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JUAN GÓMEZ
Zacatecas, Zacatecas. La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, léase, el gobierno del estado de Zacatecas, se ufana en que ha disminuido el índice de violencia en el estado y los homicidios dolosos, pero calla sobre las desapariciones de personas, especialmente menores de edad y jóvenes, que fueron arrancados de sus familias.
De hecho, en la presente administración, hasta el pasado 16 de mayo, han desaparecido 11 mil 393 personas, la mayoría menores de edad y jóvenes zacatecanos y zacatecanas, en tan solo tres años.
Pero, con la intensa propaganda, que no campaña, sobre el “Año de la Paz” , el gobierno estatal pretende modificar la percepción de inseguridad que predomina en la entidad, especialmente en Fresnillo, en donde por más de tres años se mantiene en el primer lugar nacional de mayor percepción de inseguridad ciudadana.
De entrada la LXIV legislatura del estado canceló la declaratoria de “Año de la Paz 2024 en Zacatecas” el martes 12 de marzo con 16 votos a favor, cinco en contra y una abstención, debido a la represión violenta que habían sufrido mujeres zacatecanas que habían participado en la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer” en el Centro Histórico.
El revés parlamentario puso en evidencia al aparato represor del gobierno estatal en contra de las mujeres, pero al Ejecutivo no le importó, ni canceló su declaratoria, que por cierto carece de reconocimiento oficial, y tampoco investigó los hechos que, hasta el momento, siguen protegidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía General de Justicia del estado.
Ya son cuatro meses que, tanto la CNDH como la Fiscalía del estado, guardan silencio cómplice sobre estos reprobables acontecimientos, pero, además, se intenta desvirtuar la cadena de las denuncias de las víctimas.
El caso de la represión del 8M pesa sobre la responsabilidad de Cristian Paul Camacho Osnaya, quien rindió protesta el 29 de noviembre de 2023 como Fiscal General de Justicia del estado, al sustituir a Francisco José Murillo Ruiseco en el cargo.
Al rendir protesta, el actual Fiscal enfatizó su enfoque de desempeño en tres ejes principales: empoderamiento de las víctimas, una coordinación real con la estrategia del estado y una estrategia de cercanía con la población a través del Ministerio Público Itinerante. Ninguna ha cumplido a cabalidad.
En el tema de los desaparecidos la crisis explotó con los gritos de dolor y el llanto de una madre buscadora en el congreso del estado, durante la realización del foro organizado por la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a la Crisis Financiera del Issstezac, en donde expuso su viacrucis para encontrar a su hijo desaparecido desde el año pasado, y que siete meses después, aparecería su cuerpo en la morgue del Servicio Médico Forense.
La negligencia de la Fiscalía desnudó la indiferencia, ineptitud, impunidad, opacidad y vejación de los derechos de las víctimas que padecen por este delito cometido en contra de sus hijos, hijas o familiares.
La desgarradora historia captó la atención de los medios locales, nacionales e internacionales, lo que provocó una rápida reacción del gobierno del estado, puesto que Camacho Osnaya informó de inmediato sobre una investigación y destituyó al director y Subdirector del Semefo.
De acuerdo con las cifras que presentan en su sitio la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el actual gobierno morenista de David Monreal Ávila, presenta un incremento exponencial en la desaparición de personas.
En el año 2021, inicio de la actual administración gubernamental, se registraron 1, 107 desapariciones, para el 22 de junio de 2022, se habían reportado solo 370 hasta esa fecha, sin embargo, la organización Red Lupa, reportó para ese año, 2, 897; en el año 2023, fueron 3, 589 desaparecidos y en el presente año 2024, van 3,800 personas desaparecidas.
Si sumamos las anteriores cifras por año a partir del 2021, en el que se inicia la actual administración, estaríamos contabilizando 11, 393 personas desaparecidas en el estado de Zacatecas en los tres primeros años del actual período gubernamental.
¿Por qué insistir machaconamente en que el 2024 es el “Año de la Paz” cuando en realidad es el año con mayor aumento de desaparecidos en el estado?
La retórica oficial no podrá ocultar la represión de mujeres en la marcha del 8M y tampoco el alarmante y creciente fenómeno de la desaparición de personas, sobre todo mujeres y nuiños, en el estado.
Los gritos de dolor de una madre que buscó a su hijo, que lo notificó a la Fiscalía de Justicia de Zacatecas, que fue ignorada y cuyo cuerpo del joven permaneció siete meses en la morgue del Cereso, no se olvidan.
Al tiempo.
@juangomezac
