BAD HOMBRES/ Lawfare en Latinoamérica/ 1ª de 2

CARLOS LEÓN

El lawfare o guerra jurídica, se refiere al uso del sistema legal como herramienta para lograr objetivos políticos estratégicos, a menudo en contra de oponentes políticos o para influir en procesos geopolíticos. Implica la utilización de procesos judiciales, a veces de manera abusiva o selectiva, para dañar la reputación, inhabilitar o eliminar a figuras políticas o grupos adversarios.

Si bien el término es nuevo, no así su acción, que se ha utilizado desde la antigüedad. Por ejemplo, este concepto aplicado a Jesucristo se refiere al juicio y condena de Jesús desde la perspectiva jurídica. Considerando las irregularidades y violaciones al debido proceso que se cometieron. Jesús fue detenido sin una acusación clara y previa, y no hubo un proceso formal con testigos y testimonios. El juicio se llevó al cabo de noche, a puerta cerrada, violando las normas judías que exigían juicios públicos y diurnos.  El Sanedrín, tribunal judío, buscaba condenar a Jesús a muerte, lo que influyó en el proceso y en la falta de imparcialidad. Así que algunos analistas jurídicos ven en el proceso de Jesús una clara manipulación del sistema legal para lograr su condena, lo que se considera lawfare. En nuestros tiempos, esta guerra legal o persecución judicial le hemos visto ejemplificada en varios casos en Latinoamérica:

Cristina Elisabet Fernández de Kirchner: es una política, abogada y expresidenta de Argentina entre el 10 de diciembre de 2019 y el 10 de diciembre de 2023. Actualmente es la presidenta del Partido Justicialista, líder de la coalición Unión por la Patria y principal opositora.  Luego de que Cristina Fernández terminara su mandato presidencial en 2015, se aceleraron causas judiciales en su contra que estaban en trámite desde hacía varios años, impulsadas por opositores de su gobierno. Esta acción ha sido mencionada por ella como una “persecución judicial”.  Una de las causas en su contra fue la supuesta usurpación de título en diferentes años: 2007, 2010, 2013 y 2016, diferentes personas denunciaron ante la justicia la supuesta usurpación de título de Cristina Fernández. Las primeras tres veces, la causa fue archivada por -inexistencia de delito-. Pero en 2016, un juez abrió el caso y solicitó documentación a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de la Plata.  La Facultad envió al juzgado una copia certificada del libro de actas, una copia del documento que estaba en el legajo de Fernández de Kirchner y una copia de la planilla de inscripción e ingreso a la Facultad con la firma y una foto de la expresidenta. En junio de 2016, Cristina Fernández fue sobreseída de la imputación.

La causa por la cual fue condenada es por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado durante sus dos gobiernos. El máximo tribunal de Argentina ratificó dos fallos previos que la justicia emitió en 2022 y confirmó a finales de 2024, en la llamada “causa Vialidad”, en la que se halló a la expresidenta culpable de haber direccionado obras públicas en la provincia patagónica de Santa Cruz, su bastión político. Condenada a seis años de cárcel por corrupción e inhabilitada permanentemente para ejercer cualquier cargo público, comenzó su prisión domiciliaria.

Cristina Kirchner a negado los cargos en su contra, afirma ser víctima de lawfare, una persecución política, mediática y judicial orquestada por “el poder económico concentrado”, en particular el Grupo Clarín, principal conglomerado mediático del país argentino, que busca proscribirla, tal como le ocurrió a Lula da Silva en Brasil, a Rafael Correa en Ecuador, a Evo Morales en Bolivia y Pedro Castillo en Perú.

