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+ Bedolla, rebasado; el Congreso, pintado
MARTHA ELBA TORRES MARTÍNEZ (Michoacán). Nada más en lo que va del año:
Zamora, la ciudad más violenta del mundo (196.63 homicidios por cada 100 mil habitantes); dos alcaldes asesinados (el de Contepec y Aguililla) y al de Charapan, a punta de pistola, le robaron su camioneta; dos periodistas de un mismo medio de comunicación y municipio, ejecutados.
Este es el Michoacán que Alfredo Ramírez Bedolla no quiere gobernar. Lo suyo, son los domingos de mercadeo en la ex Casa de Gobierno; el juego en el estadio Morelos entre los Gallos Blancos y el Atlético San Luis y un equipo en la primera división; las fiestas michoacanas, como el k’uinchekua” en las yácatas de Tzintzuntzan, este fin de semana.
De la violencia criminal que tiene a Michoacán, junto con Zacatecas, como los dos estados más inseguros del país, que se encargue el Gobierno Federal. Y tiene hasta vocero de lujo, el subsecretario Ricardo Mejía que desde las “mañaneras” en Palacio Nacional, da cuenta de los cotidianos hechos sangrientos en la tierra del general Lázaro Cárdenas del Río.
A una semana que Ramírez Bedolla rindió protesta como gobernador, vino el mismísimo Andrés Manuel López Obrador con todo su gabinetazo, a anunciar el Plan de Apoyo para Michoacán, azotado por las bandas criminales y la CNTE. Programas para seguridad, salud, educación y bienestar. Desde Morelia, le prometieron al alcalde de Aguililla, César Valencia, que lo ayudarían. El 10 de marzo ya estaba muerto.
El gobernador morenista se estrenó en octubre de 2021 con la estadística más negra al registrar 260 homicidios dolosos ese mes y la escalada de ejecuciones siguió en ascenso; la multiejecución en San José de Gracia, el cruento enfrentamiento en San Juan Nuevo; los asesinatos de los dos alcaldes y de dos periodistas.
Y no hay nadie que le pida cuentas al gobernador.
La 75 Legislatura local -donde la oposición presuntamente tiene mayoría- no ha sido capaz de siquiera hilvanar una eventual comparecencia del secretario de Seguridad Pública del estado, el general José Alfredo Ortega Reyes, para que explique qué jodidos está pasando, por qué el arranque tan desastroso del plan del apoyo y sobre todo, ¿qué sigue?
Por eso, es de gran valor, la “toma” del gremio periodístico michoacano de la tribuna del Congreso durante la asamblea del Pleno del miércoles 16, para exigir justicia por nuestros compañeros Roberto Toledo y Armando Linares, del portal digital “Monitor Michoacán” asesinados el 31 de enero y el 15 de marzo, respectivamente.
La carta abierta del chat de periodistas locales y corresponsales #Niunomás que literal, le dio la vuelta al mundo aun en plena invasión rusa a Ucrania, por estos homicidios en el oriente michoacano, no pudo ser más contundente:
“La rabia, imponencia e indignación no encuentran ya palabras frente a los homicidios de periodistas que se acumulan en México y Michoacán, esto frente a la indolencia del Estado Mexicano que opta por voltear el rostro y generar cortinas de humo para no asumir su responsabilidad en lo que es una realidad lacerante en nuestro país: la cotidianidad de los asesinatos y violaciones de derechos a periodistas y la permisibilidad gubernamental frente a ello.
“¡No queremos condolencias gubernamentales! No nos interesa la solidaridad de redes sociales provenientes de autoridades o representantes populares. ¡Ahórrenselas! Les exigimos asuman sus responsabilidades y dejen de usarnos como carne de cañón para sus disputas políticas”.
Una redacción muy decente pero que encierra lo que realmente pensamos: ¡métanse sus condolencias y condenas por donde les quepan!
Porque es una tragedia lo que sucedió con “Monitor Michoacán”. El poder corruptor y homicida del crimen organizado “apagó” este informativo, matando a sus dos únicos realizadores, Roberto y Armando. Pero es la idea ¿no? Este pinche gobierno de cuarta “mata” medios por “inanición” y los malandros que maten periodistas.
