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FRANCISCO GÓMEZ MAZA. Muy grave la denuncia presentada por la diputada Bárbara Botello en el área de conferencias del Patio del Federalismo del Senado. La legisladora desnudó la corrupción en que está anegado, ahogado, el PAN en el Estado de Guanajuato, luego de tres décadas de haber asumido el poder por obra y gracia del conservadurismo de los guanajuatenses.
En Guanajuato, todas las instituciones – todas- han sido cooptadas por la hegemonía panista. En los hechos, no hay división de poderes ni autonomía en los órganos constitucionales. Por ello, los funcionarios albicelestes se han despachado, por años, con la cuchara grande. La diputada Botello, quien es integrante de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, advierte que ya urge terminar con ese estado de cosas, en el que el gobierno abusa del poder, dispone a su antojo de los recursos públicos y unos cuantos se enriquecen a costa del pueblo.
Resulta que, sin tener facultades legales para hacerlo, en junio de 2021 el gobierno de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo dispuso de 230 millones de pesos y los entregó a Fiera-Capital, empresa entonces recién formada por la familia Martínez, dueños de los equipos de futbol Pachuca y León.
Con ese dinero, el Grupo Pachuca pagó parte del precio por la compra del Estadio León a Roberto Zermeño Vargas, quien le ganó al municipio de León el litigio por la propiedad del estadio.
El préstamo, con una tasa de interés del 6 por ciento anual, se mantuvo en secreteo – ni siquiera los diputados conocían de esta transa, sino que, hasta hace dos semanas, el señor Jesús Martínez, dueño del equipo Pachuca, habló más de la cuenta en una entrevista por televisión y dio a conocer este desfalco.
Cualquier abogado sabe perfectamente que las autoridades sólo pueden hacer aquello que las leyes les permiten. Y más, tratándose de los dineros públicos. Es así que ninguna ley, ni la ley de Ingresos del Estado, ni la ley del Presupuesto de Egresos, ni la Ley pare el ejercicio de los recursos públicos, ni la de Hacienda, ni ninguna otra, facultan al gobernador o a su secretario de Finanzas para disponer de los recursos públicos, e ilegalmente dispusieron de ese dinero y lo entregaron al Grupo Pachuca para hacer la gran transa de quedarse con el estadio a costa del dinero de los guanajuatenses.
Pero en Guanajuato, la corrupción no sólo se refiere a las autoridades administrativas del Estado, que cometen esta clase de fechorías. El problema va más allá, pues después de 30 años de ostentar el poder, el PAN tiene controladas todas las instituciones, incluyendo el Poder Legislativo y el Poder Judicial, así como la Fiscalía General de Justicia y la Auditoría Superior de Fiscalización.
El pasado 9 de mayo la diputada Botello acudió a la Fiscalía General a denunciar los hechos ya confesados por el gobernador y por el Secretario de Finanzas. Sin analizar el tema, la Fiscalía reaccionó afirmando que no podía proceder por carecer la diputada de personalidad, al no ser víctima de atraco.
Fingen no saber que los delitos relacionados con corrupción deben ser investigados y perseguidos de oficio, por lo que deben recibir la denuncia a investigar con seriedad los hechos y su encuadre en diversos tipos penales previstos en el Código Penal de Guanajuato. Pero sabemos que no lo harán porque la Fiscalía ni es autónoma ni procura justicia. Sólo ha servido estos años para perseguir adversarios políticos y para fungir como tapadera de los gobernadores corruptos en turno y de sus cómplices.
El miércoles pasado, la diputada acudió ante la Auditoría Superior del Estado para presentar los hechos y que sea este órgano el que se querelle por el daño patrimonial contra el estado, perpetrado por el gobernador y sus colaboradores.
Hasta ahora, la Auditoría Superior del Estado también se ha conducido como tapadera del gobierno e instrumento para perseguir opositores. Sin embargo, creo que es importante dejar los precedentes recurriendo a todas las instancias que sea necesario.
