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LUIS RAMÍREZ BAQUEIRO
“La injusticia hecha a uno solo es una amenaza dirigida a todos.” – Montesquiu.
Xalapa, Veracruz. ¡Algo anda muy mal en Veracruz! Para que un legislador local lance un grito de advertencia por su seguridad e integridad personal.
Lo alarmante del llamado va en función de quien hace esa alerta, pues no se trata de un político de la oposición –la cual ha sido, estrangulada, perseguida e incluso asesinada durante este sexenio- sino el mismo presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Juan Javier Gómez Cazarín, perteneciente a la fuerza política mayoritaria en el Estado.
La reciente justificación a esa alerta por parte del mismo Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez parece más un intento de justificar lo injustificable, pues al señalar que esta no obedece a la inseguridad, sino a la función o actividad política del personaje implícitamente reconoce que su gobierno es incapaz de garantizar las más elementales de sus funciones: otorgar seguridad a todos los ciudadanos.
Si como advierte el mandatario, la actividad política del legislador molesta a algunos grupos, quiere decir que sabe, que grupos son y los tiene plenamente identificados, razón por demás importante para cuestionarlo ¿por qué no hace nada para frenar esas supuestas amenazas?
Es evidente que el principal problema de Veracruz es el binomio “seguridad” e “impartición de justicia” , mismo que a la fecha ha sido un completo desastre de la mano de la actual Fiscalía General del Estado (FGE) encabezada por su titular Verónica Hernández Giándans.
La crisis institucional que enfrenta también el Poder Judicial del Estado (PJE) maniatado al capricho y voluntad del Poder Ejecutivo, confirma el hecho.
Es tan grave la situación, que, a lo largo de los últimos cinco años, hemos conocido de violaciones monumentales a los derechos elementales de los ciudadanos por parte de la autoridad.
El empleo de delitos como el “ultraje a la autoridad” y diversas argucias legales para castigar a opositores han convertido en estado de terror la situación de la justicia en Veracruz.
La fabricación de delitos, la aplicación de protocolos exprofeso para ello, la integración absurda de carpetas de investigación a diestra y siniestra para acallar voces, es el “modus operandi” de un sistema de justicia que está podrido.
Saber que 2 de cada 3 personas que se encuentran en prisión –privadas de su libertad- lo están sin sentencia definitiva, son la prueba suprema de esta grave crisis institucional.
Recientemente una nota periodística de la reportera Claudia Montero publicada el pasado 17 de agosto confirma lo señalado. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-veracruz-2-de-cada-3-personas-en-prision-no-tiene-sentencia-definitiva-392903.html
“En Veracruz, sólo el 35 por ciento de las personas en prisión han recibido una sentencia condenatoria definitiva, es decir, la gran mayoría de la población penitenciaria en la entidad se encuentra privada de su libertad preventivamente y sin que se haya demostrado su culpabilidad más allá de toda duda razonable” advierte la reportera.
“De acuerdo con la información del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), actualmente hay 7 mil 282 personas privadas de la libertad en cárceles estatales. Sin embargo, de ellos sólo 2 mil 489 ya fueron encontrados culpables y tienen una sentencia firme. 74 reclusos más ya recibieron sentencia condenatoria en primera instancia.”
De esta forma, 4 mil 719 individuos se encuentran privados de su libertad bajo la figura de prisión preventiva, es decir, se encuentran presos para el caso de que la FGE llegue a probar sus acusaciones, ante el pésimo trabajo de investigación que realizan sus fiscales.
Así, la prisión preventiva en Veracruz, se ha convertido en un secuestro masivo de estado, aplicado simplemente ante la incapacidad de poder comprobar culpabilidad alguna al imputado, con la complacencia de jueces y abogados defensores que lo único que hacen es empantanar a los imputados, para que nunca salgan de prisión.
Ante este escenario, es urgente la intervención de la propia sociedad civil para alzar la voz y detener esta grave violación institucionalizada que viola flagrantemente los derechos más elementales del hombre, a los que el Estado Mexicano se ha adherido a través de la firma de Tratados Internacionales, los cuales están incluso por encima del peso que la misma Constitución mandata.
¡Algo anda muy mal en Veracruz! Para que un legislador local lance un grito de advertencia por su seguridad e integridad personal. Pues qué podemos esperar los ciudadanos de a pie, como usted y como yo.
Al tiempo.
Twitter: @LuisBaqueiro_mx
