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SALVADOR MARTÍNEZ G. Los tres Poderes de la Unión, conforman en su conjunto al Gobierno Federal de México y de acuerdo con el espíritu de las leyes de Montesquieu, recogido en la Constitución de la República se dividen en Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La intención de esta división política es el equilibrio de poderes con funciones muy específicas: la administración del Gobierno por parte del Ejecutivo, la elaboración de leyes y el marco jurídico por el Legislativo y la administración de la justicia por parte del Judicial.
La armonía entre ambos poderes es sustancial para un sano desarrollo de la nación, su división no debe implicar confrontación, llegar a ella es elevado riesgo para el país mismo.
Este lunes se llevó a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una sesión del pleno de ministros en el que se debió determinar la vigencia de las Reformas Legislativas de la primera parte del llamado Plan B Electoral, las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas, mismas que el Poder Judicial declaró inválidas “por violaciones graves al procedimiento legislativo”.
Ya antes la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República había advertido que invalidar esas leyes violaría “el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos”.
Después de conocerse la decisión de la Corte, el Gobierno Federal, a través del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, criticó la decisión y sostuvo que con ella defendió intereses particulares y no hizo respetar “la voluntad de los representantes populares”.
Concluyó que “el pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la SCJN decidió seguir protegiendo intereses particulares”.
Esto marca una abierta confrontación entre los poderes en México que podría agravarse cuando se resuelvan las reformas aprobadas el 22 de febrero pasado que complementan el llamado Plan B Electoral, ya impugnado por la oposición ante la Suprema Corte, que deberá resolver en breve. La lucha hoy está clara, es más político-ideológica, que jurídica. Veremos.
SUSURROS
Otra difícil ruta ya iniciada es la de la lucha por conquistar la candidatura presidencial por Morena. Los esfuerzos de Mario Delgado por contener las ansias de las llamadas corcholatas parecen inútiles.
No sólo se ahondarán los golpes bajo la mesa, sino también arriba de ella como ya lo hace Marcelo Ebrard al advertir que de no haber reglas claras en Morena el proceso se convertirá en “la ley de la selva”.
La unidad es básica en cualquier partido político, más aún en el del Gobierno, pero hoy está amenazada.
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