Pero ¿qué son cinco periodistas entre cinco mil personas asesinadas en lo que va del año? minimizó López Obrador, el 11 de marzo en Chiapas. ¿Por qué, entonces, solo 5?
Porque al Presidente le contaron que Roberto Toledo no era periodista, como lo dijo y publicó el alcalde de Zitácuaro, Antonio Ixtláhuac Orihuela, el mismo 31 de enero que asesinaron al compañero a las puertas de la oficina de “Monitor Michoacán” y porque lo repitió Bedolla.
Y ahora los vemos entre los pinches hipócritas farsantes, lamentando el homicidio de Armando Linares.
Estos dos asesinatos en el gremio, duelen particularmente por el contexto.
Roberto y Armando estaban amenazados y denunciaron los hechos, pero no fueron protegidos por el Mecanismo federal, y ahora nos enteramos que el estatal ni siquiera se encuentra activo. Eso sí, Sujey López García cobra como titular de la Unidad de Atención a Periodistas de la Secretaría de Gobierno.
Sí, efectivamente, López Obrador puede decir que no los mató el “Estado”, pero la omisión también es criminal. Y los gobiernos federal y estatal desestimaron las alertas de riesgo, y ahora están muertos nuestros compañeros…
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En mayo de 2017, fue “levantado” el periodista Salvador Adame, director del canal 6 de Nueva Italia; el 14 de junio de ese año fueron localizados presumiblemente sus restos en la “Barranca del Diablo” en la Tierra Caliente y para el día 26 se confirmó su identidad.
El presunto autor material del homicidio de Chava Adame, sería Feliciano Ledesma alias “El Chano Peña”, integrante del grupo delictivo del “Migueladas”, quien en algún momento formó parte de las autodefensas michoacanas. No hay reportes de la detención de ese sujeto, por lo que el homicidio sigue en total impunidad.
Pero el asesinato de Chava, dio pie a la primera iniciativa para crear la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y en diciembre de ese 2017, el entonces gobernador Silvano Aureoles envió al Congreso su propuesta, que incluía la conformación de un consejo consultivo al que se integrarían comunicadores. La Ley se aprobó en julio de 2018.
Desde entonces, el decreto detallaba “medidas de protección ordinarias y extraordinarias, escoltas y acompañamiento, inmuebles con infraestructura, bienes físicos, telecomunicaciones, botón de asistencia, patrullajes, rondines, y las que se requieran para salvaguardar la vida, la integridad y la libertad de los beneficiarios, así como sistemas de alerta temprana y planes de contingencia”.
En el ínter del Reglamento de la Ley, publicado el 13 de junio de 2019 en el Periódico Oficial del Estado, décima sección, tomo CLXXII número 71 (http://congresomich.gob.mx/file/Reglamento-de-la-Ley-para-la-Protecci%C3%B3n-de-Personas-Defensoras-de-DH.pdf) el entonces asesor de la Coordinación de Comunicación Social, Adán García, fungía como esa especie de “botón de pánico” al que se podía recurrir a deshoras de la noche, para atender cualquier alerta de un periodista. Otra pieza clave siempre es Magda Guzmán, desde la Procuraduría de Justicia ahora Fiscalía General.
¿Por qué el Consejo Consultivo no se integró como debía ser? No sé. Por desidia del gobierno y del propio gremio periodístico; porque los que requerían protección acudían al Mecanismo federal, y soy franca, porque no nos habían matado a dos de un jalón, estos últimos cinco años.
Según el Departamento de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobierno, hay 118 personas vinculadas al Mecanismo de protección federal. Si este dato que refleja el alto grado de riesgo y amenazas en que se desempeñan ddhh y periodistas, entonces no se en dónde chingados estamos parados.
Y lo más desagradable y ofensivo es que salga el gobernador Ramírez Bedolla -con dos periodistas muertos en su conciencia- de que la Ley de Protección “ha sido letra muerta en Michoacán”.
¿Por qué no lo dijo tras el asesinato de Roberto, el 31 de enero? ¿Por qué no atendió y respondió a las denuncias de amenazas en contra de Armando? ¿Por qué hoy se “preocupa” por la libertad de expresión y el 8 de marzo gaseó y disparó balas de goma a la manifestación feminista?
Lo reitero: tenemos un Amlito en Michoacán: no le gusta el estado que ahora tiene que gobernar…
