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LUIS RAMÍREZ BAQUEIRO
“Sólo cree de verdad el que practica lo que cree”. – San Gregorio Magno.
XALAPA, Veracruz. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) decidió esta semana reprogramar —en los hechos, suspender— auditorías a municipios afectados por las severas lluvias del pasado 10 de octubre. El argumento oficial: la falta de documentación soporte derivada de la emergencia. El problema no es la decisión en sí; el problema es el cambio de señal, la contradicción pública y el mensaje político que hoy deja a la ASF en una posición incómoda, por decir lo menos.
Porque no se trata de un asunto menor ni aislado. Basta recordar que, en su momento, la propia ASF retiró auditorías en Álamo y en Ixhuatlán de Madero, municipios gobernados por fuerzas políticas distintas —Morena y PRI—, bajo el mismo razonamiento: no había condiciones materiales para cumplir con los procesos de fiscalización debido al desastre natural que golpeó al norte de Veracruz.
Ese criterio quedó asentado incluso en documentos oficiales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de febrero de 2026. Ahí se habló de sensibilidad institucional, de flexibilidad ante la emergencia, de comprensión frente a una tragedia que no distinguió colores partidistas ni calendarios administrativos.
Hoy, sin embargo, algo se rompió en el camino.
La ASF no solo reconfigura su postura, sino que lo hace sin una explicación sólida que disipe las dudas legítimas. ¿Qué cambió entre aquel compromiso público y el comunicado que ahora circula? ¿Quién incumplió la palabra dada? ¿En qué momento la empatía institucional se convirtió en un ajuste administrativo frío y oportunista?
Porque lo que hoy queda en evidencia es que la ASF no tuvo palabra suficiente, o peor aún, que su palabra fue condicionada por factores ajenos a la técnica y al derecho. En octubre se dijo que se apoyaría a los municipios porque, justo cuando se notificaban las órdenes de auditoría, ocurrió el desastre natural. Hoy, con los mismos efectos aún presentes, se cambia el discurso y se endurece el trato.
Y en política —y en fiscalización— los cambios abruptos de criterio no son inocentes.
El comunicado que ahora difunde la ASF no solo contradice su narrativa previa; alimenta la sospecha de que este reajuste puede tener una lectura soterrada: la de un golpe indirecto, pero calculado, al gobierno de Veracruz que encabeza Rocío Nahle García. No sería la primera vez que la fiscalización se utiliza como herramienta de presión política, disfrazada de rigor técnico.
La duda cobra mayor peso cuando se observa el contexto interno de la propia ASF. David Rogelio Colmenares Páramo, auditor superior desde marzo de 2018, está a meses de concluir su periodo de ocho años. Su sucesión ya se mueve en los pasillos del poder, y no son pocos los “tiradores” que buscan quedar bien con actores clave, enviar señales, marcar distancia o acumular fichas de negociación.
En ese juego, Veracruz parece convertirse en tablero.
La ASF debería ser un órgano técnico, autónomo, predecible. Su fortaleza radica en la certeza de sus decisiones y en la congruencia de sus actos. Cuando esa congruencia se pierde, la fiscalización deja de ser garantía de transparencia y se convierte en instrumento de incertidumbre política.
Hoy, más que nunca, la ASF debe explicar con claridad qué ocurrió, por qué cambió su postura y bajo qué criterios decidió lo que decidió. El país no necesita una Auditoría que ajuste su discurso según el clima político, sino una institución que honre su palabra, incluso —y sobre todo— en circunstancias extraordinarias.
Porque cuando la autoridad fiscalizadora pierde credibilidad, no solo se debilita la rendición de cuentas: se erosiona la confianza pública. Y esa, a diferencia de una auditoría, no se puede reprogramar.
Al tiempo.
“X” antes Twitter: @LuisBaqueiro_mx
