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+ Impunidad: en un año, 2 periodistas asesinados y 2 activistas desaparecidos en Michoacán
MARTHA ELBA TORRES MARTÍNEZ (Morelia, Michoacán). Buen tiro por con el informe anual sobre derechos humanos en el mundo, elaborado por el Departamento de Estado de EU y que el capítulo sobre México, Ya Saben a Quien no le gustó. Exhibe la asquerosa impunidad de su gobierno en torno a los crímenes de periodistas y activistas en nuestro país.
Pues ese “bodrio” -como dijo AMLO- de ese “Departamentito” de Estado estadunidense, es elaborado anualmente por el personal que tiene en 198 países y que se dedica a monitorear información relevante sobre el tema, y consulta a activistas, ONGs locales e internacionales, legisladores, defensores de derechos humanos, juristas y activistas laborales.
Obviamente ese personal de ese “Departamentito” sigue las mentiras de la “mañanera”, revisan la prensa nacional y verifican los datos.
López Obrador les dijo “mentirosos” a los gringos y que le responden: “nosotros no escondemos los problemas bajo la alfombra”, dijo el viceportavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, y el titular, Antony Blinken: “el objetivo de este informe no es sermonear ni avergonzar”, “más bien, se trata de proporcionar un recurso (la ayuda económica que autoriza el Congreso) para aquellas personas que trabajan en todo el mundo para salvaguardar y defender la dignidad humana cuando es amenazada de tantas maneras”.
¿Quiénes reciben ese recurso en México? Distintas organizaciones no gubernamentales, como Mexicanos Contra la Corrupción, México Evalúa, el IMCO, Cencos, grupos de búsqueda de desaparecidos, entre otros más.
Por periodistas y activistas asesinados y/o desaparecidos recientemente, el gremio periodístico de Michoacán habla con conocimiento de causa: en 2022, nos mataron en Zitácuaro, a Roberto Toledo, el 31 de enero y a Armando Linares, el 15 de marzo, ambos del portal “Monitor Michoacán”. Este año, el 15 de enero, desaparecieron en camino a Colima, los activistas comunales de Aquila, Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia.
Así que nada más en un año, dos periodistas muertos y dos activistas desaparecidos. Desde 2006 hemos perdido otros 14 compañeros o compañera del gremio. A mediados del año pasado, el gobierno estatal y la Fiscalía se comprometieron a reabrir sus casos y hacer justicia. Ya se imaginarán qué ha pasado.
Este 15 de marzo que se cumplió un año del crimen de Armando Linares, el colectivo #NiUnoMás levantó su más enérgico rechazo a la indolencia y apatía de las autoridades federales y estatales frente al asesinato de periodistas y activistas en nuestro estado.
“Ha pasado un año y la omisión e impunidad continúa como la permanente gubernamental en los homicidios de Armando y Roberto, así como ha ocurrido con el caso de otros diez compañeros periodistas asesinados y cuatro más desaparecidos en Michoacán de 2006 a la fecha”, reseña el manifiesto del colectivo michoacano.
“Lo ocurrido con Armando y Roberto generó en Zitácuaro una zona de silencio, en la que compañeros periodistas se han visto orillados a cerrar espacios informativos, o bien abandonar sus hogares al ser víctimas de desplazamiento forzado por amenazas y riesgo a su integridad.
“Frente a esta situación, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha sido omiso, con una clara resistencia de entablar diálogo con quienes formamos parte de #NiUnoMás Michoacán, lo que ha truncado los trabajos que a partir del homicidio de Armando Linares se iniciaron con funcionarios de su administración para atender el problema de las violaciones de derechos y agresiones contra periodistas en Michoacán. En nuestro estado, como en todo el país, ejercer el periodismo es un riesgo permanente y el Estado Mexicano opta por la omisión y el silencio a costa de las vidas de las y los periodistas”.
Entonces, ¿quién miente? ¿los gringos o AMLO?
¿Miente el informe donde señala que el Presidente de México desde la mañanera desacredita a periodistas al presentarlos como “parciales, partidistas y corruptos»?
¿Miente en lo que respecta a desprestigiar a las organizaciones de la sociedad civil por expresarse en marchas?
¿Miente acaso sobre los ataques contra migrantes y solicitantes de asilo por parte del crimen organizado, policías y agentes migratorios en las zonas fronterizas?
