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SALVADOR MARTÍNEZ G.
Por medio de la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, la mayoría del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación busca una salida a la confrontación con los poderes Ejecutivo y Legislativo derivada de la Reforma Judicial.
En el proyecto de sentencia sobre la acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas, hecho público este lunes se plantea “invalidar la elección de jueces y magistrados a través del voto popular”. Sin embargo, da visto bueno a la elección de ministros y de los integrantes del naciente Tribunal de Disciplina Judicial.
Para González Alcántara Carranca “no existe certeza para los aspirantes al cargo (de jueces) de las cualidades que resultarán en última instancia, definitorias para alcanzar a ser incluido en las listas”, ni tampoco “existe certeza para la ciudadanía sobre los perfiles que se le presentarán en una lista masiva y bajo un sistema que no ofrece garantías para que se emita un voto informado”.
El que se legitime la elección de ministros y de los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, se toma como un guiño al poder Ejecutivo y se evita la crisis de constitucionalidad que algunos advierten está ya presente. Falta ver cuál es la reacción del gobierno y de los legisladores de Morena ante la propuesta del ministro para la que no existe temporalidad determinada para ser discutida por el pleno, en donde requeriría de al menos 8 votos para anular la elección de los jueces y juezas como se señala en el proyecto de sentencia.
El propio González Alcántara resalta que su proyecto “se realizó con base en un principio de máxima deferencia al órgano revisor de la Constitución, y se buscó, en todo momento, limitar el juicio de invalidez exclusivamente a los artículos que vulneran nuestra forma de gobierno democrática; y no así de aquellas disposiciones que resultan poco o menos idóneas que las que existían con anterioridad”.
El esfuerzo es notorio, pero aún no hay nada escrito.
SUSURROS
A pesar de los 36 mil millones de pesos destinados al puerto de Acapulco para atender los daños sufridos por los huracanes Otis y John, el centro turístico no logra resarcir su imagen, ni tampoco la necesidad de su población.
El gasto federal apenas ha servido para limpiar calles, restablecer servicios básicos y dar apoyos directos a los afectados, estimados en 32 mil personas.
Urge un plan global de reestructuración turística y social en el que participen gobierno, sector privado y sociedad para recuperar el brillo del Acapulco de antaño.
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