CARLOS LEÓN
Juan Evo Morales Ayma: Político, sindicalista, activista y dirigente boliviano, fue presidente de Bolivia desde el 22 de enero de 2006 hasta el 10 de noviembre de 2019. El expresidente boliviano denunció ser víctima de una guerra jurídica por parte de su antiguo aliado y sucesor, el presidente Luis Arce, un día después de que la fiscalía pidiera su detención y formalizara su imputación por el presunto abuso sexual a una menor cuando fue mandatario en 2016. La fiscalía que emitió una primera orden de detención en octubre y que el expresidente eludió con recursos judiciales, volvió a requerir su detención. Tras la marcha para salvar Bolivia, liderada por Evo Morales, se aceleró el proceso de judicialización del ex mandatario. A partir de ese momento se abrieron más de una decena de denuncias en su contra. Delitos: Trata y tráfico de personas y estupro; Bloqueos en carretera; Difamación, calumnias e injurias; Violación; Corrupción; Convivencia con menores de edad; Tentativa de homicidio; Terrorismo, Asociación delictuosa y alzamiento armado; Simulación de delito. Morales dice que está bajo un “brutal” lawfare, al igual que otros muchos presidentes de izquierda de América Latina. “Se inventan delitos en mi contra; no respetan los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso; me condenan y fusilan jurídica, política y mediáticamente”. “No tienen pruebas, solo consignas y odio desenfrenado. El único delito que cometí es que siendo el primer presidente indígena logré un país con una economía justa para el pueblo”. El 19 de mayo de 2024 fue rechazada la inscripción de candidato Evo morales para presentarse en las elecciones presidenciales, por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que también lo desconoció como líder del Movimiento al Socialismo (MAS). Mientras el Gobierno ha informado de que “existe una barrera” de simpatizantes de Morales que entorpecen las labores de la policía para su arresto.
José Pedro Castillo Terrones: Es un docente y político peruano que se desempeñó como presidente del Perú desde el 28 de julio de 2021 hasta el 7 de diciembre de 2022. En esta última fecha el Congreso peruano tenía en agenda debatir, -por tercera ocasión- la posibilidad de destituir al presidente Castillo. Algunas horas antes, Pedro Castillo había anunciado la disolución y cierre temporal del Congreso, para llamar a un gobierno de emergencia y convocar a un Congreso Constituyente para elaborar una nueva Constitución. El presidente aseguró que su gobierno era objetivo de un “ataque sin cuartel”, por parte del Poder Legislativo. Sin embargo, ante la resistencia de los otros poderes, incluidos integrantes de su propio gobierno y parte de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, El Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Poder Legislativo, se acusó a Castillo de intentar un “autogolpe”.
La disolución fue rechazada por el Congreso y adelantó la votación no dando espacio para la defensa del presidente y finalmente se aprobó la destitución de Castillo (moción de vacancia) por 102 votos a favor, 6 en contra, 10 abstenciones y 12 ausencias, de un total de 130 legisladores. El argumento utilizado por los legisladores se basó en la “permanente incapacidad moral” de Pedro Castillo. Castillo no pudo ejercer su defensa en un debate público dentro del Congreso como indica la Constitución. El Congreso no respetó el procedimiento constitucional y reglamento vigente en Perú, destituyendo arbitrariamente al presidente. Por orden de la Fiscal Benavides, acatada por el jefe de la Dirección de Seguridad del Estado, Gral. Iván Lizzetti, Castillo fue detenido, siendo aún presidente en funciones, se dirigía a la embajada mexicana en Lima para solicitar asilo político. Quien era jefe de la División de Seguridad Presidencial, coronel Walter Ramos Gómez, fue quien, en el tránsito de los automóviles oficiales rumbo a la embajada de México, operó la detención. Ramos declaró que en el momento que pudo interceptar el auto donde iba el presidente Castillo, les dijo al resto de los guardaespaldas, oficiales y escoltas: “piensen en sus hijos. Si Pedro Castillo no va a la cárcel, iremos nosotros. Se doblegaron y condujeron al expresidente a la sede de la región policial de Lima. Comprendieron que lo mejor para el país era detener al expresidente Castillo”.
