HÉCTOR MOCTEZUMA DE LEÓN. El caso del vendedor de tamales arrollado y muerto por un sujeto que venía a exceso de velocidad y briago, puso nuevamente en evidencia a la justicia en el Estado de México, en donde como decía José Alfredo Jiménez la vida no vale nada.
También puso en evidencia que las fiscalías autónomas sirven para lo que se le unta al queso, siguen impregnadas de agentes del ministerio público corruptos que arreglan el expediente para que el inculpado se burle de la justicia y de la familia de la víctima.
Ayer en Palacio Nacional el gobernador mexiquense aseguró que se revisará el caso y el presidente Andrés Manuel López Obrador lo secundó con un “se hará justicia”, lo que no les hubiera preocupado sí los familiares y amigos del señor Jorge Claudio no salen a la calle para exigir castigo al responsable.
El gobernador y el presidente deben tener claro que no bastará con detener al tal Ken Omar, porque eso sólo sería seguir solapando a los corruptos que lo dejaron ir; es necesario que se llegue hasta la persona o las personas que lo soltaron 48 horas después del accidente, porque según ellos, no había elementos para dictar la prisión preventiva.
De nada sirvieron las pruebas de que el asesino huyó y dejó a su suerte a quien antes había arrollado, motivo suficiente para dictarle la prisión preventiva, pero o alguien intervino por este sujeto, o soltó mucho dinero. A través del Twitter, usuarios de las redes sociales han mencionado que la alcaldesa de Cuautitlán Izcalli, Karla Leticia Fiesco García del PAN, intercedió para la liberación del sujeto.
¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué hay de cierto que la Fiscalía General del Estado presionó a los familiares de Jorge Claudio para que aceptaran los 250 mil pesos que ofrecía el victimario para que le otorgaran el perdón y colorín colorado? pero no contaban con que los familiares no aceptarían.
Lo de la corrupción en el sistema de justicia del Estado de México no es nuevo, es una porquería por toda la red de corrupción que existe entre las policías y los encargados de impartir la justicia. El dinero y las influencias mandan.
Hace algunos años el periodista Humberto Padget escribió un libro con el título de: “Las muertas del Estado” en el que documenta ampliamente la forma como opera la policía mexiquense en los casos de feminicidios y otro tipo de asesinatos.
En muchos de los casos la policía detiene a los responsables de un feminicidio y cualquier otro crimen, se arreglan con ellos y nunca los presentan ante el Ministerio Público.
Pero lo que no tiene madre es que durante la investigación le sacan dinero a los familiares de las víctimas diciendo qué es para la gasolina y para comer, los dejan en la calle y finalmente no resuelven nada. Hay casos de familias que perdieron negocio y casa y nunca les resolvieron el asunto.
Desde siempre las policías y las autoridades judiciales han sido un nido de ratas. Con Fiscalía autónoma o dependiente, quienes mandan son las mafias que están al interior.
Sí realmente quieren hacer justicia que metan a la cárcel a todas esas ratas que intervinieron para que el tal Ken Omar pudiera burlarse de la ley. ¿no cree usted?
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