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VERÓNICA VALDÉS GONZÁLEZ
Luego 23 días de haber llegado al Zócalo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decidió levantar su plantón. Su retirada no significa dejar atrás sus demandas, por el contrario, según sus líderes, se trata de un “repliegue táctico” dentro de su lucha por una pensión justa, que alcance para satisfacer sus principales requerimientos.
Al retirarse su dirigencia nacional declaró que no claudicarán en su demanda de la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007. En esa lucha “no estamos ni derrotados, ni cansados”, advirtieron.
Los bloqueos y problemas de movilidad que causaron sus plantones, marchas y mítines hicieron que su demanda, sobre la Ley del ISSSTE, no fuera escuchada, ni entendida por los trabajadores del sector público, pese a que los cambios (buenos o malos) que los mentores puedan lograr a la legislación del ISSSTE les beneficiarios o perjudicar a toda la burocracia.
La lucha de los maestros por tener pensiones justas, pensiones que les permiten vivir holgadamente los últimos años no fue escuchada por las otras agrupaciones sindicales gubernamentales, incluso hubo líderes que se desmarcaron del conflicto, los maestros se quedaron solos.
Una de las promesas de campaña del expresidente López Obrador fue atender y dar solución a las bajas pensiones que reciben los trabajadores al servicio del Estado; en su oportunidad, la presidenta Claudia Sheinbaum, fue más allá; ofreció a los mentores, sin medir consecuencias, abrogar la Ley del ISSSTE, lo que implicaba la desaparición de las Afores y el regreso de las pensiones al sistema contributivo, según la perspectiva de los maestros.
Los cambios que durante su administración López Obrador realizaron no aseguraron una pensión digna. El primer cambio, ajustes al Apartado A, que corresponden a los trabajadores afiliados al IMSS, hizo que la pensión promedio pasara de 5 mil 300 a 7 mil 200 pesos.
Mientras que la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar (FBP), que ofrece un complemento a la pensión de aquellos que se retirarán bajo la ley de 1997 del IMSS o la ley de 2007 del ISSSTE, siempre y cuando su pensión sea menor o igual a su último salario, con un tope máximo de aproximadamente 17 mil pesos.
Sin embargo, los recursos para su vigencia están garantizados hasta 2032, después ya vera el gobierno de donde obtiene el recurso. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda el promedio de los beneficiarios anuales será de mil 500, esto es cerca de 15 mil, en diez años.
Lo cierto es que, las modificaciones realizadas en la administración de López Obrador solo fueron simples parches que no garantizan una pensión digna ni para los maestros, ni para el resto de la burocracia y menos para quienes trabajan en el sector privado.
El envejecimiento de la población es un desafío para el gobierno, en las presiones de pensiones se incrementarán en la medida que la población envejezca.
Hoy por hoy se requiere una reestructuración a fondo del sistema de pensiones, a fin de que se aseguré una pensión justa, suficiente para atender los principales requerimientos de los adultos mayores.
