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VERÓNICA VALDÉS GONZÁLEZ
En México, como en el resto del mundo, día con día aumenta el número de personas que envejecen, que alcanzan los 60 años de edad y, por tanto, se convierten en candidatos a pensionarse, luego de haber cumplido con los requisitos para ello.
El arribo a esta etapa de la vida es ahora diferente a la de los años setenta, cuando los trabajadores jóvenes financiaban la pensión de los más viejos (Ley del IMSS de 1973); el dinero se concentraba en un fondo único y de ahí se distribuía para su pago.
La nueva generación de pensionados (Ley del IMSS 1997) no la compensará una mayor natalidad, en nuestro país, como en la mayoría de las naciones del mundo, el número de nacimientos disminuye de manera constante.
Otro hecho es que la esperanza de vida aumenta (pasó de 69 años en los años 70 a poco más de 75 años, en la actualidad) lo que provoca un achatamiento de la pirámide demográfica, el número de niños y jóvenes es menor que la población adulta mayor.
Estos cambios demográficos impactan en el gasto público, cada año aumenta el dinero destinado al pago de las pensiones y hay más ayudas sociales a los adultos mayores.
En atención a lo anterior el presidente Ernesto Zedillo envió al Congreso una reforma Ley del IMSS misma que fue entró en vigor el primero de julio de 1997, de esta manera los fondos de pensiones se privatizaron, de ser administrados por el gobierno pasaron a las Administradoras de Fondo para el Retiro (Afores) que invierten los recursos de los trabajadores a través de sociedades de inversión.
El problema de este sistema de pensiones es que el ahorro es insuficiente para garantizar una pensión que mantengan el nivel de vida que el trabajador tenían cuando estaba en activo.
Luego de calificar a la reforma pensionaria de Zedillo como “una canallada” el presidente López Obrador ha señalado que el próximo cinco de febrero presentará varias iniciativas de ley, entre ellas una relacionada con las pensiones, para que los trabajadores perciban una pensión igual a la de su último salario.
Para contar con los recursos suficientes ha planteado la desaparición de organismos autónomos; analistas y empresario consideran que serán insuficientes.
Que las pensiones sean iguales a las del último salario del trabajador seguro será un acto de justicia social, sin embargo, esta justicia debe ser pareja e involucrar a pensionados y trabajadores informales, la parte más débil de este tema.
No estaría por demás que en la iniciativa contemple la actualización de las cuantías (menores de cinco mil pesos) que reciben actualmente más de 2.7 millones de pensionados del IMSS. Se trata de trabajadores que se retiraron hace con pensiones bajas, que con el paso de los años se han ido achicando. Actualmente siete de cada diez pensionados por el IMSS reciben menos de cinco mil pesos.
La misma iniciativa debería incluir el acceso a la seguridad social de los trabajadores informales, pues cuando lleguen a la tercera edad tendrán que seguir trabajando para sobrevivir pues no contarán con una pensión, a pesar de haber pagado impuestos.
No hacerlo, no solo implicaría una injusticia social, sino también una canallada.