Rafael Vicente Correa Delgado: Político, catedrático, economista y presidente ecuatoriano durante tres mandatos sucesivos, desde el 15 de enero de 2007 hasta el 24 de mayo de 2017. Probablemente el caso más conocido del lawfare ha sido en Ecuador, llamado como el Caso Sobornos. A través de una causa penal plagada de irregularidades, las autoridades ecuatorianas condenaron y terminaron con gran parte del movimiento liderado por el expresidente Correa.  El Caso Sobornos, también conocido como Caso Arroz Verde, se llevó al cabo después de que el Gobierno de Lenin Moreno hubiera ejecutado una intromisión de control de los demás poderes del Estado. Para ello, se llevó al cabo una consulta popular, que tuvo un gran apoyo de la prensa tradicional, así como la unidad de todos los grupos políticos que nunca pudieron vencer en las urnas a Rafael Correa. Tras ganar esa cuestionada consulta popular, el Gobierno de Moreno se atribuyó legitimidad para cambiar todas las autoridades de control del país que habían sido designadas mediante concursos públicos de méritos y oposición, nombrando unilateralmente a nuevas autoridades con la misión política de proscribir a Rafael Correa y perseguir judicialmente a sus allegados. La Fiscalía abrió una investigación penal tras una publicación en una página web. Posteriormente, en la causa judicial la evidencia de cargo sería una agenda que apareció en una entrada y el cateo practicado en la casa de una ex asesora gubernamental. Al principio la asesora negó conocer trama de corrupción alguna, aunque posteriormente se sometió al mecanismo de la “cooperación eficaz” y consiguió una sustancial rebaja penal. El caso se llevó en sólo 18 meses y se hizo en plena pandemia. El Caso Sobornos terminó con la condena de veinte personas por el delito de cohecho, incluyendo al expresidente Rafael Correa y diez autoridades más de su gobierno y partido. En la sentencia el expresidente Correa fue condenado, sin existir ni una sola prueba incriminatoria contra él, sobre la base del “influjo psíquico” de Rafael Correa sobre los hechos, simplemente por ser el presidente en esos años, sin ningún elemento probatorio adicional que le vinculara. Como consecuencia de esa sentencia, el expresidente Correa no pudo concurrir a las elecciones de 2021.

Luiz Inácio Lula da Silva: Actual presidente de la República, sindicalista y político progresista, gobernó Brasil entre 2002 y 2011, fue acusado, condenado y encarcelado en el marco de la Operación Lava Jato. El papel de los medios de comunicación fue clave en la construcción de una narrativa que facilitara la persecución judicial contra Lula.  Durante años los principales medios brasileños como Globo y Folha de Sao Paulo, mantuvieron una postura crítica hacia los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Con las denuncias de corrupción esta narrativa se intensificó y Lula pasó a ser el principal responsable de la corrupción que involucraba a la petrolera Petrobras y algunas grandes constructoras brasileñas. Las filtraciones de las investigaciones judiciales -obtenidas ilegalmente-eran publicadas por estos medios, generando un ambiente de culpabilidad en torno al expresidente antes de que se juzgara formalmente. Esto permitió que el juicio en contra de Lula fuera percibido como justo, aunque plagado de irregularidades. Lula fue acusado de haber recibido un departamento en Guarujá, Sao Paula, como soborno por parte de una empresa constructora. A pesar de que no existían pruebas que vincularan al expresidente con la propiedad del inmueble, un juez condenó a Lula en 2017. Esta condena fue ratificada en segunda instancia, lo que lo llevó a prisión en abril de 2018, justo cuando lideraba las encuestas para las elecciones presidenciales de ese año. Los tribunales rechazaron repetidamente los intentos de la defensa de Lula por presentar nuevas pruebas que desacreditaban los testimonios en su contra y las cortes superiores tardaron en revisar las apelaciones. La Operación Lava Jato parecía una legítima lucha contra la corrupción, pero terminó siendo una operación política que buscó contrarrestar a un líder, y así fue durante 589 días que Lula estuvo en la cárcel y no pudo participar en los comicios de 2018, pero gracias a que la sentencia en su contra fue anulada, pudo contender en las elecciones del 2022, resultando nuevamente ganador, tomando posesión el primero de enero del 2023.

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