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R. MONDRAGÓN M.
Octavio Romero Oropeza, director general del INFONAVIT, en la mañanera del pueblo, dijo que las personas que han invadido alguna propiedad deshabitada tendrán la oportunidad de quedarse con ella “a precios muy económicos”, mediante pagos mensuales “como si fueran rentas”.
A todas luces eso no es legal, es invasión, despojo; el que una propiedad este vacía no quiere decir que no tenga dueño y mucho menos que pueda ser habitada de manera “legal”. Esta locura sólo se le pudo ocurrir a Romero Oropeza, el ingeniero agrónomo que llevó a PEMEX a la quiebra.
Las Cámaras Empresariales del país, CONCAMIN, COPARMEX, CONCANACO-CDMX, así como Colegios de Abogados, rechazaron cualquier iniciativa que premie la toma ilegal de viviendas y exigieron al INFONAVIT detener cualquier intento por legalizar invasiones al margen de la ley. El instituto no tiene facultades legales para dar créditos, rentas, ni escrituras a personas que no son derechohabientes.
No se puede fomentar la ilegalidad y menos desde una institución del gobierno federal, ojalá que los invasores profesionales también lo entiendan.
OTROS ASUNTOS
La presidenta Claudia Sheinbaum y Salomón Jara, gobernador de Oaxaca hicieron un sobrevuelo por las comunidades afectadas por el huracán Erick, acordaron llevar a cabo un censo casa por casa, en los 12 municipios de la zona costera más afectados. El suministro de víveres y agua para los damnificados estará a cargo de las secretarías de la Defensa y Marina, la Secretaría de Infraestructura Comunicación y Transportes, se encargará de rehabilitar los caminos dañados.
Cortados con la misma tijera, Layda Sansores, gobernadora de Campeche y su colega Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, ambos de Morena.
Para Layda Sansores, criticar a su gobierno es “incitación al odio y a la violencia”, “discurso de odio”, por eso mediante un proceso judicial impulsado por ella, un juez le prohibió al periodista Jorge Luis González Valdez, publicar la versión digital del diario Tribuna de Campeche, además el periodista fue vinculado a proceso.
Alejandro Armenta, con el apoyo del Poder Legislativo impulsó una ley aprobada sin consulta previa que castiga el “ciber asedio” a quien a traves del uso de tecnologías de la comunicación como las diferentes redes sociales o por correo electrónico, “injurie, ofenda o agravie”. Se penalizará con multa desde 11 meses y hasta tres años de prisión.
La censura está de moda y el turno fue para el periodista Salvador García Soto, sus comentarios en el programa “A la Una” del Heraldo Radio, le incomodaron algún político de esos que tienen la piel de cebolla. El pasado viernes directivos de la empresa le informaron que sería el su último programa, sin más explicaciones.
“A la Una, con Salvador García Soto”, seguirá transmitiéndose de lunes a viernes de 1 a 3 pm, por la plataforma digital de Serpientesyescalera.mx y tambien por Popfm.mx.
¡Éxito, Chava, fuerte abrazo!