Joe Biden, presidente estadounidense, manifiesta su condena a Pedro Castillo y su apoyo a Dina Boluarte en su reemplazo, quien es juramentada como nueva presidenta el 10 de diciembre de 2022
Comienzan movilizaciones y protestas en todo el país, principalmente en las regiones del sur, para respaldar a su presidente, exigiendo su liberación, se rehabilitación como presidente y el cierre del Congreso. Las manifestaciones son reprimidas por las fuerzas de seguridad, se producen 40 asesinatos y cientos de heridos durante los meses de enero y febrero de 2023.
Andrés Manuel López Obrador: Político, politólogo, presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) del 1996 al 1999, jefe de Gobierno de la ciudad de México de 2000 a 2005 y escritor. Se desempeñó como presidente de México desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2024. Conocido como el desafuero del entonces jefe de gobierno, ocurrido en abril del 2005, puede ser considerado como uno de los primeros intentos de lawfare en Latinoamérica. El juicio de procedencia está dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 111, donde el poder legislativo, en su Cámara de diputados, está facultada para declarar la procedencia, con la mayoría absoluta de los presentes en la sesión; el objetivo que tiene este juicio, es el que cualquier servidor público pueda ser procesado penalmente. El juicio buscaba procesar penalmente al jefe de gobierno por desacatar una orden de un juez para dejar de construir una calle que conectaba con un hospital. Atrás de la excusa jurídica se encontraba el presidente Fox -quien buscaba descarrilar la inminente candidatura de López Obrador a la Presidencia- y la Procuraduría General de la República, encabezada por Rafael Macedo de la Concha, el Poder Judicial y por Diego Fernández de Ceballos quien operaría con el PAN y el PRI para conseguir los votos necesarios para declarar la procedencia en la Cámara de Diputados; los votos a favor fueron 360 y 127 en contra y dos abstenciones. López Obrador pronunció en la Cámara las siguientes palabras: “No se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria […]Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí, nos juzgue la Historia. ¡Viva la dignidad!, ¡Viva México!”.
La orden de aprehensión en contra de López Obrador se giró el 20 de abril, por el juez 12 de distrito del Reclusorio Oriente. La gente salió a marchar el 24 de abril, donde se contabilizó a más de 1 millón de personas protestando contra el desafuero. Entonces Fox se echó para atrás el 27 de abril, en cadena nacional anunció la remoción del Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, y se comprometió a revisar el expediente. Ese día AMLO regresó a su oficina en su Tsuru blanco, luego de 18 días de ausencia.
Vicente Fox reconoció que estuvo detrás del desafuero de 2005 en X, antes Twitter comentó: “NO SE PORQUÉ NO CULMINE LA TAREA, CON UNA GRAN ESTOCADA!!”.
Por último, recordaremos cuando el ministro Luis María Aguilar Morales quería destituir al presidente Andrés Manuel López Obrador. En medio de las constantes disputas entre los poderes Ejecutivo y Judicial, El ministro Aguilar presentó un proyecto que abría la posibilidad de separar de su cargo al presidente López Obrador. El proyecto pretendía iniciar un proceso de destitución porque el presidente no respondió a la solicitud de extensión del cargo que le hizo una magistrada de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El ministro Aguilar planteó una interpretación del artículo 107 constitucional en la que refiere, que si una autoridad incumple sin justificación una sentencia concedida en un amparo o se excede del plazo concedido para su cumplimiento, la Suprema Corte podría proceder a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, en este caso, al presidente. Aunque el proyecto estaba agendado para su debate, el propio ponente pidió que se retirara el asunto. El ministro nunca dio una explicación de por qué decidió retirar su proyecto que hubiera sido el preámbulo de un lawfare o un golpe blando.
La reforma constitucional del Poder Judicial en México publicada el 15 de septiembre de 2024 implican cambios significativos en la estructura y funcionamiento del sistema judicial del país y dentro de estos cambios se encuentra la elección popular de ministros, magistrados y jueces, y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial, así como la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos cambios también implican un alejamiento de un posible lawfare al haber sido verificados por un Comité de Evaluación y elegidos por una votación popular nacional -y en principio- ser independientes y no deberle -más que al pueblo- su designación. Dar tiempo al tiempo. La justicia tarda, pero llega. Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez.