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JUAN GÓMEZ (Zacatecas). México vive una aguda crisis de inseguridad que muestra a un emergente crimen organizado fortalecido en amplias capas y rutas territoriales, que somete a las corporaciones policíacas, a empresarios, pequeños comerciantes y algunos gobiernos, para constituir una especia de Estado paralelo en el país.
Los cárteles de la droga como se identificaban tradicionalmente ya mutaron su campo de acción, al convertirse ahora en una especie de funcionarios criminales que cobran un impuesto a la sociedad productiva y trabajadora, ante la mirada complaciente, pasiva, cómplice, de las autoridades municipales, estatales y federales.
El avance en el control territorial del país por parte de células criminales, ha derivado en nuevas formas de extorsión en distintos giros de la productividad, lo que conlleva a una acelerada y sólida tendencia para desplazar al Estado mexicano.
Durante el año 2021, de acuerdo a información compilada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en México se contabilizaron 9, 407 víctimas de extorsión, lo que representa un aumento del 12.3% en comparación con el año 2020.
Con base a la citada cifra se calcula en promedio una víctima cada hora por el delito de extorsión
Pero la estadística se eleva desproporcionadamente, porque solo se denuncian uno de cada 99 delitos de esta modalidad.
La minería es el sector económico más afectado por la extorsión, seguido de restaurantes, hoteles y servicios de salud, microempresas y comercio al pormenor.
El crecimiento y expansión de las células criminales a lo largo y ancho del país, muestra dos aspectos preocupantes:
1.- El fracaso de la política gubernamental para contener a los cárteles de la violencia y
2.- La rentabilidad del negocio de la violencia en México.
El debilitamiento del llamado Sistema Político Mexicano a partir de las elecciones presidenciales de 1988 que culminó con el desastre de la terminación del sexenio salinista -el levantamiento de los zapatistas, el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta en plena campaña presidencial, el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y la crisis económica de fin de la administración- marcaron el derrumbe de un sistema y el fortalecimiento del crimen organizado.
La debilidad de unos fortalece a otros. En 1989 los cárteles de la droga ya habían crecido lo suficiente y se habían convencido de que era mejor pactar un acuerdo que se llevó a cabo en Acapulco en 1989, convocada por Juan José Esparragoza “El Azul” para no confrontarse y dividirse el territorio nacional.
En la actualidad los cárteles no solo se han fortalecido, sino que han evolucionado de una forma notable. Anteriormente era el trasiego de marihuana, cocaína y opiáceos hacia el mercado norteamericano principalmente.
Ahora, además de esta actividad que se da más intensamente con la elaboración y tráfico de drogas sintéticas, los cárteles de la violencia cobran piso al comercio privado, impuesto a comerciantes; participan en procesos electorales, tienen el control de las corporaciones de seguridad y de algunas direcciones de administraciones municipales como Obras y Finanzas.
Hace unas semanas el general Glen VanHerck, quien encabeza el Comando Norte del Departamento de Defensa del gobierno Norteamericano, comentó en una conferencia de prensa que entre el 30 y 35 por ciento del territorio mexicano estaba controlado por el crimen organizado.
Aunque el militar norteamericano no ofreció pruebas o documentos de alguna investigación que avalara su revelación, el comentario es una prueba del avance de la delincuencia organizada en el país y de preocupación en los Estados Unidos.
De acuerdo a información publicada por Lantia Intelligencie, en los últimos 18 meses se ha reportado presencia de por lo menos una organización criminal en 755 municipios del país, lo que representa aproximadamente el 30 por ciento del total de ayuntamientos.
Al respecto vale la pena señalar que en el año 2020 el Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) documentó la presencia de 150 grupos criminales que operan en el país.
El estudio que tuvo como base la publicación de información periodística en México, en medios locales e internacionales, establecen que el Cartel Jalisco Nueva Generación, es el grupo delictivo de mayor presencia en el país que opera en 23 estados de la República Mexicana.
En segundo orden de importancia está el Cartel de Sinaloa que opera en 14 entidades federativas y La Familia Michoacana, que tiene presencia en ocho estados.
El 30 de mayo durante una gira presidencial, el convoy de reporteros que cubrían la gira de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador en Sinaloa, filmaron un retén de delincuentes en la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo, noticia que impactó en los medios y redes sociales del país.
La publicación de la información molestó al presidente, quien pretendió minimizar el hecho al señalar: “un escándalo por un retén. Esa era la nota principal y difundir que hay acuerdos con la delincuencia…Pues no, tuve que decir que no era (Felipe) Calderón, porque no soy Calderón”.
El crimen avanza y esa sensación de impotencia ante la impunidad y de preocupación ante las agresiones contra el Ejército y Guardia Nacional, que literalmente los corren de algunas comunidades del país, muestran la errónea estrategia del gobierno federal en materia de seguridad.
El colmo es cuando escuchamos al presidente decir: Tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos. Los delincuentes son seres humanos que merecen nuestro respeto y el uso de la fuerza tiene límites, básicamente es para la legítima defensa”.
¿Y los derechos de las víctimas? ¿Y el dolor de las familias en desamparo?
Hasta el 20 de junio del presente año se habían registrado 123 mil 158 víctimas de homicidio y feminicidios en el presente gobierno de López Obrador y el avance del crimen en el territorio nacional, es cada vez más efectivo.
¿Se consolida un Estado paralelo?
Al tiempo.
@juangomezac