En 2021, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) presentada el año pasado, 22.2 millones de mexicanas y mexicanos fueron víctimas de la delincuencia; 10.7 millones de hombres y 11.5 millones de mujeres. Y si consideramos que 93.2 delitos no se denuncian porque el MP sirve para dos cosas, así de jodidos estamos.
Y todavía se encabrona y les echa tiro…
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Para López Obrador y su secta político/religiosa, develar la corrupción de la “Casa Gris”, el saqueo en Segalmex y los contratos leoninos en el IMSS, la Conade, el Indep, Pemex, etc., la impunidad a los hermanos Pío y Martinazo y Delfina Gómez y los “abrazos” a la delincuencia, son puras mentiras de periodistas “parciales, partidistas y corruptos”, pero nunca jamás ha demostrado que son eso, mentiras.
El tema es sembrar odio entre su fanaticada para usarlo en el momento oportuno.
Ahí esta el panfleto que circularon en el zócalo capitalino el sábado 18 de marzo, anunciando que “¡Jesucristo ya esta aquí!” y habita en Palacio Nacional. Y la advertencia a “periodistas que se venden por 30 monedas y con malos pensamientos contra AMLO porque serán desaparecidos”.
La quema como “Judas” del monigote de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, fue perfectamente orquestado y tolerado por parte del gobierno capitalino. El mensaje tenía que ser claro: hoguera para todo aquel que se resista o se le atraviese a “el gran Yo Soy” “Jesucristo” “la bondad del Espíritu Santo”.
Neta. No se qué es peor, vender la pluma por 30 monedas o la fe, por tres pesos.
Y la predica del líder fundamentalista tampoco pudo ser más directo: así tenga que hacer fraude, no va a soltar la presidencia ni reconocerá un eventual triunfo de la oposición. Lo que confirma el escenario catastrófico comentado en entrega anterior: anular las elecciones y provocar un autogolpe de Estado con el respaldo de las fuerzas armadas.
López Obrador esta decidido a gastar lo que tenga que gastar -del erario público ¡claro!- para no entregar el poder a la oposición, porque entonces sí, hasta la cárcel va a dar por corrupto, ratero y traicionero. Se destaparía toda su cloaca, o como anotó el vicevocero Vedant Patel, levantar las alfombras de Palacio Nacional y sacar toda la porquería debajo. ¿Alguien tendrá una idea de cuánta es? Invoco el superlativo de mi adorado padre ¡un chingomadral!
Porque quien llegue en 2024, lo tendrá que hacer hasta por su propia sobrevivencia, incluso su sucesora o sucesor de Morena. Eso es lo que le verdaderamente le preocupa a López Obrador, que se le llame a cuentas, que responda por tanta impunidad y protección a los saqueadores sean de casaca o traje, y no la continuidad de una “transformación” que solo existe en el discurso…
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En menudo aprieto ha puesto la agenda feminista de Movimiento Ciudadano a los nuevos “añadidos”, los diputados locales Víctor Manríquez y Oscar Escobar, que no aportan mayor cosa en cuanto a derechos de las mujeres. Particularmente lo que tiene que ver con la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) porque cada vez que se intenta legislar al respecto, el ex perredista se abstiene y el segundo vota en contra.
La agenda feminista es muy clara: acceso a la justicia con perspectiva de género, freno a los presupuestos machistas, derechos sexuales y reproductivos para todas e igualdad salarial entre hombres y mujeres y plenos derechos laborales, entre otros temas de interés.
Jimena Berthely, la delegada estatal de Mujeres en Movimiento, es una incansable joven promotora del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y la maternidad.
Pues también habrá tiro en MC, porque estos diputados creen que las mujeres abortan por gusto. Oscar Escobar no se asume como provida, pero esta a favor de legislar sobre el derecho a la vida desde la concepción.
Ayer en entrevista colectiva en el Congreso del estado, el ex panista señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió respecto a la no criminalización del aborto y que a eso se ajusta. Pero no entiende que la ILE, que ya se legisló en una decena de estados, va mucho más allá de abrogar un delito penal; implica el abordaje de un problema de salud pública con perspectiva de género y de derechos humanos, como el de la salud, la igualdad jurídica y al libre desarrollo de la personalidad, lo que se traduce en que no sigan muriendo mujeres por una mala práctica. Hace cuatro años, el aborto ilegal se encontraba entre las primeras cinco causas de muerte materna…
