sigan sirviendo a la concentración del poder, el desarrollo seguirá siendo una promesa rota. Preservar el Estado de Derecho no es una consigna jurídica: es una lucha política por el alma misma de la democracia y la posibilidad del progreso justo.
Como advierten Acemoglu y Robinson: sin instituciones inclusivas, no hay desarrollo sostenible, ni libertad real, ni paz duradera. Por eso, desde esta tribuna, hacemos un llamado a convertir la indignación en arquitectura política, la esperanza en construcción institucional y la solidaridad en proyecto colectivo.
*Artículo publicado en la edición del domingo 8 de junio de El Sol de México
