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DULCE MARÍA SAURI RIANCHO
SemMéxico, Mérida, Yucatán. Voy a abordar un asunto que parece reservado solo para especialistas en Derecho de altos vuelos. Lo hago con la audacia de una ciudadana interesada y, al mismo tiempo, con la urgencia de saber que estamos quizá ante la última oportunidad para que venza la democracia al autoritarismo que se pretende instalar en nuestro país.
En 1998, el presidente nacional del PRD presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Electoral del estado de Quintana Roo. Los legisladores de aquella entidad federativa habían puesto como condición para distribuir las diputaciones de representación proporcional que el partido político hubiese ganado al menos una diputación de mayoría.
Eran entonces los tiempos de predominio casi absoluto del PRI, más en Quintana Roo, donde las oposiciones apenas asomaban tímidamente con algunos votos en elecciones locales.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio la razón al PRD al señalar que ninguna norma puede estar por encima del principio constitucional de la pluralidad en la integración de los órganos legislativos y de los derechos de las minorías a estar representadas. (1).
En aquellos años, el presidente del PRD era Andrés Manuel López Obrador y la ministra responsable de elaborar el proyecto aprobado por el Pleno de la Corte era Olga Sánchez Cordero. Huelga decir que nunca más congreso estatal alguno intentó introducir una norma excluyente y discriminatoria de los derechos ciudadanos.
Pasaron 20 años, hasta llegar a 2018, cuando la asignación de diputad@s de entonces fue controvertida por el PAN, pero la Sala Superior resolvió a favor de la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados de entonces, PT y Encuentro Social, lastimando la pluralidad política en la legislatura LXIV.
La SCJN no puede intervenir en asuntos electorales; eso está reservado exclusivamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a su Sala Superior en el caso del Congreso de la Unión. Cuando todo parecía descansar en la Sala Superior del Tribunal Electoral, surgió el recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El PAN interpuso ante la Corte un recurso denominado “Denuncia de contradicción de criterios con solicitud de resolución urgente”, para que el Pleno de la SCJN resuelva la contradicción de tesis entre su resolución de 1998 a favor de la diversidad y la del Tribunal Electoral de 2018, que apoyó la sobrerrepresentación de Morena.
Y en esa materia —contradicción de tesis y/o de criterios— sí tiene competencia la Corte. Ya el presidente López Obrador lanzó todas sus baterías contra la ministra presidenta Norma Piña, amenazándola de juicio político para ser destituida de su alto encargo —ironías, pues de todas maneras con la reforma al Poder Judicial lo sería—, además de señalar la violación constitucional que significaría la intervención de la Corte en asuntos electorales.
Reitero: la SCJN no se pronunciaría sobre la distribución de las diputaciones de representación proporcional resultado de las elecciones de 2024, que tiene que resolver la Sala Superior del Tribunal Electoral antes del 30 de agosto —pasado mañana—, sino sobre lo que definió en 2018, contradictorio, sostengo, a la pluralidad en la integración de la Cámara de Diputados.
Para lograr llegar a tiempo, el ministro González Carrancá —ponente del proyecto de resolución— tendría que presentar a sus pares su propuesta, la SCJN sesionar en forma extraordinaria el próximo viernes (solo sesionan martes y jueves) y que el Pleno resolviera por mayoría (no contarán seguramente con las ministras Esquivel, Batres y Ortiz), todo en tiempo récord. Y sería vía “fast track” cuando el Tribunal aplicara el criterio definido por la SCJN en su resolución de 2024.
Afortunadamente, el Tribunal Electoral cuenta con el voto disidente de la mayoría de las y los integrantes del Consejo General del INE presentado en la sesión del pasado viernes, en el que se propone una distribución más justa, apegada a la letra de la Constitución, que atemperaría la sobrerrepresentación de Morena.
Además, un número muy importante de Juicios para la Protección de Derechos Ciudadanos (JDC) fue presentado en todo el país para solicitar el amparo de la Justicia federal ante la vulneración que representa a nuestro derecho de estar representado/as en condiciones de igualdad en la próxima legislatura.
Por cierto, antes de proceder a confirmar o revocar la determinación del Consejo General del INE, la Sala Superior del Tribunal tiene que desahogar los JDC, que deben sumar varios miles. Y todo antes del 30 de agosto.
De pronunciarse con oportunidad, la SCJN no solamente defendería la Constitución sino daría paso a la democracia mexicana para continuar su desarrollo, sin la imposición aplastante de una mayoría conformada con una interpretación sesgada de la representación legislativa.
De prevalecer el criterio de 2018 en la Sala Superior del Tribunal Electoral, Morena y sus aliados políticos del PT y el Verde podrán reformar unilateralmente la Constitución, cambiar todo, hasta el nombre de nuestro país. Adiós a los avances en derechos humanos —ojo, mujeres— y a su protección, reforzada con las convenciones internacionales que México ha suscrito, que podrían fácilmente retroceder o incluso, verse anuladas, como la paridad de género en todos los órganos del Estado mexicano.
Urge. La SCJN tiene solamente tres días para resolver este recurso de contradicción de criterios entre la pluralidad y la aplastante mayoría de un solo partido.
Después del domingo 1º de septiembre sería demasiado tarde. Parafraseando: no son “diez días que conmovieron al mundo”, son solo tres, pero definitivos, para la democracia mexicana.
1) https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4897466&fecha=28/10/1998#gsc.tab=0.
DOF: 28/10/1998. SENTENCIA relativa a la acción de inconstitucionalidad número 6/98 promovida por Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de Presidente Nacional del Partido de la Revolución Democrática, en contra de la Octava Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo y del Gobernador de dicho Estado.
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*Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán
