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VERÓNICA VALDÉS GONZÁLEZ
Luego de tres meses de encontrarse desempleada, en mayo pasado María Esther Rubio, se vio en la necesidad de recurrir a su Afore (Administradora del Fondo para el Retiro) para solicitar un retiro parcial por desempleo.
“No he encontrado trabajo, la familia no espera, los gastos siguen. No tengo de otra”, comenta. Esther reconoce que disponer de los recursos le afectará al momento de pensionarse. Sabe que puede reintegrar el dinero, pero duda que pueda hacerlo “mis salarios siempre han sido bajos, apenas y alcanzan para pasar el día, no estoy segura de poder regresarlo”, comenta.
Esther es uno de los 162 mil 712 trabajadores que, entre enero y julio de 2024, realizaron retiros de su cuenta de ahorro para su pensión, señalan cifras de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro.
Anualmente aumenta el número de trabajadores que, a pesar de las consecuencias, toman esta dolorosa decisión. El año pasado el número ascendió a 140 mil 825, 27 por ciento menos respecto al actual.
Un retiro parcial por desempleo significa una reducción de entre 10 y 12 por ciento en el monto de la pensión que recibirá al momento de retirarse.
El trabajador tiene derecho a un retiro parcial de su cuenta una vez cada cinco años, el monto no debe exceder de 11.5 por ciento del total administrado en su cuenta.
Va le pena preguntarse, ¿conviene a los trabajadores acudir a los recursos que tienen en su Afore cuando están desempleados? la respuesta es no, los retiros parciales reducen el tiempo de cotización al sistema de ahorro, situación que se traduce en la disminución de la pensión además de elevar el riesgo de quedarse sin ella pues el trabajador podría no alcanzar a cubrir el tiempo mínimo de tiempo cotizado.
Sin embargo, no hay de otra. El seguro de desempleo no está presente en la legislación mexicana, es decir no es un derecho constitucional, ni tampoco una ley nacional.
Los trabajadores recurren a este recurso porque no tienen otra alternativa, si bien existen los seguros de desempleo del Infonavit y de la Ciudad de México, ninguno de los dos cumple con la expectativa de preservar el ingreso de las familias.
El del Infonavit está orientado a disminuir 90 por ciento el pago de la mensualidad, mientras que el de la CDMX tiene únicamente cobertura local.
Se requiere un gasto público que contenga programas sociales que permitan a los trabajadores enfrentar situaciones económicas difíciles.
