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>> Un millar más o menos han solicitado amparos
FRANCISCO GÓMEZ MAZA. Pero… ¿Y los derechos humanos, sobre todo los laborales, de los miembros de la Guardia Nacional?
El gobierno ya logró que la Guardia sea una rama de las Fuerzas Armadas, bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, por múltiples razones estratégicas.
Los hombres y mujeres responsables de garantizar la seguridad pública de las ciudades, pueblos y comunidades de la República Mexicana tienen derechos, como todo ser humano que habita en esta gran nación.
Con la reforma legal que integra a ese cuerpo policial-militar al sector de la defensa nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador logró el objetivo que se propone, a pesar de la, muchas veces insultante, oposición-
Su gobierno celebró con bombo y platillo, con la parada cívico militar del 16 de septiembre, el hecho con una presentación triunfal de los diferentes cuerpos de la Guardia, que presumieron un profesionalismo sin igual, a escasos años de fundada e integrada por jóvenes mujeres y hombres perfectamente instruidos en el arte de la defensa de la seguridad pública.
Pero…
Pero… ¿Y los derechos humanos de esos cerca de 120 mil elementos dedicados a la muy difícil tarea de cuidar a la ciudadanía de las agresiones de la delincuencia?
Pasada la euforia de las fiestas de independencia, con una ceremonia del grito de Dolores soberbia, en la que Los Tigres del Norte dieron vida a cientos de personas que rebozaron la Plaza de la Constitución, viene una resaca muy preocupante.
La senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, clamó a las autoridades “correspondientes” a que se les garanticen sus derechos laborales a las y los integrantes de la Guardia Nacional.
De este tema, nadie se había acordado en medio de la euforia, en medio del encono opositor.
Se han registrado denuncias de que hay indicios que a integrantes de este cuerpo de seguridad pública se les han vulnerado sus derechos laborales.
La Senadora petista presentó lo que en el lenguaje legislativo se denomina un punto de acuerdo para solicitar a la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa lcela Rodríguez Velázquez, y al comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, un informe de la cantidad de amparos que han presentado elementos de la corporación por vulneraciones de sus derechos laborales.
Simultáneamente, la senadora pidió que el reporte solicitado por el Senado de la República contenga las acciones que se han tomado para garantizar los derechos laborales de los integrantes de esta rama de las Fuerzas Armadas.
Entre los señalamientos que han difundido algunos medios informativos, se encuentra el que destaca que la Guardia Nacional suma 965 amparos en contra, promovidos por sus propios elementos. En tales solicitudes de amparo se mencionan abusos y discriminación, así como falta de apoyos para mudanzas, cambios de adscripción e indemnizaciones injustas, entre otras arbitrariedades, cometidas por los mandos superiores.
El Senado de la República tiene la facultad de solicitar a las autoridades información del cumplimiento de sus obligaciones, en este caso, en materia de relaciones laborales. Por ello, es fundamental, para los miembros del Senado, conocer de los posibles abusos, así como las acciones para garantizar los derechos humanos de las mujeres y varones integrantes de la Guardia Nacional.
La fiesta tiene que ser pareja.
Y en asuntos de la misma temática de seguridad pública, hoy martes 20 de septiembre, el Senado de la República deberá aprobar, o rechazar, con voto, la reforma legal presentada por una diputada del PRI, aprobada la semana pasada por los diputados, que amplía el plazo de participación del Ejército en tareas de cuidado de la seguridad pública, noticia que todo el mundo conoce.
