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>> Otro tiro de la Corte con el déspota; ahora por el INAI
MARTHA ELBA TORRES MARTÍNEZ
Morelia, Michoacán. Con 1,304 homicidios en lo que va del año y 3,620 lesionados con dolo (SESNSP); más de 5,100 desaparecidos (Causa en Común y colectivos de búsqueda), la Tierra Caliente asolada por el crimen y los asesinos de Hipólito Mora libres como mariposas, en ese afán de imitar al presidente López Obrador, al gobernador morenista le dio por hacerle también de “destapador”.
El domingo 9 de julio, en el “sexto foro Juntos Reconstruimos Michoacán” realizado en el Palacio del Arte de Morelia -supuestamente ya hubo cinco; nadie se acuerda y solo hay registro de uno, en Zacapu-, presentó a sus “corcholatas”, de esa forma tan infame que se inventó AMLO para torcer la ley: para el Senado, el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, y para la alcaldía de esta capital, a su secretario de Finanzas, Luis Navarro.
El acarreo, como siempre, fue grotesco; decenas y decenas de micros y camiones suburbanos con gente de colonias marginadas y asentamientos irregulares para echar porras a los funcionarios y mostrar el “músculo” de una fuerza electoral que levantaba hambriada las manos para cachar la bolsa con la mandarina y galletas -como constató la reportera de PostData- que desde camionetas, les lanzaban “operadores”.
“Casi estoy seguro de que nos van a criticar porque nos reunimos, porque informamos al pueblo”, anticipó Bedolla, de acuerdo a la crónica de Juan Pacheco, de Quadratín. ¿En cuánto salió la “reunioncita informativa”? Aunque nunca se sabrá, es evidente el origen: recursos públicos.
El “corcholatazo” de Luis no causó inconformidades por ser el mejor perfil de Morena para esta capital, frente a impresentables como Juan Carlos Barragán y Miguel Ángel Villegas. El único que brincó fue el diputado local Fidel Calderón, que también busca la candidatura para la Cámara Alta.
El lunes 10, se agarró del comentario del Presidente respecto al secretario de Gobierno de Veracruz, Éric Cisneros, que con pretexto de que escribió un libro, se promueve para la gubernatura. “Lo mejor es que renuncie al cargo”, dijo el Ejecutivo federal.
Esto escribió Calderón Torreblanca en sus redes:
“Lo que dijo hoy el Presidente López Obrador, aplica perfectamente al Secretario de Gobierno de Michoacán, #CarlosTorresPiña, por eso lo exhorto a que escuche y haga caso al Presidente de México retirando inmediatamente todos sus espectaculares y suspendiendo los foros “Juntos Reconstruimos Michoacán” que se pagan con dinero público para hacerse publicidad.
“#TorresPiña y la Coordinadora de Comunicación Social del Gobierno de Michoacán (Zayin Villavicencio) deben parar el derroche en gastos publicitarios y propagandísticos, apartarse de toda práctica antidemocrática, así como evitar alianzas con grupos o personas a cambio de prebendas”, y adelantó que ya recolectaba la evidencia de estos actos para dirigir su protesta a las instancias partidistas.
Por su parte, el PRD estudia presentar una queja formal ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) por ese evento partidista fuera de los tiempos legales y que haya sido financiado con recursos de la propia Secretaría de Gobierno, señaló el dirigente estatal, Octavio Ocampo, en su rueda de prensa semanal.
“Mientras estaba el gobernador con su secretario de Gobierno en el foro, la gente de Capacuaro estaba trozando caminos para evitar incursiones de grupos criminales a su comunidad. Esto demuestra que no hay gobernabilidad; Michoacán es un polvorín, la Tierra Caliente es un polvorín, y lo único que les interesa es promocionarse y promocionar a su partido”.
Pero las quejas del PRD por el uso de recursos públicos para promover a Morena, no son nuevas y el IEM, haciéndose como que la virgen les habla: en abril del 2022 presentó una queja por violación al artículo 134 de la Constitución local por la publicación en las páginas del Gobierno del Estado, del texto “Morena impulsa el cambio generacional en la política de Michoacán”; las y los consejeros tardaron 15 meses en resolver a favor del Sol Azteca y solo impuso una pírrica amonestación pública.
