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RODOLFO MONDRAGÓN M.
Cometerían un gravísimo error los senadores y senadoras sí el próximo martes 12 de presente, reeligen a Rosario Piedra Ibarra, como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Sería imperdonable, su trabajo como presidenta de la CNDH, (2019-2024), ha sido el peor en toda la historia de la Comisión; sus propios colaboradores la acusaron de actos de corrupción, organizaciones civiles denunciaron omisiones de su parte en violaciones de derechos humanos, cometidos en sexenio anterior. Ella misma propuso la desaparición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “por no responder a las necesidades del pueblo”
Desde que fue elegida para presidir a la CNDH, activistas de derechos humanos y la oposición alertaron sobre su cercanía a Morena, partido por el que intentó sin éxito ser diputada. La mitad de los miembros del Consejo Consultivo, renunciaron en protesta, porque Ibarra Piedra, fue evidentemente una imposición de López Obrador.
Es inaceptable que su nombre está en la terna junto con Nashiele Ramírez, actualmente presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de CDMX, con amplias posibilidades, y Paulina Hernández, abogada jalisciense experta en derechos humanos.
Cien mil millones de pesos.
La diputada, Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que la con la desaparición de los siete órganos llamados autónomos, que se discutirá esta semana, generarán ahorros por 100 mil millones de pesos.
Los recursos que reciben los órganos “autónomos” se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar y sus facultades se transferirán a dependencias del Gobierno Federal, como la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, Profeco e INEGI, entre otras, protegiendo siempre los derechos labores de los trabajadores de esos organismos, explicó la diputada Jiménez Godoy.
Los siete organismos que se incluirán en esta reestructuración son: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI); el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); la Comisión Nacional de Mejora Continua en la Educación (MEJOREDU); la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CHN).
