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+ “En el nombre de Dios”… líbranos de AMLO y sus gobernadores
+ Rapar mujeres: represión sexuada y violencia de género
MARTHA ELBA TORRES MARTÍNEZ (Michoacán). Covid y salud pública, violencia criminal, inflación y democracia en riesgo serán los temas que seguirán marcando el mandato de López Obrador en su cuarto año de desaciertos.
Iniciamos el año con la cuarta oleada de contagios bajo la estrategia de, primero la economía y luego la salud. Nada más perverso y criminal: mientras no se saturen los hospitales -sale en 120 mil pesos diarios la atención en unidades de terapia intensiva-, no importa una nación enferma que se juega la vida por las comorbilidades y que es absolutamente ignorante de las secuelas que con el tiempo, sufrirá por el fregado virus Corona, Alfa, Delta u Ómicron y quién sabe qué otro más aparecerá.
Si un millón de infectados y más de 700 bebés graves en Estados Unidos en solo 24 horas, y los más de 20 mil contagios en México por día, no nos dice nada, entonces nada aprendimos en dos años de pandemia, ni el gobierno ni la sociedad.
Quien se expone, se contagia.
¿Qué pasó en Michoacán? A Silvano Aureoles lo tundieron morenistas por sus estrictas medidas en 2020 y 2021 y contuvo la pandemia. Hoy nadie quiere acordarse de que su estrategia dio resultados. Nada más llegó Alfredo Ramírez, y a falta de buen equipo y gobierno, se pasó el último trimestre con festivales, conciertos y eventos masivos donde la gente relajó el autocuidado. Anteayer, el reporte de infectados fue de 227 personas, la mayoría en Morelia, donde por cierto, el alcalde Alfonso Martínez también se lució con las aglomeraciones.
Y es precisamente Michoacán, como Morelos, Zacatecas, Veracruz y Guerrero, con gobernadores de Morena, que están sintomatizando lo peor de la 4T.
El 31 de diciembre, en pleno ajetreo de las compras de fin de año, en el centro de la cabecera municipal de Los Reyes, un claxonazo a una camioneta que bloqueaba la entrada a un estacionamiento, provocó una agresión inaudita por la impunidad con que se cometió: una mujer adulta fue bajada de su auto y rapada frente a su hija, transeúntes y policías.
Fue el sitio “Unidad de Inteligencia Ciudadana” fue el que circuló el indignante episodio e identificó al responsable, ampliamente conocido en la zona. Se trata de Luis Enrique Barragán Chávez el “R-5” y/o Güicho de Los Reyes, jefe regional de los Cárteles Unidos -Tepalcatepec y Viagras-.
El lunes 3, el terrible suceso llegó a la rueda de prensa del gobernador morenista. Y de veras, ofendió, la indolente y falta de empatía respuesta de Ramírez Bedolla:
Aunque no hay denuncia formal, “la Fiscalía General del Estado está investigando”. ¿Quién putos va a denunciar a un criminal? ¿Quién va a testificar a favor de la mujer? ¿la hija, policías, el que grabó el video?
Rapar a una mujer es violencia de género.
Habla Prada Rodríguez (2017) en una investigación sobre el rapamiento de mujeres en tiempos de Hitler y del franquismo, de esa forma de represión sexuada y violencia inseparable de la propia condición femenina, humillándolas en público para escarmentar y disciplinar socialmente.
Lo grotesco de la respuesta del gobernador, es que es un caso “fuera de lo común” que un acreditado criminal en Los Reyes, rape a una mujer a plena luz del día y en público. Por eso “se está investigando que hay detrás del acontecimiento”, dijo.
Induce a hipotetizar que la mujer pudo tener la culpa de la agresión.
Porque esa es la lógica machista y misógina del gobernador. Aunque se haya identificado al “R-5” y sus sicarios, para Alfredo Ramírez, los criminales no rapan mujeres; las matan, descuartizan y desaparecen. ¿Qué hay detrás de esto? El regreso del imperio del más fuerte y el sometimiento social.
A propósito, por más que algunos se esfuercen en convencer que los balazos afuera de la taquería donde se encontraba el coordinador de Centros Penitenciarios, Ignacio Mendoza y sus cuatro guaruras, fue puntada de borracho, ¡pruebas! Es la mejor versión periodística del suceso que involucró al ex subprocurador regional de justicia en Zamora y Morelia con Leonel Godoy, y que estuvo encarcelado por el “Michoacanazo” en 2009…
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Pero no solo en Michoacán el hampa gobierna.
