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JUAN GÓMEZ (Zacatecas). La pérdida de la mayoría de Morena en la LXIV legislatura de Zacatecas desnudó la carencia de oficio político y está cometiendo error tras error, mostrando una gran incapacidad para conducir la política estatal y un autoritarismo ramplón por su intromisión en el Poder Legislativo.
Las legislaturas zacatecanas no se han caracterizado por su independencia y mucho menos por su fiscalización en el uso de los recursos públicos.
Los partidos dominantes, desde el PRI que fue la “dictocracia” por más de 70 años, el PRD que gobernó en Zacatecas durante 12 años o el regreso del PRI en el 2010, han sumido al Poder Legislativo en una dependencia que le ha impedido su desarrollo y crecimiento político.
Las fracciones parlamentarias mayoritarias siempre han tenido la tendencia de subordinarse al gobernador o gobernadora en funciones, sin valorar la representación popular que ostentan por la decisión de la mayoría de los ciudadanos.
No logran entender que cuando rinden protesta, ya no pertenecen a un partido político y mucho menos a un gobernador, sino a los ciudadanos que depositaron en ellos y en ellas su confianza y su esperanza.
Las legislaturas zacatecanas tradicionalmente han respondido al silbido del amo y al aroma del dinero, que siempre arroja su tufo de corrupción.
En este sentido, los diputados en algunas legislaturas, se han repartido los remanentes del presupuesto al final del período y para justificar sus ingresos, han recurrido a factoraje fantasma o a la contratación de servicios de asesoría inexistentes, pero altamente costosos.
También aprovechan su posición para contratar a sus hijos, amigos, asesores, colaboradores, hermanos y un largo etcétera que contribuye a la obesidad de la nómina.
El poder encargado de la fiscalización de los recursos públicos es, por decir lo menos, el más opaco en la rendición de cuentas, pues la Auditoría Superior del Estado está bajo sus dictados y en la actualidad, esta 64 legislatura se ha negado a nombrar al responsable de su Órgano de Control, violando las disposiciones legales.
Poca actividad legislativa y muchas cancelaciones de sesiones por falta de quorum también ha sido la constante, bajo el flaco argumento de “no hay consensos”.
Pero hoy asistimos a una crisis distinta en la que, sin empacho, se permite la intromisión de una funcionaria del gobierno federal que dicta órdenes, que excluye, ofende y agrede, a pesar de las denuncias que han hecho, en su momento, algunos diputados como Juan Mendoza del PRD y Enrique Laviada de Movimiento Ciudadano.
Ante estas agresiones que fueron calificadas en tribuna como violencia política de género, las diputadas Priscila Benítez e Imelda Mauricio renunciaron a la fracción parlamentaria y fueron acogidas por el Partido Nueva Alianza, con lo que se ahondó la crisis política y parlamentaria en la 64 legislatura.
El gobernador David Monreal actuó como siempre, en apoyo a la intromisión externa y con el hígado, al permitir que el secretario de Finanzas, Ricardo Olivares, retuviera el flujo económico del presupuesto al congreso, lo cual es una grave violación a la Ley.
Debido a las presiones de los trabajadores que estaban en riesgo de no recibir su pago quincenal, la Secretaría de Finanzas (Sefin) canalizó solo una parte económica para el pago de sus emolumentos, pero el resto del recurso público continuó sin hacerse efectivo, y fue hasta que la semana pasada que liberó el pago de los legisladores.
La acción gubernamental es tan inédita como grave. Ni en los momentos más álgidos de las confrontaciones que se han generado, tanto en grupo como en lo individual, jamás el Ejecutivo había retenido el pago de las dietas a los diputados.
Hoy día la 64 legislatura se encuentra en una parálisis parlamentaria, a tres meses de que el Ejecutivo del estado rinda su primer informe de gobierno.
La controversia que generó el desplazamiento de Morena del Órgano de Administración y Finanzas de la 64 legislatura, desató las más controvertidas reacciones que fueron desde la sumisión a los dictados del gobernador David Monreal al Tribunal de Justicia Electoral del estado (Trijez), hasta la violación a la violación de paridad de género que afecta a la diputada Priscila Benítez.
El caso se encuentra en el escritorio de la Segunda Sala Monterrey. El tiempo sigue su marcha implacable y Morena está desgajado, sin liderazgo, sin sensibilidad y olfato político en el congreso y lo peor, con una intromisión que doblega y pone de rodillas a quienes opinan diferente en el grupo pro gubernamental.
¿Cuándo se enderezará el rumbo y se reorientará la conducción política del estado?
Al tiempo.
@jungomezac
