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>> Incluye extorsión, tráfico de fentanilo y actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales
Ciudad de México, 26 de noviembre (entresemana.mx). Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos aprobaron, con 22 votos a favor y 10 en contra, el dictamen de la minuta a la reforma del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la que se amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
La modificación al segundo párrafo de dicho artículo añade a la extorsión como un delito por el que los jueces pueden ordenar esa medida cautelar a quienes lo cometan, así como por la ilegal introducción, desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados.
La ampliación de delitos que ameritan prisión preventiva incluye, además, aquellos que vayan en contra la salud, el libre desarrollo de la personalidad y los de cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.
Para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, “quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial”.
En la ronda de posicionamientos, Saúl Monreal Ávila, de Morena, rechazó que la prisión preventiva oficiosa sea “un castigo, un exceso o un cheque en blanco” para encarcelar a los inocentes, como han acusado legisladores de otros partidos, pues, detalló, es labor del Ministerio Público acreditar con pruebas los hechos delictivos; contrario a ello, aseguró que ayudará a atacar los delitos y garantizar la presencia de los imputados en el procedimiento penal.
Andrea Chávez Treviño, también de Morena, recordó que gobiernos de oposición firmaron una carta de la Conferencia Nacional de Gobernadores, donde se solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no elimine la prisión preventiva oficiosa, pues esa figura permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y el esclarecimiento de los hechos; “dejen de ser hipócritas”, espetó a quienes han criticado esta medida.
Por Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés pidió no aprobar la enmienda constitucional, pues se trata de un asunto “delicado por la implicación directa que tiene en las personas”, ya que el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos han advertido que la prisión preventiva viola la presunción de inocencia y, por lo tanto, atenta contra las garantías individuales.
Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, acusó que “cada vez que se le mete mano al artículo 19, es para dejarlo peor”; con esta enmienda, advirtió, se estipula que debe apegarse a la literalidad en la interpretación de la disposición y, en consecuencia, se quita la posibilidad de que las y los jueces puedan interpretar la norma, lo que podría provocar que se “sobreutilice” la figura de la prisión preventiva oficiosa.
Por el PVEM, Luis Alfonso Silva Romo consideró pertinente incluir la extorsión, el tráfico de fentanilo y el contrabando de comprobantes fiscales en el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva, ya que, consideró, el primero afecta la tranquilidad de las familias mexicanas, el segundo atenta contra la salud y el tercero va contra la correcta administración pública a la que los ciudadanos tienen derecho.
Del PT, Alejandro González Yáñez reconoció que la prisión preventiva oficiosa puede representar una “delgada línea” entre respetar o no respetar los derechos humanos; sin embargo, defendió esta figura que tiene, dijo, la intención de “romper la cadena delitos” que comienzan con modalidades delictivas menores como, por ejemplo, la extorsión.
De Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas señaló que la prisión preventiva oficiosa transforma una medida cautelar en una “pena anticipada”, porque elimina la posibilidad de analizar individualmente la conveniencia de una detención, lo que viola el principio de presunción de inocencia; “en lugar de fortalecer las fiscalías y garantizar investigaciones eficientes, estamos recurriendo a medidas que perpetúan la discriminación y erosionan el Estado de Derecho”, añadió.