Morelos es otro estado con narcogobierno y la fotografía de Cuauhtémoc Blanco con tres narcotraficantes que publicó El Sol de México, no hace más que confirmar lo que Javier Sicilia, medios y estadísticas han venido denunciando desde 2019.
Y bien que le aprendió el ex futbolista a López Obrador cuando en 2014 le publicaron la foto con José Luis Abarca, preso junto con su esposa, por el caso Ayotzinapa: “me piden fotografía y nunca pregunto a qué se dedican” y “soy tan buena gente que me saco fotografías con todo mundo”.
Pero como en Michoacán, en Morelos tampoco pasa nada. En tiempos del neoliberalismo, por menos fueron depuestos gobernadores, porque se les investigó y aplicó justicia, pero militar en la 4T es protección garantizada a una bola de lacras corruptas y asesinas.
Bueno, tanto mal ha traído el cambio prometido por la 4, que hasta al gobernador zacatecano, David Monreal, en una explosión de mea culpa, mejor llamó a “encomendarnos a Dios”, por el regalito de 10 muertos -dos mujeres- que le dejaron los reyes magos junto a su árbol de Navidad.
“En el nombre de Dios sea”, dijo. Y en el cuarto año de la 4, todavía volvió a echarle la culpa a los neoliberales y su “herencia maldita”. Pero luego corrigió porque su hermano, Ricardo, precisamente fue gobernador de Zacatecas en esa era. Vino el plan de contención de crisis y David disparó junto con el Presidente, hacia Felipe Calderón por haber declarado la guerra a los narcotraficantes.
Ya ni la friegan porque ha resultado peor. Por lo menos el panista tuvo los cojones para enfrentar y combatir a los malosos, y ahora les dan abrazos y carta abierta para cogobernar con Morena.
Y con Cuitláhuac García en Veracruz, las cosas igual. Violencia criminal, feminicida, de prensa y muertos y desaparecidos en puñotes. Y todavía, metiendo a la cárcel a quien denigre, ofenda, calumnie o cometa actos agresivos contra una autoridad.
Obviamente el delito de ultrajes a la autoridad que incorporó el Congreso veracruzano al Código Penal del estado en febrero del 2021, tenía destinatarios: grupos de presión como feministas, agraristas y magisterio, y desde luego, ciudadanos como los seis chavos que en septiembre pasado fueron apresados bajo esa causa.
Desde 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre el delito de ultrajes a la autoridad y el Congreso de San Luis Potosí tuvo que derogarlo del Código Penal de ese estado. El máximo órgano colegiado determinó su inconstitucionalidad al considerar que viola el principio de legalidad.
Por eso, el presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal, se metió no solo para defender a los jóvenes, sino ante la arbitrariedad y abuso de poder que encierra el mencionado delito. Tan le asiste la razón al senador zacatecano, que la CNDH emitió recomendaciones a Cuitláhuac García, y a la fiscal Verónica Hernández.
Pues exhibir el autoritarismo del gobernador morenista tuvo su precio: a finales de diciembre, fue detenido y vinculado a proceso por homicidio, José Manuel del Río Virgen, secretario Técnico de la propia Jucopo, sin pruebas contundentes y fehacientes de su supuesta participación en el asesinato René Tovar, candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera, el 4 de junio pasado.
El caso, que 17 barras, colegios y asociaciones civiles de abogados en Veracruz, se han pronunciado contra este delito, porque hasta por mirar feo a un policía, ciudadanos tienen que pagar para que no sean detenidos; igual sucede con periodistas particularmente de nota roja y mujeres activistas.
El arbitrario delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz va a caer como sucedió en SLP, pero mientras, a prisión preventiva oficiosa quien ose ofender a un servidor público.
Y todavía esta semana, la gobernadora guerrerense, Evelyn Salgado, vino a ser exhibida por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, por el “desastre” que tiene en el sistema de salud y el contrabando de medicamentos que involucra al personal médico y administrativo.
Porque no se trata de una “herencia maldita” del ex gobernador Héctor Astudillo sino de la incompetencia e indolencia de la mandataria morenista. Nada hace por la seguridad pública, nada por la salud en pandemia. Nada…
Bibliografía
Prada Rodríguez, Julio (2017) “Escarmentar a algunas y disciplinar a las demás. Mujer, violencia y represión sexuada en la retaguardia sublevada”. Historia Social No. 87, Fundación Instituto de Historia Social. Disponible: https://www.jstor.org/stable/44508915
