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Ciudad de México, 02 de agosto (entresemana.mx). La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado urgente a las autoridades de todos los niveles y a los poderes legislativo y judicial, trabajar en conjunto para eliminar la corrupción en el uso y aprovechamiento económico de los recursos hídricos del país, pues contraviene el derecho humano de la población al abasto del agua de forma suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible.
A través de un comunicado, la CNDH señala que es prioritario que el Estado mexicano deje de ver en el agua un producto mercantil más que puede ponerse a disposición de grandes capitales nacionales o internacionales con meros fines de lucro, como se hizo durante el llamado periodo neoliberal.
El Estado mexicano no debe omitir que se encuentra obligado a brindar a cada persona el acceso inmediato a la cantidad de agua para satisfacer sus necesidades más urgentes para sobrevivir, es decir, para beber y evitar riesgos inminentes a la salud. Asimismo, a garantizar a cada persona la cantidad de agua necesaria para mantener estándares dignos de vida y de protección de su salud, de modo que pueda gozar de la protección del resto de sus derechos.
Ante la creciente crisis en el desabasto y distribución del agua que se vive en diversas regiones de México, principalmente en las zonas centro y norte, se pronunció por cambiar el enfoque que prioriza el otorgamiento de concesiones desmedidas a empresas y entes privados que explotan y contaminan los recursos hídricos del país con el único fin de obtener beneficios económicos.
Dicha forma de concebir a los recursos hídricos prioriza su uso dentro del mercado y dificulta su correcta distribución de forma equitativa y suficiente, pese a tratarse de un recurso protegido por nuestra Constitución Política en su artículo 4º, el cual establece que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.
La Constitución Política y los tratados internacionales de los que México forma parte establecen la responsabilidad del Estado para garantizar el derecho al agua.
Por ello, el organismo autónomo considera que se debe hacer un alto a la sobreexplotación de los recursos hídricos, principalmente en aquellos estados del país que históricamente enfrentan problemas de sequía y desabasto que ponen en riesgo la salud y el desarrollo de la población.
La CNDH también hizo un llamado a que se activen los mecanismos necesarios para recuperar las fuentes hídricas que han sido contaminadas por las diversas industrias que hacen uso de ellas para sus actividades de producción, en los cuales deben estar involucradas autoridades, empresas y la sociedad en su conjunto.
Debemos comprender que los problemas de sequía y desabasto que enfrentan algunos estados de la República Mexicana, principalmente para consumo doméstico, tomando en cuenta que hoy, solo el 69 por ciento de los hogares en México reciben agua potable diariamente.
Esta situación, no se deben solo a factores naturales, sino a la sobreexplotación de acuíferos que se ha permitido bajo el cobijo de las leyes actuales, las cuales priman la privatización de los recursos hídricos nacionales, favoreciendo a las grandes industrias y dejando en el desamparo y la precariedad a un importante porcentaje de hogares mexicanos, sobre todo a las familias más pobres o vulnerables, anotó.
Hizo notar que actualmente, el 61.4 por ciento de los recursos hídricos del país concesionados se encuentran acaparados por las industrias cerveceras, acereras, agropecuarias, mineras, papeleras, automotrices y embotelladoras, entre otras, según datos del Registro Público de Derechos del Agua (REPDA) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),
Derivado de estas acciones, diversas poblaciones del país, no solo enfrentan la escasez del agua para uso cotidiano, sino la contaminación de ríos, lagos y lagunas que ponen en riesgo la salud pública y el pleno desarrollo y goce de diversos derechos humanos.
Recordó que el 25 de enero pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de la Unión expedir la reglamentación del artículo 4º de la Constitución, con el propósito de garantizar el derecho humano al agua, de lo que ha sido omiso durante 9 años, ya que cuando se reformó el artículo 4º se determinó que se emitiría en 360 días, es decir en febrero de 2013, y sin embargo eso no ha sucedido hasta la fecha.
En ese sentido, observó la CNDH, la sentencia de la Corte implica que, antes de que termine el próximo periodo ordinario de sesiones, que tendrá lugar entre el 1 de septiembre y el 15 de diciembre, el Congreso deberá expedir la nueva regulación.
Además, resaltó que se tiene conocimiento de la existencia de varias iniciativas al respecto, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
Hace unas semanas, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados anunció el inicio del proceso legislativo para cumplir la sentencia de la Suprema Corte, y es esta una oportunidad para revertir una tendencia que compromete nuestros recursos hídricos y, como se ha mencionado antes, ha privilegiado su manejo mercantilista sobre los enfoques de derechos humanos que, como se establece en el artículo 1º de nuestra Constitución, deben primar en nuestro país.
Finalmente, el organismo puntualizó que el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos y que precisamente por eso, el agua debe tratarse fundamentalmente como un bien social y cultural, y no sólo como un bien económico.