Aquí el tema, es que Ramírez Bedolla se aferra a ser una calca -muy mal hecha, por cierto- de López Obrador. Gobierna -o desgobierna, según la óptica- un estado donde ambos no son bien calificados, por el contrario; asume una desidia indignante ante la violencia criminal y comunica una indolencia brutal ante la desgracia ajena.
Esta semana, Adán García, de Primera Plana, publicó una entrevista con el obispo de Apatzingán, Cristóbal Asencio, quien el 2 de julio reprochó a AMLO que en lugar de festejo por los cinco años del triunfo electoral, ameritaba un día de duelo nacional por los 160 mil homicidios en su gobierno, y desmintió a Bedolla que en Michoacán haya paz.
Altanero, el gobernador respondió que si el obispo quiere hacer política, que deje la sotana, y acusó que sacerdotes dialogan, encubren y se vuelven voceros de las bandas criminales.
El 5 de julio, un despacho de prensa de gobierno dio cuenta de la reunión del gobernador con el prelado, allá en Apatzingán. De acuerdo a la entrevista, fue Bedolla el que lo buscó. “Me dio gusto, porque sé que lo que dijo quizá lo dijo en un momento donde no estaba del todo concentrado. Dijo que si un servidor quería dedicarse a la política, mejor dejara la sotana. Y es que lo que dije no se trata de política partidista, sino de solidarizarnos con el dolor de las personas”.
Entonces, hasta el obispo lo nota: Bedolla -como AMLO- habla a lo pendejo, culpa a la prensa y no se conduele ante el sufrimiento ajeno…
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Soluciones Integrales de Transportación Vertical en México, SA de CV (SITRAVEM), es la empresa que fue contratada desde 2019 para dar mantenimiento a los elevadores del Hospital General de Zona número 18 del IMSS en Playa del Carmen, Quintana Roo, donde la pequeña Aitana murió prensada en un ascensor. A ocho meses de su conformación, recibió el primer contrato con el Gobierno Federal, y desde entonces, el IMSS le ha entregado 27, por un total de 31 millones de pesos.
La empresa privada Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA), era la encargada de la vigilancia del centro de retención de Ciudad Juárez, donde en marzo pasado, fallecieron 39 migrantes en un incendio. La compañía era propiedad de Elías Gerardo Valdés Cabrera, quien en 2019 fue designado por el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, cónsul honorario de ese país en Coahuila y Nuevo León. Por más de cuatro años, el Gobierno Federal le dio contratos por más de tres mil millones de pesos.
Estos son solo dos botones de muestra, de las miles y miles de empresas “fantasma” y/o pantallas, que han florecido al amparo de la nueva mafia del poder de la 4T.
En el gobierno del “honesto” e “incorrupto” López Obrador, más del 70 por ciento de los contratos son por asignación directa. ¿De cuánto hablamos tan solo con las obras del Tren Maya, el AIFA y la Refinería de Dos Bocas? ¿quiénes son los beneficiarios y qué tanto se están haciendo ricos los nuevos ricos de la “transformación”?
A lo que voy, porque tiene que ver con ésto, es a la decisión de los únicos ocho ministros decentes que tenemos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de rechazar el proyecto de la “obradorista” Loretta Ortiz en el que proponía declarar infundada la omisión del Senado para designar a los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El pleno de la Corte determinó que sea asignado a otro ministro, un nuevo proyecto para atender la controversia del Instituto, que solicita poder sesionar en pleno con solo cuatro comisionados. Va para cuatro meses que miles de solicitudes de información pública sobre la actuación de autoridades están trabadas. ¿Por qué? Tan sencillo: a AMLO no le conviene que le esculquen las cuentas, los contratos.
¿Qué es lo único que podemos esperar? Otro tiro de la Corte con el Presidente, si autoriza al INAI sesionar en pleno con los comisionados que hay y por causa totalmente ajena a su voluntad; que la 4T del Senado y el Presidente, se cuelguen de la lámpara, echen espuma por la boca, amedrenten, persigan, y nieguen la información a solicitantes.
Nada más no olvidemos que el acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas están consagrados en nuestra Constitución general como un derecho de las y los mexicanos, y ningún demagogo autoritario nos lo puede arrebatar…
